Greenpeace España desmonta cinco afirmaciones recurrentes sobre la gestión de los montes y los incendios forestales en una publicación difundida el 1 de septiembre de 2025, en la que explica desde España qué actividades están permitidas, quién tiene competencias sobre ellas y por qué considera necesario reducir la desinformación para centrar el debate público en la prevención, la planificación forestal y las responsabilidades de las administraciones.
Limpiar el monte es obligatorio
Uno de los mensajes que Greenpeace considera falsos es que la normativa impide limpiar el monte. La organización sostiene que la Ley 43/2003 de Montes no prohíbe estas actuaciones, sino que obliga a desarrollarlas dentro de una gestión forestal sostenible y de las medidas destinadas a prevenir los incendios.
Según expone la entidad ecologista, el artículo 48 de la norma establece que las comunidades autónomas deben elaborar planes anuales de prevención. Estos documentos pueden incluir tratamientos selvícolas como desbroces, podas, eliminación de vegetación, limpieza de cortafuegos o mantenimiento de puntos de agua.
Greenpeace señala que la responsabilidad de conservar una finca forestal en buen estado corresponde inicialmente a la persona propietaria. Los ayuntamientos deben vigilar el cumplimiento de esas obligaciones y exigir las actuaciones necesarias cuando no se ejecuten.
La organización destaca la importancia de este reparto de responsabilidades porque alrededor del 73 % de las masas forestales es de titularidad privada. Por ello, considera que la prevención no depende únicamente de las intervenciones públicas, sino también de que los propietarios conozcan y cumplan las obligaciones aplicables a sus terrenos.
La falta de medios municipales, advierte, no puede utilizarse como argumento para abandonar la prevención o trasladar toda la responsabilidad a los vecinos.
Cuando un municipio carece de recursos suficientes para garantizar esos trabajos, Greenpeace sostiene que debe intervenir la comunidad autónoma, aportando financiación, personal y campañas informativas. La falta de medios municipales, advierte, no puede utilizarse como argumento para abandonar la prevención o trasladar toda la responsabilidad a los vecinos.
La entidad afirma que exigir el mantenimiento de las fincas sin proporcionar información, herramientas o apoyo institucional puede aumentar tanto el riesgo para la población como el deterioro de los espacios forestales. Por este motivo, reclama una mayor implicación de las administraciones competentes.
Piñas, frutos y aprovechamientos
Greenpeace también rechaza la afirmación de que no se puede coger una piña del monte. La organización recuerda que los espacios forestales generan distintos aprovechamientos, entre ellos madera, corcho, resina, setas, pastos, frutos silvestres y piñas.
La posibilidad de recoger estos productos depende, sin embargo, de su estado, su ubicación y la normativa aplicable. Según explica la publicación, las piñas abiertas que se encuentran en el suelo pueden recogerse libremente, mientras que las piñas cerradas situadas en las ramas pertenecen al propietario del terreno y pueden requerir autorización si es necesario podar para acceder a ellas.
En el caso de otros productos silvestres –como frutos, plantas medicinales o especies vegetales–, Greenpeace recomienda consultar la regulación específica y comprobar que no se trata de especies protegidas. La organización resume este criterio como una utilización del monte basada en el sentido común y el respeto a la propiedad y a la conservación.
Incluso en los espacios con un mayor grado de protección, como los parques nacionales, existen normas que determinan qué actividades son compatibles con sus objetivos ambientales. La protección de un territorio no implica necesariamente, según la entidad, una prohibición absoluta de cualquier aprovechamiento o intervención.
Greenpeace añade que en zonas integradas en la Red Natura 2000 pueden impulsarse actividades como la ganadería extensiva, que contribuye a controlar la vegetación y puede emplearse como herramienta preventiva frente al fuego.
Otro de los bulos analizados responsabiliza a los ecologistas de impedir las quemas agrícolas o forestales
Otro de los bulos analizados responsabiliza a los ecologistas de impedir las quemas agrícolas o forestales. La organización subraya que las autorizaciones las conceden las administraciones públicas, no las organizaciones ambientales.
