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La Constitución española de 1978, en su título I, capítulo tercero, proclama que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”, pero también “el deber de conservarlo”.

Es función de los “poderes públicos” velar por “la utilización racional de todos los recursos naturales” apoyándose en “la indispensable solidaridad colectiva”.

“Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”, concluye.

Pero la Constitución Española solo establece los principios rectores de la política medioambiental. A partir de aquí existe una extensa amalgama de leyes y de competencias, que sobre este aspecto están repartidas entre el Estado central, las diferentes Comunidades Autónomas e incluso los municipios

El Estado central tiene competencias en campos muy concretos, pero son las Comunidades Autónomas las que más tienen que decir en este aspecto. Todas y cada una de ellas disponen de competencias para legislar en esta materia, siempre y cuando éstas no colisiones con las disposiciones normativas básicas del Estado.