En el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, una treintena de expertos independientes de la ONU rinde homenaje a las víctimas, pero advierte de que un cuarto de siglo de respuestas desproporcionadas ha socavado los cimientos del derecho internacional, la sociedad civil y la democracia.
Veinticinco años después de que cuatro aviones secuestrados segaran la vida de casi 3000 personas en Nueva York, Washington y Pensilvania, los relatores sostienen que la respuesta a aquellos ataques ha llevado el derecho internacional “más allá de su punto de ruptura”.
En un extenso comunicado, los expertos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos rinden tributo “a los miles de víctimas que perdieron la vida, sus familias y las comunidades cuyas vidas cambiaron para siempre por aquellos actos horribles de violencia”.
El reconocimiento se extiende a “los millones de otras víctimas en todo el mundo de atentados terroristas, de respuestas antiterroristas excesivas y de conflictos librados en nombre de la lucha contra el terrorismo”. Según recoge Noticias ONU, con ello recuerdan que el 11-S abrió una era de violencia global que sigue cobrándose vidas.
El texto culmina con un llamamiento a los Estados para que revisen sus leyes antiterroristas, creen mecanismos independientes de supervisión y asistan a todas las víctimas, tanto del terrorismo como de las medidas ilegales adoptadas para combatirlo.
Abusos en nombre de la seguridad
La declaración enumera los abusos cometidos en nombre de la seguridad: “Guerras de agresión. Ocupaciones ilegales. Innumerables crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y alegaciones plausibles de genocidio”.
La relación continúa con “asesinatos disfrazados de ‘asesinatos selectivos’” y “tortura disfrazada de ‘interrogatorio’”, secuestros transfronterizos, entregas extraordinarias y represión transnacional, detención secreta y desapariciones forzadas, así como juicios militares injustos y tribunales especiales, “incluido Guantánamo”.
Los expertos advierten de que muchas de estas prácticas “se han vuelto casi rutinarias en algunos países”, con el abuso politizado de leyes antiterroristas y de “extremismo” cada vez más amplias, detenciones arbitrarias, denegación de juicios justos y la conversión de leyes de emergencia temporales en permanentes.
Las tecnologías emergentes, señala el texto, actúan como “facilitadores clave” de estas violaciones. Entre ellas cita los drones, la vigilancia masiva, el software espía y los sistemas biométricos.
Los relatores advierten, además, de que la inteligencia artificial y la automatización de los sistemas de armas plantean “riesgos elevados para el derecho a la vida” y pueden socavar la rendición de cuentas. Por ello, instan a las empresas a respetar los derechos humanos en todo el ciclo de vida de estas tecnologías.
El precio para la sociedad civil
El comunicado dedica un apartado al extenso impacto sobre la sociedad civil. Según los expertos, las medidas antiterroristas han servido para “atacar, acosar, intimidar, amenazar y silenciar” a numerosos colectivos.
Entre ellos figuran defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes, defensores del medio ambiente y de la tierra, académicos, artistas, ONG, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes.
“El espacio cívico se ha erosionado mediante restricciones injustificadas de la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y el derecho a participar en los asuntos públicos”, denuncia la declaración.
La sobrerregulación de las organizaciones sin ánimo de lucro –a través de sanciones, leyes de financiación, nuevos delitos, la reducción de riesgos bancarios y el exceso de cumplimiento– ha impedido la acción humanitaria imparcial en zonas de conflicto, “impidiendo la asistencia a civiles y socavando los derechos económicos, sociales y culturales”.
Incluso el Consejo de Seguridad, dicen los expertos, “ha sido parte del problema” al exigir a todos los Estados medidas altamente intrusivas “sin definir el terrorismo, garantizar salvaguardias ni aplicar eficazmente el derecho internacional”.
El texto subraya también que “las medidas antiterroristas han violado los derechos de grupos vulnerables”. Entre ellos menciona a los niños –a los que no se reconoce como víctimas de grupos terroristas, ni se considera su interés superior, ni se les ofrece rehabilitación y reintegración–, a las mujeres y a los grupos perfilados por su religión, raza o etnia.
Impunidad y rendición de cuentas
La declaración señala asimismo el fracaso a la hora de rendir cuentas por las violaciones cometidas en nombre de la lucha antiterrorista.
Según el texto, la violencia estatal, la intervención extranjera y la impunidad han alimentado “contraproducentemente el terrorismo y la inseguridad”, como ocurrió con la expansión del Estado Islámico tras la agresión de 2003 en Irak.
“Las violaciones estatales no solo no pueden derrotar al terrorismo, sino que pueden engendrarlo. También niegan la justicia a las víctimas del terrorismo”, añade el comunicado.
Los expertos plantean además una paradoja: “Se han gastado billones de dólares en respuestas altamente securitizadas, pero el terrorismo está más extendido, en más lugares, que antes del 11-S”.
Frente a ello, sostienen que “el mundo debe financiar adecuadamente iniciativas a largo plazo para prevenir el terrorismo, priorizando la resolución de conflictos y la construcción de paz, la buena gobernanza y la inclusión política, el estado de derecho, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y los derechos humanos para todos”.
La declaración concluye con una serie de peticiones a los Estados: revisar las leyes y prácticas antiterroristas para cumplir con el derecho internacional, establecer mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas, y proteger y asistir tanto a las víctimas del terrorismo como a las de las medidas antiterroristas ilegales.
Los firmantes forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, que agrupan a relatores especiales, expertos independientes y grupos de trabajo. Trabajan de forma voluntaria, no son funcionarios de la ONU y no reciben remuneración por su labor.
Aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU actúa como su secretaría, desempeñan sus funciones a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización. Sus opiniones no representan necesariamente las de Naciones Unidas.
Según la lista publicada por esa oficina, suscriben el comunicado, entre otros, el relator especial sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, Ben Saul, y las relatoras especiales sobre el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, Astrid Puentes Riaño, y sobre derechos humanos y cambio climático, Elisa Morgera.
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