La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado una norma que reduce la protección de los hábitats de especies en peligro al eliminar la modificación o degradación del entorno de la definición reglamentaria de “daño” de la Ley de Especies en Peligro.
El cambio, anunciado en Washington el 10 de julio de 2026, facilita actividades como la tala, la minería y las prospecciones de petróleo y gas cuando no causen una lesión o muerte directa a los animales protegidos.
Una definición más restrictiva
La medida ha sido finalizada por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y el Servicio Nacional de Pesca Marina, dependientes de los departamentos del Interior y de Comercio. Ambos organismos han eliminado de la normativa federal la definición de “daño” utilizada durante décadas para aplicar una de las prohibiciones centrales de la ley estadounidense de protección de fauna amenazada.
Hasta ahora, ese concepto incluía los actos que mataban o herían a ejemplares, pero también la modificación significativa del hábitat cuando alteraba comportamientos esenciales como la alimentación, la reproducción o la búsqueda de refugio. La nueva norma elimina esa definición reglamentaria y deja como referencia el texto de la propia ley, que la Administración interpreta de una forma más limitada.
Con el nuevo criterio, las autoridades deberán centrarse en si una actuación provoca una agresión directa contra un animal protegido. La destrucción o degradación del entorno dejará de considerarse por sí misma una forma de daño dentro de esta prohibición, aunque pueda afectar a las condiciones necesarias para que una población se alimente, se reproduzca o encuentre cobijo.
El cambio puede reducir las restricciones aplicadas a proyectos de tala, minería, perforación y explotación del subsuelo. Estas actividades podrán encontrar menos obstáculos en zonas ocupadas por especies en peligro siempre que no se determine que provocan la muerte o una lesión directa de los ejemplares. La Administración sostiene, sin embargo, que las actuaciones que maten o hieran directamente a fauna protegida continuarán prohibidas.
Alertas por la pérdida de hábitat
Las organizaciones ecologistas han advertido de que la modificación debilita una herramienta fundamental para impedir la destrucción de espacios necesarios para la supervivencia de especies amenazadas. A su juicio, proteger a los animales sin proteger los lugares donde se alimentan, crían y se refugian puede dejar sin respuesta legal algunas de las amenazas más graves para su conservación.
Los opositores han señalado que una actuación industrial no necesita matar de manera inmediata a un ejemplar para comprometer el futuro de una especie. La pérdida progresiva del hábitat, la fragmentación del territorio o la desaparición de zonas de cría pueden reducir las poblaciones y aumentar el riesgo de extinción aunque el daño no sea físico ni directo en el momento de autorizar el proyecto.
El director ejecutivo del Centro para las Prioridades Occidentales, Aaron Weiss, ha descrito la decisión como una de las iniciativas más graves adoptadas contra la vida salvaje en Estados Unidos y ha considerado que beneficia especialmente a las petroleras y a las empresas mineras. La oposición ecologista se ha mantenido desde que el cambio fue propuesto por primera vez en abril de 2025.
El Gobierno estadounidense ha defendido una posición opuesta. El secretario del Interior, Doug Burgum, ha afirmado que las agencias federales utilizaban la ley para obstaculizar usos legítimos del suelo y cargar a familias y empresas con costes y retrasos. La Administración considera que la interpretación anterior ampliaba la autoridad federal más allá de lo previsto por el Congreso y perjudicaba el derecho de propiedad.
El Ejecutivo también ha presentado la reforma como una medida para aportar seguridad jurídica a propietarios y empresas, reducir trámites y rebajar costes de cumplimiento. La norma final está prevista para su publicación en el Registro Federal el 14 de julio de 2026 y entrará en vigor sesenta días después, sin obligar a revisar los permisos y autorizaciones ya concedidos.
Una ley clave desde 1973
La Ley de Especies en Peligro de 1973 constituye una de las principales herramientas federales de Estados Unidos para evitar la desaparición de animales y plantas amenazados. La norma establece responsabilidades para las agencias públicas, prohíbe determinadas actuaciones contra la fauna protegida y permite desarrollar medidas de conservación y recuperación.
Su aplicación ha sido asociada a la recuperación de especies emblemáticas que llegaron a encontrarse al borde de la extinción. Entre los casos citados se encuentran el águila calva, el caimán americano y el cóndor de California, cuyas poblaciones mejoraron bajo las medidas federales de protección y los programas de recuperación.
La disputa actual se concentra en el alcance del término “daño” y en si debe abarcar las alteraciones indirectas del entorno. Para los ecologistas, la protección del hábitat forma parte inseparable de la defensa de cada especie. Para la Administración Trump, la prohibición debe limitarse a actos directos contra animales concretos, mientras los impactos sobre el hábitat se abordan mediante otros apartados de la ley.
Durante su primer mandato, Trump ya había impulsado la derogación de varias disposiciones relacionadas con la aplicación de esta normativa. Esos cambios fueron revertidos posteriormente durante la presidencia de Joe Biden, pero la nueva Administración ha retomado la orientación desreguladora y ha vuelto a reducir el alcance de las protecciones federales.
La decisión abre una nueva etapa en la aplicación de una ley histórica y enfrenta dos interpretaciones contrapuestas. El Gobierno sostiene que ha restablecido el sentido original de la norma y ha reducido cargas injustificadas, mientras las organizaciones ambientales alertan de que la degradación de los hábitats puede quedar menos controlada y acelerar el declive de especies que ya se encuentran en peligro.
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