Hay experiencias que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. El pasado mes de julio se cumplieron 20 años del trágico incendio en Riba de Saelices (Guadalajara), donde fallecieron nueve miembros de la BRIF (brigadas de refuerzo de incendios forestales) y dos agentes medioambientales de Castilla-La Mancha. Solo sobrevivió un bombero con quemaduras muy graves, cuya principal obsesión, en cuanto recuperó el sentido, era saber qué había sucedido con sus compañeros.
Ha sido, con diferencia, el momento más duro de mi trayectoria política.
El dolor y las lecciones del pasado
Como ministra de Medio Ambiente podría haberme consolado por el hecho de que las competencias en la extinción de incendios eran de la Comunidad Autónoma; además, desde mi departamento se habían enviado medios aéreos desde la primera petición de ayuda.
A pesar de lo anterior, lo cierto es que sufrí un enorme dolor al ver a las familias desesperadas exigiendo recuperar los restos calcinados de sus hijos; al escuchar al único superviviente preguntar llorando qué había sido de los demás; al comprobar que algunos de los medios aéreos enviados desde el ministerio habían sufrido averías y, por lo tanto, no habían podido contribuir a reducir los riesgos del incendio.
Cuando comparecí en el Congreso tuve que escuchar acusaciones muy duras —y sinceramente creo que injustificadas— por parte de la oposición, que no impidieron mi voluntad de afrontar la situación en estrecha colaboración con todas las fuerzas políticas.
Todos esos recuerdos permanecen inalterados en mi memoria, y se activan cuando contemplo, ahora, las imágenes de devastación provocadas por el fuego en tantos rincones de España; cuando oigo el rugido inconfundible del viento que empuja las llamas; y cuando escucho los gritos de desesperación de quienes no quieren abandonar sus casas, por miedo a perder todo lo que tienen.
Nuevos tiempos, nuevos riesgos
Por eso no puedo permanecer ajena ante esta nueva tragedia, aunque ya no recaiga sobre mí ninguna responsabilidad ejecutiva. En 2005, tras la muerte de los bomberos en Castilla-La Mancha -y algunas más en el resto de España- conseguí aunar voluntades con los consejeros autonómicos para aprobar, entre otras cosas, medidas muy restrictivas en el uso del fuego; y también un plan nacional de utilización de la biomasa forestal residual, esa que constituye un peligroso combustible. Asimismo, en aquella legislatura se crearon la UME y la Fiscalía Especial para los Delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo: dos potentes herramientas contra los incendios que se han venido reforzando desde entonces.
Veinte años después, el avance del cambio climático -más veloz de lo que la propia comunidad científica alertaba entonces- comporta incendios muchísimo más graves y más difíciles de extinguir. Además, en algunas zonas, se ha reducido ulteriormente la población y el aprovechamiento de los espacios forestales, factores muy negativos en términos de prevención de los incendios.
Por eso cada vez resulta más importante tener en cuenta esas nuevas circunstancias, que exigen reorientar las actuaciones tanto de prevención como de extinción (y de restauración) de los incendios forestales. En España tenemos magníficos expertos y profesionales, cuyas propuestas debemos integrar, cada administración en el ámbito de sus competencias, para prepararnos adecuadamente a la evolución del calentamiento global.
El momento de un pacto de Estado
A ello deberá contribuir significativamente la implementación por parte de las CCAA, en todo el territorio, de las leyes 4/2024 y 5/2024, que establecen respectivamente un Estatuto Básico para los agentes medioambientales y para los miembros de las BRIF, mejorando así sus condiciones laborales con la estabilidad y la formación necesarias.
Así que el pacto de Estado, social y político, frente a la emergencia climática, ofrecido por el presidente del Gobierno, llega a mi juicio en un momento muy oportuno. Solo quienes son prisioneros de un negacionismo radical pueden defender que el patrón de los incendios no ha cambiado, y que ello no supone una gravísima amenaza para la población y para ecosistemas tan valiosos como los que este año están siendo devorados por las llamas.
Estoy segura de que, al margen de sus preferencias como votantes, muchas de las personas que este año han vivido el fuego muy de cerca pueden dar testimonio del agravamiento de los incendios, aunque no hayan hasta ahora incorporado la emergencia climática en su análisis.
Sí, estamos ante un desafío que exige la responsabilidad de todos los responsables públicos, y también de la ciudadanía. Y plantear un pacto de Estado no es en absoluto una “huida hacia adelante” ni una “cortina de humo” de Pedro Sánchez, porque ese deseable pacto es perfectamente compatible con todas las actuaciones urgentes del Gobierno central, cuya prioridad actual es la de la extinción de los incendios y la ayuda a los afectados.
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