Miles de personas se han dado cita este sábado 9 de mayo en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, para rechazar los proyectos de reapertura de Mina Los Frailes, en Aznalcóllar, y Cobre Las Cruces, en Gerena, porque las entidades convocantes advierten de que ambas iniciativas traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario, para actividades económicas como la pesca y la agricultura y para el Parque Nacional de Doñana.

 

Vertidos con metales pesados

 

La movilización se ha desarrollado a pesar de la lluvia y bajo el lema No a los vertidos mineros al Guadalquivir. La marcha ha sido convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, que la c

La protesta ha contado también con el apoyo de varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir, entre ellos Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río. Las organizaciones convocantes consideran que esta movilización supone un paso más en la respuesta social frente a unos proyectos que, según denuncian, implican nuevos vertidos mineros en un espacio ambiental y económico especialmente sensible.

Las entidades advierten de que los vertidos previstos por Mina Los Frailes y Cobre Las Cruces tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos. Entre esas actividades señalan la pesca y la agricultura, sectores vinculados al Bajo Guadalquivir y al entorno de la desembocadura.

Según el comunicado, Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85.000 millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería cuyo punto de vertido estaría frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla. Por su parte, Cobre Las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32.000 millones de litros durante 14 años, en La Algaba.

Ambos vertidos, según las organizaciones, llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos elementos representan, de acuerdo con las entidades convocantes, una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de los productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y en el Golfo de Cádiz.

 

Un estuario ya contaminado

 

Las organizaciones sostienen que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009. Para respaldar esta denuncia, citan un estudio realizado por científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que ha constatado impactos en el estuario del río.

En ese estudio, según recoge el comunicado, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. También se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de gran consumo en la zona de la desembocadura.

La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río

Las entidades convocantes advierten de que la suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esta situación, según señalan, comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, a los que atribuyen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

Aunque las empresas y la Junta de Andalucía aducen, según el comunicado, que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que esos metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario.

La explicación que ofrecen las entidades se centra en el alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana. Esa cantidad de material hace que los metales pesados se adhieran y decanten, mientras que la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir impide que esos metales salgan rápidamente por la desembocadura.

Las organizaciones señalan, por un lado, que la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación. Por otro, indican que en la desembocadura se produce lo que se conoce como “tapón salino”, un fenómeno que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar.

 

Moratoria y comité independiente

 

Todo ello hace, según las entidades convocantes, que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, al pasar a la red trófica y repercutir en los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible. También alertan de que esta situación pone en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada.

Las organizaciones añaden que las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz. Este impacto se suma, según su denuncia, a los efectos acumulados de los vertidos ya existentes y a los riesgos asociados a los nuevos proyectos de reapertura minera.

Por todo ello, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria. También reclaman la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad los efectos de los vertidos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria.

Las entidades piden además que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos. Según denuncian, la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin considerar el efecto sumatorio que tendría con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre Las Cruces.

Las organizaciones convocantes denuncian asimismo la actitud de sordera institucional que, a su juicio, mantiene la Junta de Andalucía ante las reiteradas voces de alarma expresadas por diferentes organizaciones y entidades en relación con estos proyectos de vertido. También critican la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía.

Según el comunicado, esa falta de transparencia se concreta en la ocultación de informes técnicos en los procesos judiciales abiertos en el TSJA, relativos a la deficiente evaluación de los efectos del vertido y a posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir. Las entidades sostienen que esta situación refuerza la necesidad de una moratoria y de una evaluación independiente antes de que avancen los proyectos.

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