La comisión judicial ha ejecutado este miércoles, 23 de septiembre, el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, en el cuarto intento de lanzamiento y después de que el Tribunal Supremo diera la razón a la propiedad.
Sanitarios del Samur la han sacado del edificio en camilla y la han trasladado al Hospital Gregorio Marañón. Su caso se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid.
Por qué ha sido desahuciada
El padre de Maricarmen firmó en 1956 el contrato de arrendamiento de la vivienda. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y, cuando esta murió en 2005, en su hija.
Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El edificio pasó en 2018 a Urbagestión Desarrollo e Inversión, empresa que, según denuncian los colectivos, trató de incrementar su alquiler un 275%, hasta 1.650 euros mensuales, una cantidad superior a su pensión.
La clave del conflicto es esa segunda subrogación. La propiedad sostuvo que solo podía prolongarse dos años, salvo que la beneficiaria tuviera reconocida una discapacidad superior al 65%. Maricarmen tiene reconocida una discapacidad del 50%.
La mujer obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, pero, tras varios recursos y resoluciones contradictorias, el Tribunal Supremo terminó fallando en marzo a favor de la empresa, lo que permitió reactivar el procedimiento de desalojo.
El primer intento de lanzamiento tuvo lugar en octubre de 2025 y fue suspendido la víspera. El último, el 2 de junio, también se aplazó a última hora.
Urbagestión rechaza la etiqueta de fondo buitre con la que la señalan los colectivos. En sus comunicados, la empresa sostiene que no es propietaria de ninguna otra vivienda y que no se trata de un fondo de inversión, sino de “una sencilla pyme”.
Cómo ha sido el desalojo
Vecinos y activistas han pasado la noche al raso frente al inmueble para tratar de impedir el desahucio, acompañados, entre otras personalidades de la cultura, por Ana Belén, Ignatius Farray, Rozalén y Marwan.
La comisión judicial ha llegado a las 9.30 horas. La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado que la defensa negoció durante alrededor de una hora con la comisión y con una procuradora de la propiedad, que rechazó suspender el lanzamiento pese a existir un escrito pendiente de resolución en el juzgado.
Según Duro, se alegaron razones humanitarias, la oferta de una donante anónima dispuesta a completar la renta y la coordinación de las administraciones para encontrar una alternativa habitacional. También se pidió un aplazamiento de entre quince días y un mes, que no fue aceptado.
“Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora ni de dos para sacar sus cosas más personales”, ha lamentado la letrada, que ha recalcado que Maricarmen “nunca ha dejado de pagar la renta”.
Durante la mañana se han producido momentos de tensión y empujones y alguna carga policial. Los agentes han retirado a las personas sentadas frente al portal y han abierto la puerta del edificio con un ariete.
La Policía ha establecido un perímetro de seguridad que en un primer momento ha impedido también el trabajo de la prensa. La Delegación del Gobierno se ha desmarcado del operativo, ha señalado que la Policía ha actuado bajo mandato de la comisión judicial y ha expresado su oposición al desahucio.
El Ministerio de Vivienda había criticado a la Comunidad de Madrid por no haber ofrecido un complemento de rentas para asumir el alquiler, y al Ayuntamiento por no haberse pronunciado sobre la vulnerabilidad de Maricarmen.
Fuentes municipales han rechazado estas acusaciones y han asegurado que los servicios sociales emitieron el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 y que se pusieron a su disposición recursos de alojamiento que ella rechazó. Entre ellos figuraba, según el Sindicato de Inquilinas, una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de “drama” la situación de Maricarmen, pero ha defendido que “los mandatos judiciales se tienen que obedecer”. Según las mismas fuentes municipales, la mujer ha optado por alojarse con familiares al salir del hospital.
Por qué se habla del ático
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha convocado concentraciones en 12 ciudades de España. En Madrid, cerca de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han concentrado frente al ático adquirido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Allí se ha repetido una de las consignas que ya se habían escuchado ante la casa de Maricarmen: “Para Maricarmen, el ático de Ayuso”.
El inmueble está en el paseo del General Martínez Campos, en Chamberí, y lo compró la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid. El Gobierno regional justificó la operación por la necesidad de contar “con un inmueble de carácter residencial o dependencias específicas” como apoyo a las sedes oficiales.
La Comunidad sacó el ático a la venta por 6,7 millones de euros, pero la subasta quedó desierta. Planifica Madrid lo ha vuelto a subastar por 6.694.201 euros, con plazo para presentar ofertas hasta el 21 de octubre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el desahucio de “tragedia social” y ha reprochado al Ayuntamiento y a la Comunidad que estén “más preocupados en comprar aticazos”. También ha prometido llevar al Parlamento “de manera urgente” un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fecha.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recordado que el Gobierno ha llevado en tres ocasiones al Parlamento durante el último año una propuesta para prohibir los desahucios, rechazada por la mayoría de la Cámara.
Los sindicatos de inquilinas, por su parte, han reprochado al Gobierno que no haya impedido el desahucio y que mantenga “en un cajón” el decreto anunciado en junio, y a PP, Vox y Junts que votaran en contra de la moratoria antidesahucios.
El caso coincide con los datos del módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del INE, según el cual el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda en 2025 sin llegar a cambiar de residencia.
Entre estas personas, el 67,2% señaló el precio excesivo como motivo principal. La Comunidad de Madrid (10,2%) fue la segunda con mayor porcentaje de búsqueda sin éxito, solo por detrás de Illes Balears (10,6%).
La encuesta recoge además que el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años convivía con alguno de sus padres. En este grupo, el 34,6% lo hacía porque no podía permitirse alquilar y el 12,7% porque no podía comprar una vivienda.
Los sindicatos han anunciado, además, que del 24 al 27 de septiembre tendrá lugar en Madrid una contracumbre internacional de sindicatos de vivienda con un centenar de organizaciones de distintos países.
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