La organización Greenpeace ha manifestado su más "enérgico" rechazo a un posible pacto entre el PNV y el Gobierno para mantener la bonificación del diésel, como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), al "menoscabar" la transición ecológica y fomentar "una decisión que afecta negativamente a la salud pública".

En este sentido, la organización recuerda que el diésel es el principal responsable de la mala calidad del aire en entornos urbanos y si se continúa con su uso, esto impedirá garantizar un aire limpio así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), especialmente tras el "fraude masivo" realizado por las marcas en los sistemas de medición, conocido como 'diéselgate'.

"No es lógico que el diésel siga pagando menos impuestos que la gasolina cuando sabemos que es mucho más contaminante en sustancias como el NO2 o partículas cuyos niveles siguen excediendo los límites fijados por la UE y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la salud pública", ha denunciado el responsable de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernandez.

Para el responsable, el primer paso para lograr una transición ecológica justa "pasa por equiparar la fiscalidad del diésel". Además, la organización señala que el diésel es una tecnología en "claro retroceso" y cada vez más denostada por los consumidores y advierte acerca de las compañías de automóvil que solo mantendrán las fábricas que desarrollen tecnologías cero emisiones.

No solo firmar declaraciones de emergencia climática

 

"El PNV adopta una posición hipócrita con su defensa de la subvención al diésel, pues no solo contradice sus objetivos de reducción de emisiones sino que además pone en peligro el tejido industrial vasco. Apoyar la industria y el medio ambiente implica dejar atrás a los combustibles fósiles y no solo firmar declaraciones de emergencia climática", ha incidido Adrián Fernandez, que ha matizado que el Gobierno Vasco se comprometió a reducir las emisiones de CO2 en línea con el Acuerdo de París.

Además, también señalan al Gobierno y les recuerda que el compromiso con la transición ecológica se debe plasmar en una fiscalidad coherente con el principio de quien contamina, paga. Asimismo, insta al Ejecutivo a que no ceda en la equiparación fiscal del diésel.