Greenpeace ha presentado nuevas imágenes el 24 de abril en Sevilla que evidencian cómo el agua almacenada en la corta de Aznalcóllar, que contiene los lodos tóxicos del vertido de hace 28 años, se está filtrando y contaminando el río Agrio, el Guadiamar y el Guadalquivir, lo que ha llevado a la organización a denunciar la persistencia del impacto ambiental y a reclamar la paralización de nuevos proyectos mineros en la zona.

 

Filtraciones persistentes contaminantes

 

Según ha señalado Greenpeace, el agua acumulada en la corta presenta un característico color azul turquesa asociado al drenaje ácido, lo que indica la presencia de altas concentraciones de metales pesados. Estas filtraciones, según la organización, están alcanzando los cauces fluviales cercanos, lo que demuestra que el problema ambiental derivado del desastre de 1998 sigue activo.

La situación, además, se ha visto agravada tras el reciente tren de borrascas en Andalucía, que ha incrementado el volumen de agua y favorecido la movilización de contaminantes. La organización subraya que, aunque la mina no está actualmente en explotación, la responsabilidad sobre los pasivos mineros recae en la empresa adjudicataria, el Grupo México.

El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha advertido de que el vertido actual es solo una fracción del riesgo potencial. En sus palabras, se trata de una cantidad “ínfima” en comparación con lo que podría producirse si se aprueban los proyectos de reapertura minera, lo que podría convertir el Guadalquivir en una “alcantarilla minera”.

 

Reapertura minera y vertidos

 

En este contexto, Greenpeace ha criticado que la Junta de Andalucía haya dado luz verde a la reapertura de la mina de Aznalcóllar por parte de Grupo México y su filial Los Frailes, un proyecto que, según la organización, implicaría el vertido de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados.

Estos vertidos se realizarían a través de una tubería de 30 kilómetros hasta el estuario del Guadalquivir durante un periodo superior a 18 años, lo que supondría una presión continuada sobre el ecosistema. Parte de estas aguas procederían, además, del vaciado de las cortas donde se almacenan los lodos tóxicos del desastre minero.

Ante lo que califican como un “atropello ambiental”, Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y SEO/BirdLife, ha interpuesto un recurso de alzada para exigir la anulación de la autorización del proyecto, que consideran “nula de pleno derecho”.

A esta situación se suma la actividad de la mina de Cobre Las Cruces, que tras operar desde 2009 a cielo abierto y generar contaminación ecotóxica, plantea ahora una explotación subterránea. Este nuevo proyecto contempla el vertido de 32.760 millones de litros de agua contaminada durante 14 años, lo que Greenpeace considera una “temeridad inaceptable”.

 

Impacto en salud y ecosistemas

 

Greenpeace ha advertido de que la suma de ambos proyectos podría dejar “tocado de muerte” al río Guadalquivir, al no tener en cuenta sus efectos sinérgicos sobre los ecosistemas. Ambos vertidos afectarían a hábitats protegidos de la Zona de Especial Conservación Bajo Guadalquivir, integrada en la Red Natura 2000, y añadirían presión al ya deteriorado Parque Nacional de Doñana.

La organización ha recordado que el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza (2024) obliga a recuperar al menos el 20% de los ecosistemas antes de 2030, mientras que en España solo el 9% de los hábitats se encuentra en buen estado, lo que refuerza la necesidad de aplicar el principio de no deterioro.

Diversos estudios científicos de las universidades de Cádiz, Sevilla y Granada han detectado la presencia de plomo por encima de los límites de la UE en especies como los albures, así como arsénico en niveles límite en galeras, lo que evidencia la transferencia de contaminantes a la cadena alimentaria.

Estas investigaciones alertan de que, si se ejecutan los vertidos previstos, la contaminación por metales pesados podría multiplicarse por diez, afectando a especies clave para la economía local como la acedía, el cangrejo rojo o los langostinos.

Además, el impacto podría extenderse al sector agrario. El cultivo de arroz en las marismas del Guadalquivir –el mayor de España, con más de 36.000 hectáreas– podría verse comprometido por el uso de agua con altos niveles de arsénico, un elemento que el arroz bioacumula con facilidad.

Greenpeace ha advertido también de que el río Guadalquivir actúa como un depósito de contaminantes, debido a su dinámica hidrológica. La presa de Alcalá del Río funciona como un “fondo de saco” que impide la dispersión de los metales pesados hacia el mar, mientras que el llamado “tapón salino” en la desembocadura dificulta aún más su salida al Atlántico.

Como consecuencia, los contaminantes se acumulan en los sedimentos del estuario y se incorporan a la red trófica, pudiendo ser liberados nuevamente durante episodios de lluvias intensas o desembalses, alcanzando incluso el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán.

 

Greenpeace exige la paralización inmediata de las autorizaciones de vertido

 

Ante esta situación, Greenpeace ha exigido la paralización inmediata de las autorizaciones de vertido y la imposición de una moratoria a nuevas prospecciones mineras. Asimismo, ha reclamado la creación de un grupo técnico independiente que evalúe el impacto acumulativo de ambos proyectos.

La organización ha recordado que estos riesgos se asientan sobre el desastre de Aználcollar de abril de 1998, cuando la rotura de la balsa de Boliden-Apirsa vertió 7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, afectando a 80 kilómetros de río, contaminando 4.600 hectáreas de cultivo y provocando la muerte de 30 toneladas de fauna.

Las consecuencias incluyeron el cierre de caladeros, la contaminación de acuíferos, la pérdida de empleo para unas 5.000 personas y daños económicos estimados en 11 millones de euros. Greenpeace ha insistido en que este precedente demuestra la magnitud del riesgo actual.

“Debemos aprender de los errores del pasado”, ha concluido Luis Berraquero, quien ha llamado a la movilización social para evitar nuevos vertidos y proteger el estado ecológico del río Guadalquivir.