Un panel internacional de expertas y expertos juristas, presididos por el abogado Philippe Sands y la jueza Florence Mumba, trabajarán en la definición jurídica del ecocidio como crimen internacional que co-existiría con los Crímenes de Guerra, el Genocidio y los Crímenes Contra la Humanidad.

La iniciativa ha sido promovida por la Fundación Stop Ecocidio a petición de varios parlamentarios de los partidos que gobiernan en Suecia. El panel ha iniciado este mes los primeros trabajos preparatorios y consideran que la definición se dará en los primeros meses de 2021.

La fundación señala que en los últimos meses varios dirigentes mundiales han apoyado la causa, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron o el recién formado gobierno belga. "El momento en el que esto sucede es muy transcendente", celebran desde Stop Ecocidio, porque este viernes 20 de noviembre se cumplen 75 años del comienzo de los juicios de Nuremberg a oficiales nazis de alto rango, en 1945.

El acto ceremonial tendrá lugar en la sala 600 del Tribunal de Nuremberg, donde, hace setenta y cinco años, tuvieron lugar los juicios. Philippe Sands tiene un libro East West Street (Calle este oeste) en el que cuenta tanto los orígenes como los abogados que están detrás de los términos Crimenes Contra la Humanidad y Genocidio, utilizados por primera vez en la misma sala en la que el participará de la definición de Ecocidio.

El derecho penal internacional para proteger el medio ambiente

 

"Ha llegado el momento de utilizar el poder del derecho penal internacional para proteger nuestro medio ambiente mundial. Hace 75 años se habló por primera vez de Crímenes Contra la Humanidad y de Genocidio en la Sala 600 del Tribunal de Nuremberg, y espero que este grupo sea capaz de aprovechar la experiencia adquirida desde ese día para forjar una definición que sea práctica, eficaz y sostenible", ha comentado Sands.

Por su parte, Florence Mumba, ex jueza del Tribunal Supremo de Zambia, participó en la redacción de una resolución para la Asamblea General de la ONU para que la violación se incluya como crimen de guerra en la jurisdicción de los tribunales de crímenes de guerra.