La Guardia Civil de Huelva investiga a 11 personas por su supuesta implicación en diversos delitos contra la flora y fauna por cazar ilegalmente aves fringílidas con medios prohibidos. En concreto, la Guardia Civil ha liberado a 68 aves fringílidas en diversas operaciones que se han realizado en diferentes localidades de Huelva.

 

Prácticas ilegales de caza de fringílidos

 

Según informa el Instituto Armado en una nota de prensa, los dispositivos se ha desarrollado durante el pasado mes por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), dentro de los operativos que se desarrollan para perseguir las prácticas ilegales de caza de fringílidos en diferentes puntos de la provincia.

Así, los supuestos autores fueron sorprendidos en las localidades de Bollullos Par del Condado, Punta del Moral-Ayamonte, Lucena del Puerto, Minas de Río Tinto y Huelva capital capturando aves como jilgueros, verdecillos, luganos, con artes prohibidas (redes abatibles, perchas, pegamento entre otras) para su posterior venta a terceros, encontrándose alguna de las mismas catalogada como especie protegida.

 

Redes abatibles, perchas, pegamento

 

Durante las actuaciones se incautaron 68 aves, siendo liberadas aquellas que se encontraban en buen estado, procediéndose a la intervención y retirada de múltiples medios prohibidos utilizados.

Una directiva de la Unión Europea relativa a la protección de las aves obliga a España a establecer medidas para conservar las especies que viven en estado salvaje, por lo que las diferentes Comunidades Autónomas han tenido que dejar de autorizar la caza y captura de aves cantoras en sus territorios. En Andalucía desde el año 2018 no se encuentra autorizada esta práctica.

Cada año, en otoño, cientos de miles de aves protegidas son capturadas y mueren en los más de 1.500 paranys y barracas ilegales que se distribuyen a lo largo de los diferentes territorios. Estas modalidades tradicionales de caza están prohibidas por diferentes leyes, pero se siguen practicando, a menudo, gracias a la tolerancia de las autoridades locales.