La “deuda climática” del 0,01% más rico del mundo equivale al sueldo de toda una vida de un millón de trabajadores españoles, a 105.000 conciertos de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid con lleno absoluto o a la financiación climática global necesaria para los países del Sur Global, según el informe La deuda climática de los ultrarricos: el coste de la riqueza extrema (1), elaborado por el Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft para Greenpeace y difundido este 10 de junio en Madrid para señalar el impacto climático asociado a las grandes fortunas.
Un billón de dólares
Según la organización ecologista, las mayores fortunas del mundo –unas 800.000 personas con un patrimonio neto superior a los 38 millones de dólares– generan un daño climático valorado en un billón de dólares. Greenpeace atribuye esta responsabilidad principalmente a sus inversiones financieras en actividades económicas altamente contaminantes y a estilos de vida con elevadas emisiones, vinculados al uso de jets privados o yates.
El informe define la “deuda climática” como el coste económico de las emisiones en exceso de quienes han superado ampliamente el límite individual compatible con evitar que el planeta se caliente más de 1,5 °C. A partir de esta idea, Greenpeace plantea que el peso de la responsabilidad climática no se limita al consumo directo, sino que incluye también la propiedad de activos y las decisiones de inversión.
Inversiones y emisiones
El análisis, basado en los datos y estudios existentes, rastrea la responsabilidad ecológica tanto del consumo directo como de las decisiones de inversión y la propiedad de capital de los sectores con mayores ingresos y riqueza. La organización sostiene que este enfoque permite observar una parte de la huella climática que, en su opinión, suele quedar fuera del marco habitual de las políticas públicas.
Para Greenpeace, el aporte “más novedoso” del informe consiste en mostrar que la deuda climática asociada a la propiedad de activos es incluso mayor que la derivada del consumo en todos los grupos analizados, especialmente en la cúspide de la pirámide de la riqueza. La entidad argumenta que esto indica que la responsabilidad climática viene determinada principalmente por la asignación de capital y por la propiedad de activos.
En este sentido, el informe recuerda que el marco actual de las políticas climáticas se centra sobre todo en las emisiones derivadas de la producción y el consumo, mientras que pasa por alto en gran medida las emisiones vinculadas a la propiedad de la riqueza, los activos financieros y las carteras de inversión de los ultrarricos.
Greenpeace considera que esa omisión limita la capacidad de las políticas climáticas para abordar el impacto real de las grandes fortunas. Según la organización, la concentración de activos financieros en sectores altamente contaminantes convierte a los ultrarricos en actores relevantes dentro de la crisis climática, más allá de sus patrones personales de consumo.
Justicia fiscal climática
Ante estas conclusiones, el portavoz de Greenpeace España y Portugal, Carlos García Paret, defiende que gravar a los multimillonarios por el impacto real de sus inversiones fósiles y sus estilos de vida altamente contaminantes no es una medida radical, sino “un paso justo y necesario” para una acción climática más justa e integral.
Gravar a los multimillonarios por el impacto real de sus inversiones fósiles y sus estilos de vida altamente contaminantes no es una medida radical, sino “un paso justo y necesario” para una acción climática más justa e integral
García Paret sostiene que esta vía permitiría disponer de los recursos necesarios para mejorar el transporte público, tener viviendas dignas y sostenibles, comer sano, salvar el campo y proteger los ecosistemas de los que depende la sociedad. La organización vincula así la fiscalidad climática con políticas públicas orientadas a reducir desigualdades y reforzar la adaptación ante la crisis ambiental.
Greenpeace considera que la responsabilidad climática se concentra en los ultrarricos situados en unas pocas jurisdicciones del Norte Global, incluida España. Al mismo tiempo, advierte de que las personas más vulnerables del Sur Global sufren la mayor parte de los daños climáticos sin disponer de los recursos necesarios para adaptarse.
Para la entidad, esta desigualdad refuerza la necesidad de revisar el modo en que se distribuyen las responsabilidades frente a la crisis climática. El informe sugiere que la deuda climática del 0,01% más rico del mundo tendría una magnitud similar a las necesidades actuales de financiación climática global, aunque precisa que esa deuda no se plantea como una obligación fiscal directa ni fija tipos impositivos concretos.
La organización ecologista subraya que su propuesta no consiste en establecer una cifra cerrada de recaudación individual, sino en abrir el debate sobre la responsabilidad asociada a las grandes fortunas, sus activos financieros y sus inversiones en actividades contaminantes. Greenpeace insiste en que la transición climática debe incorporar el impacto de la riqueza extrema para ser más justa y efectiva.
En esta línea, la entidad reclama una “total implicación” de los gobiernos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional. Greenpeace considera esta plataforma global clave para luchar contra la elusión fiscal y los flujos ilícitos, asegurar la asignación de derechos impositivos y una distribución equitativa de ingresos entre países.
La organización también defiende que este marco puede servir para hacer que las empresas más contaminantes y los ultrarricos paguen de acuerdo con su nivel de responsabilidad. Según Greenpeace, avanzar en esta dirección permitiría conectar la lucha contra la crisis climática con la justicia fiscal y con la financiación de medidas sociales y ambientales.
El informe sitúa así el foco en una dimensión que, según la organización, ha recibido menor atención en el debate climático: la relación entre riqueza extrema, propiedad de activos y emisiones. Greenpeace concluye que abordar la deuda climática de los ultrarricos resulta necesario para movilizar recursos, reducir desigualdades y responder a los impactos que ya afrontan las comunidades más vulnerables.
Referencias
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