Las organizaciones ambientales han alertado a los grupos parlamentarios de que el Proyecto de Ley de Pesca Sostenible no cumple los objetivos ambientales ni pesqueros por lo que avisan de que la norma nace "obsoleta" porque no protege la biodiversidad ni evita la sobrepesca.

 

Norma a la altura de los objetivos ambientales y pesqueros

 

Así lo denuncian Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción (1), Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF en un comunicado conjunto en el que piden a los grupos parlamentarios de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados que aprovechen el trámite legislativo para "acordar una norma a la altura de los objetivos ambientales y pesqueros actuales".

 

Una ley que no llega a la ambición de la Política Pesquera Común

 

 

En su opinión, el texto propuesto por el Gobierno ni considera ni afronta la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, por lo que reclaman que mejoren la norma en materia de conservación del ecosistema marino y para lograr un reparto justo de las oportunidades de pesca y una gobernanza participativa.

Al mismo tiempo, observan que aunque la ley es imprescindible e incluye avances respecto a la norma que está en vigor, de 2001, carece de herramientas "clave" para su adecuada aplicación que permitan un cambio de rumbo de la pesca que asegure su sostenibilidad. De igual modo, en materia de conservación, ven "inaceptable" la falta de ambición respecto a la Política Pesquera Común y sus reglamentos asociados, además de la carencia de claridad en lo referente a la gestión de las pesquerías.

Además, insisten en que es "imprescindible" que la futura norma incluya la obligación de no pescar por encima del rendimiento máximo sostenible o, en el caso de no disponer de datos suficientes, garantizar que se aplica el principio de precaución, así como de eliminar las capturas accidentales de accidentales de mamíferos, aves, tortugas marinas y tiburones en la medida de lo posible.

 

Los recursos del mar son bienes públicos

 

En este contexto, la responsable de pesca de Ecologistas en Acción, Cecilia del Castillo, apunta que "los recursos del mar son bienes públicos, y han de gestionarse no solo para que sean rentables a corto plazo, también para que se conserven en el tiempo".

Las asociaciones medioambientales también abogan por limitar el peso de los derechos históricos de pesca en el reparto al 50 por ciento en aras de aplicar también criterios ambientales y sociales en el reparto, pretendiendo una pesca más justa.

Por otro lado, las ONG muestran su preocupación por la falta de progreso en el texto legislativo en aras de una gestión más transparente y participativa, que reconozca la cogestión o "gestión local participativa" como mecanismo de demostrada eficacia en la gestión de pesquerías. El coordinador de Pesquerías de WWF, Raúl García, considera este hecho "incomprensible" dado que España cuenta con alguno de los marcos de cogestión con mayor reconocimiento internacional".

"No es una varita mágica, pero ha demostrado que puede facilitar la transición ecológica justa de la pesca. El diseño de los planes de gestión de las pesquerías o el de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de manera participativa, incluyendo al sector, administraciones, comunidad científica y a las organizaciones ambientales, fomenta la cultura del cumplimiento, la corresponsabilidad de los actores y la toma de datos", ha precisado.

En definitiva, las ONG llaman a la responsabilidad de los diputados y senadores durante el trámite parlamentario a través de las enmiendas para mejorar el proyecto de ley ante los retos ecológicos y sociales, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Referencias