Las organizaciones Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno pretende regular los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos resulta “insuficiente” para prevenir y reducir sus impactos ambientales y sociales. Las entidades han presentado alegaciones al proceso de audiencia e información pública y reclaman, entre otras medidas, límites al consumo de agua y energía, una planificación territorial de estas instalaciones y mayores garantías de transparencia y participación pública.

Las entidades ecologistas han presentado alegaciones al proceso de audiencia e información pública y reclaman, entre otras medidas, límites al consumo de agua y energía, una planificación territorial de estas instalaciones y mayores garantías de transparencia y participación pública

 

Límites al uso de recursos

 

Las cinco organizaciones ecologistas han presentado sus observaciones junto a otros actores sociales al proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas instalaciones.

Consideran necesario aumentar la ambición del texto para asegurar que los nuevos proyectos respeten los límites ambientales y sociales de cada territorio

Aunque valoran que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector que se encuentra en rápida expansión, consideran necesario aumentar la ambición del texto para asegurar que los nuevos proyectos respeten los límites ambientales y sociales de cada territorio.

Las entidades defienden que el crecimiento de estas infraestructuras debe responder a criterios de suficiencia y eficiencia y contar con una cobertura energética basada en fuentes 100 % renovables. También reclaman que la planificación incorpore los efectos presentes y futuros del cambio climático.

Entre los principales cambios planteados figura el establecimiento de salvaguardas ambientales y sociales máximas para el consumo de agua y electricidad de los centros de datos. Las organizaciones consideran además necesario analizar el impacto acumulado de todas las instalaciones existentes o previstas en un determinado territorio, en lugar de evaluar cada proyecto de manera aislada.

Esta perspectiva permitiría, según sus alegaciones, determinar la presión conjunta que una concentración de centros de datos puede ejercer sobre los recursos disponibles y sobre las condiciones ambientales y sociales de una zona.

Las entidades ecologistas, limitarse a aumentar la eficiencia tecnológica no garantiza por sí solo una reducción suficiente de los impactos cuando continúa creciendo el consumo total de recursos asociado a la expansión de estas infraestructuras digitales

Para las entidades ecologistas, limitarse a aumentar la eficiencia tecnológica no garantiza por sí solo una reducción suficiente de los impactos cuando continúa creciendo el consumo total de recursos asociado a la expansión de estas infraestructuras digitales.

 

Renovables y planificación territorial

 

Las ONG ecologistas reclaman que se establezca dónde y en qué condiciones pueden instalarse nuevos centros de datos

La segunda gran modificación propuesta afecta a la localización de los proyectos y a la procedencia de la electricidad necesaria para mantenerlos operativos. Los ecologistas reclaman que se establezca dónde y en qué condiciones pueden instalarse nuevos centros de datos.

También piden que la nueva demanda eléctrica generada por estas infraestructuras se cubra mediante generación 100 % renovable, evitando que el aumento del consumo energético asociado al sector interfiera en las necesidades de descarbonización del conjunto de la sociedad.

Las organizaciones advierten de que esta expansión no debería aumentar la presión sobre los territorios y la biodiversidad ni desplazar recursos energéticos necesarios para avanzar en otros ámbitos de la transición ecológica.

En sus alegaciones sostienen así que el desarrollo del sector debe vincularse a una planificación que tenga en cuenta tanto la capacidad energética como la disponibilidad de recursos hídricos y las características ambientales y sociales de los territorios afectados.

Las entidades recuerdan que un centro de datos dedicado a inteligencia artificial con una potencia de 100 megavatios (MW) puede consumir anualmente tanta electricidad como alrededor de 100.000 hogares, según datos de la Agencia Internacional de la Energía citados por las organizaciones

Como ejemplo de la magnitud de la demanda energética que pueden alcanzar estas instalaciones, las entidades recuerdan que un centro de datos dedicado a inteligencia artificial con una potencia de 100 megavatios (MW) puede consumir anualmente tanta electricidad como alrededor de 100.000 hogares, según datos de la Agencia Internacional de la Energía citados por las organizaciones.

En España, ponen como referencia el centro de datos proyectado por Meta en Talavera de la Reina, Toledo, para el que se contempla una potencia de 248 MW y un consumo de hasta 504 millones de litros de agua al año.

Las organizaciones precisan que esas cifras incluyen tanto el consumo propio de la instalación como las reservas previstas para futuros equipamientos de la zona y que el uso final de recursos depende de factores como el tamaño de cada infraestructura, la carga de sus servidores y, especialmente, el sistema de refrigeración empleado.

 

Precaución, transparencia y participación

 

El tercer bloque de propuestas se centra en las condiciones necesarias para autorizar la expansión de los centros de datos. Las organizaciones reclaman la aplicación del principio de precaución, así como una mejora de los mecanismos de transparencia y una participación pública suficiente antes de aprobar nuevos desarrollos.

También consideran necesario reforzar la rendición de cuentas para que la expansión de estas infraestructuras pueda evaluarse con garantías desde el punto de vista ambiental y social.

En este contexto, sostienen que el debate debe incorporar además determinados riesgos relacionados con la manipulación y la desinformación, que, según señalan, pueden afectar a los procesos democráticos y a los derechos colectivos.

Las organizaciones vinculan estas cuestiones con la necesidad de abrir un debate social más amplio sobre el modelo de infraestructura digital que debe desarrollarse y sobre los límites que deberían aplicarse a su crecimiento.

Mejorar la eficiencia individual de cada centro de datos no resolverá el problema si la expansión del sector provoca que el consumo agregado de agua y electricidad continúe aumentando sin restricciones

A su juicio, mejorar la eficiencia individual de cada centro de datos no resolverá el problema si la expansión del sector provoca que el consumo agregado de agua y electricidad continúe aumentando sin restricciones.

“La eficiencia no basta si el consumo total de agua y energía sigue creciendo sin límites”, recalcan las entidades, que defienden la necesidad de decidir colectivamente cuánto, dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse esta nueva etapa de expansión de la infraestructura digital.

Las alegaciones presentadas buscan, de esta forma, que la futura regulación no se limite a fijar requisitos técnicos para las instalaciones, sino que incorpore criterios capaces de ordenar su crecimiento desde una perspectiva territorial, energética, ambiental y social.

El avance regulatorio planteado por el Ejecutivo supone un paso en un sector con un crecimiento acelerado, pero requiere mayores salvaguardas para controlar el consumo de recursos 

Para Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, el avance regulatorio planteado por el Ejecutivo supone un paso en un sector con un crecimiento acelerado, pero requiere mayores salvaguardas para controlar el consumo de recursos y garantizar que los nuevos proyectos sean compatibles con los objetivos de transición energética y protección ambiental.

Añadir EcoAvant.com como fuente preferida de Google de forma gratuita.

Activar ahora