Greenpeace afirma que apoya el uso controlado del fuego como instrumento de prevención y reclama la realización de quemas prescritas para reducir la cantidad de material combustible. Sin embargo, advierte de que estas intervenciones deben desarrollarse con planificación, supervisión técnica y unas condiciones meteorológicas adecuadas.
La organización explica que el cambio climático y los episodios meteorológicos extremos reducen los periodos en los que una quema puede efectuarse con seguridad. Esta menor ventana de oportunidad limita las autorizaciones, debido al riesgo de que el fuego se descontrole y origine un incendio de grandes dimensiones.
Una quema realizada sin autorización que termina provocando un incendio puede considerarse, según recuerda Greenpeace, un incendio intencionado. La entidad reclama por ello medidas de prevención social, alternativas para determinados usos del fuego y una gestión continuada de la vegetación acumulada.
Abandono no es conservación
Greenpeace también niega que el exceso de conservacionismo provoque incendios forestales. A su juicio, esta idea confunde la conservación planificada con el abandono de los montes y de los aprovechamientos tradicionales.
El abandono derivado de la despoblación rural, la falta de tratamientos o la ausencia de recursos puede provocar acumulación de combustible vegetal, proliferación de matorral y un mayor riesgo de incendios, plagas y enfermedades. Para la organización, esta falta de gestión no debe identificarse con una política conservacionista.
La conservación tampoco significa dejar todos los espacios sin intervención. Greenpeace defiende que la planificación forestal debe combinar una gestión activa del combustible en las zonas de alto riesgo con una gestión pasiva en determinadas masas forestales maduras.
Ambas estrategias deben coordinarse mediante planes forestales, instrumentos de emergencia y estudios adaptados a cada territorio. El objetivo es definir prioridades que protejan la seguridad de la población, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el trabajo de los equipos de extinción.
Otro de los mensajes cuestionados por la organización sostiene que los ecologistas no participan en la extinción de los incendios. Greenpeace responde que apagar un fuego es una tarea profesional, especializada y de alto riesgo, para la que se necesita preparación física, formación técnica y conocimiento del comportamiento de las llamas.
La entidad considera que ni el voluntariado ni el personal de una organización ambiental deben sustituir a los bomberos forestales y servicios de emergencia. Su labor, explica, se centra en investigar, denunciar problemas, presentar propuestas y exigir el cumplimiento de la legislación.
Greenpeace asegura que mantiene contacto con las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales –BRIF– y con especialistas en ecología del fuego. También recuerda que ha presentado alegaciones para respaldar la regulación profesional de los bomberos forestales y que lleva años reclamando un pacto estatal sobre incendios.
“No dejan limpiar el monte”
La organización atribuye la difusión de estos bulos a varios factores, entre ellos el choque entre los usos tradicionales y la regulación actual, la falta de comunicación administrativa, la simplificación de determinados mensajes en los medios y las redes sociales y su utilización dentro del debate político.
A su juicio, frases como “no dejan limpiar el monte” favorecen la polarización y crean una división artificial entre el mundo rural, las ciudades y el movimiento ecologista. Greenpeace advierte de que esta confrontación puede desviar la atención de las obligaciones legales y de las competencias de las administraciones.
Greenpeace propone impulsar campañas educativas, guías de buenas prácticas y programas de sensibilización que acerquen la gestión forestal a la ciudadanía
La entidad reclama que los organismos públicos expliquen con claridad qué actividades están permitidas, qué autorizaciones son necesarias y qué responsabilidades corresponden a propietarios, ayuntamientos y comunidades autónomas.
También propone impulsar campañas educativas, guías de buenas prácticas y programas de sensibilización que acerquen la gestión forestal a la ciudadanía. Estas medidas, afirma, permitirían fortalecer la relación social con los bosques y reducir la confusión sobre el aprovechamiento de sus recursos.
Greenpeace recuerda que la divulgación y la comunicación forestal aparecen recogidas en la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y en la propia Ley de Montes. La organización concluye que la prevención exige una cultura forestal compartida y una gestión equilibrada que combine seguridad, conservación y sostenibilidad.
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