España ha encabezado los días 6 y 7 de noviembre la primera movilización europea contra la expansión de los centros de datos, con protestas en distintas ciudades para exigir que se paralicen temporalmente nuevos proyectos mientras se evalúan sus consecuencias ambientales y sociales.
La convocatoria, impulsada por la red Stop Dirty Data Centres (del inglés, detened los centros de datos sucios), ha tenido uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde miles de personas se han manifestado contra el elevado consumo de recursos de estas instalaciones y la falta de beneficios para los territorios que las acogen.
Una protesta de alcance europeo
La principal reivindicación es una moratoria para la construcción de grandes centros de datos que permita establecer normas sobre transparencia, consumo energético, utilización del agua y participación ciudadana. Los convocantes piden, en definitiva, una pausa que dé tiempo a fijar reglas antes de que sigan adelante nuevos proyectos.
La movilización ha reunido a organizaciones ecologistas, plataformas vecinales, colectivos de derechos digitales y otros movimientos sociales de diferentes países. De este modo, la protesta ha cruzado fronteras y ha puesto en la calle a entidades de perfiles distintos en torno a una misma demanda.
En España se han organizado alrededor de una veintena de acciones, con convocatorias en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Huelva, entre otras localidades. Así, las protestas han salido a la calle en varias ciudades españolas durante estos dos días.
Los colectivos convocantes sostienen que la rápida expansión de estas infraestructuras, impulsada especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), está avanzando sin suficiente planificación ni información pública sobre sus efectos.
LOS COLECTIVOS CONVOCANTES
Los colectivos convocantes sostienen que la rápida expansión de estas infraestructuras, impulsada especialmente por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), está avanzando sin suficiente planificación ni información pública sobre sus efectos.
Es decir, los colectivos consideran que el crecimiento del sector no va acompañado de la planificación necesaria ni de información pública sobre sus efectos. Esa carencia es la que, a su juicio, hace necesario detener los nuevos proyectos hasta que se conozcan sus consecuencias.
Aurora Gómez, portavoz de la plataforma Tu Nube Seca Mi Río, defiende la coordinación internacional para evitar que los proyectos rechazados en un territorio simplemente se trasladen a otro. También advierte de la situación de vulnerabilidad de algunas comunidades rurales frente a las grandes empresas tecnológicas.
Zaragoza concentra el rechazo
La protesta más multitudinaria se ha celebrado el sábado en Zaragoza, donde unas 5.000 personas, según los colectivos convocantes, y 2.000, según la Policía Nacional, han recorrido el centro de la ciudad hasta la sede del Gobierno de Aragón.
La plataforma No es sequía, es saqueo ha denunciado que los proyectos previstos en la comunidad consumirán grandes cantidades de electricidad y agua, mientras que su contribución al empleo y a los ingresos públicos será limitada.
Su portavoz, Cristina García, ha cuestionado las ventajas fiscales y administrativas concedidas a estas instalaciones mediante su declaración como proyectos de interés general. Según los cálculos del colectivo, su desarrollo podría multiplicar por seis el consumo eléctrico de Aragón.
Las plataformas también cuestionan las previsiones de creación de empleo. Según los datos que manejan, algunos centros ya instalados ofrecen muchos menos puestos de trabajo de los anunciados inicialmente. La falta de beneficios para los territorios que las acogen figura, así, entre los motivos del rechazo expresado en Zaragoza.
Durante la manifestación, el catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, ha advertido de los posibles conflictos por el acceso al agua durante los periodos de sequía.
El problema no consiste en prohibir estas instalaciones, sino en conocer sus necesidades, evaluar sus consecuencias y establecer una regulación que proteja los recursos públicos.
PEDRO ARROJO, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza
Arrojo ha señalado que "el problema no consiste en prohibir estas instalaciones, sino en conocer sus necesidades, evaluar sus consecuencias y establecer una regulación que proteja los recursos públicos".
Energía, agua y regulación
La preocupación por el crecimiento del sector también ha llegado al Gobierno central. Un informe elaborado por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital advierte de que el fuerte incremento de la demanda eléctrica podría tener consecuencias sobre el precio de la electricidad y las emisiones contaminantes.
En España había cerca de 100 centros de datos comerciales al finalizar 2025, con una potencia instalada de 439 megavatios. La patronal SpainDC calcula que esta capacidad podría alcanzar los 2.537 megavatios en 2030.
El Ejecutivo defiende una regulación específica sobre el consumo energético de estas infraestructuras, aunque el sector considera excesivas algunas de las medidas planteadas.
Así, el debate regulatorio enfrenta la posición del Gobierno, que apuesta por normas concretas sobre el consumo energético, con la del sector, que juzga excesivas parte de las medidas, mientras los colectivos reclaman una moratoria.
Las organizaciones movilizadas insisten en que su oposición no se dirige necesariamente contra todos los centros de datos, sino contra un modelo de expansión masiva que consideran poco transparente y que, a su juicio, antepone los intereses empresariales a las necesidades de los territorios.
LAS ORGANIZACIONES MOVILIZADAS
Las organizaciones movilizadas insisten en que su oposición no se dirige necesariamente contra todos los centros de datos, sino contra un modelo de expansión masiva que consideran poco transparente y que, a su juicio, antepone los intereses empresariales a las necesidades de los territorios.
La primera jornada europea de protesta sitúa así en el debate público una cuestión que va más allá de la tecnología: quién decide dónde se instalan estas infraestructuras, qué recursos utilizan y quién asume sus costes ambientales y económicos.
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