El 76,2% de los hogares con vivienda en propiedad asegura que no ha mejorado la eficiencia energética de su vivienda o edificio porque considera que “es muy caro”, según revela la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) en su módulo sobre energía y medioambiente publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sumario

 

El estudio, basado en una muestra de 72.000 personas recogida entre febrero y mayo de 2025, dibuja un panorama marcado por la brecha económica en la transición energética doméstica, pero también por avances en hábitos ambientales como el reciclaje.

 

Coste, principal barrera

 

Los datos del INE ponen de manifiesto que el precio sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en la rehabilitación energética del parque residencial. Entre los hogares propietarios que no han realizado mejoras, más de tres cuartas partes señalan el coste como razón determinante, muy por encima de otras barreras como los problemas administrativos (2,6%) o la dificultad para encontrar profesionales (1,8%), que aparecen como factores minoritarios.

En términos generales, solo el 19,5% de los hogares residía en 2025 en viviendas donde se había acometido alguna reforma de eficiencia energética en los últimos cinco años, como mejoras en el aislamiento térmico o en los sistemas de calefacción. Frente a este grupo, un 34,4% no había realizado reformas pese a considerarlas necesarias, lo que evidencia una demanda latente bloqueada principalmente por motivos económicos.

Por otro lado, el 46% de los hogares no había llevado a cabo actuaciones ni consideraba que fueran necesarias, lo que sugiere también una percepción desigual sobre la necesidad de mejorar la eficiencia energética en función de factores como la antigüedad de la vivienda o el nivel de ingresos.

 

Brecha según ingresos

 

El análisis del INE refleja con claridad una desigualdad socioeconómica en la necesidad de rehabilitación energética. El porcentaje de hogares que declara necesitar mejoras es significativamente mayor entre los de ingresos bajos (41%) que entre los de ingresos más altos (25,3%).

Esta diferencia se acentúa especialmente en viviendas antiguas. Entre los hogares con menos recursos que residen en edificios construidos antes de 1960, más de la mitad (51,2%) considera necesarias mejoras energéticas, mientras que en los hogares con mayor renta esa proporción se reduce al 27,5%.

Estos datos apuntan a un doble desafío: por un lado, la necesidad de intervenir en un parque inmobiliario envejecido y, por otro, la urgencia de facilitar el acceso a financiación o ayudas públicas para evitar que la transición energética amplíe las desigualdades existentes.

 

Reciclaje al alza

 

Frente a las dificultades en materia de eficiencia energética, la encuesta del INE muestra una evolución positiva en los hábitos de reciclaje, especialmente en el caso de los envases plásticos. En 2025, el 79% de los hogares afirma reciclar “siempre o casi siempre” las botellas de plástico, consolidando una práctica cada vez más extendida en la sociedad española.

En el extremo opuesto, un 9,2% reconoce no reciclar “nunca o casi nunca”, lo que indica que, aunque mayoritaria, la práctica aún no es universal.

Por comunidades autónomas, destacan como las más comprometidas con el reciclaje la Comunidad Foral de Navarra (94,7%), Baleares (88,5%) y el País Vasco (87,7%). En cambio, los niveles más bajos se registran en la Región de Murcia (65,9%), Extremadura (69,6%) y Castilla-La Mancha (71,1%), evidenciando diferencias territoriales significativas.

 

Acceso a espacios verdes

 

El estudio también analiza el acceso a zonas verdes, un indicador clave de bienestar urbano. En 2025, el 64,6% de los hogares vivía a menos de 400 metros de un espacio verde público, lo que refleja una disponibilidad relativamente amplia, aunque con matices según nivel de renta y territorio.

Los hogares con mayores ingresos disponen de acceso cercano a zonas verdes con ligeramente mayor frecuencia (67,1%) que los de menor renta (62,5%), lo que sugiere una cierta desigualdad en la calidad del entorno urbano.

Por comunidades autónomas, los mayores porcentajes se registran en Navarra (77,5%), Castilla y León (75,9%) y La Rioja (74,2%), mientras que los valores más bajos corresponden a Canarias (49,9%), Baleares (57,7%) y Andalucía (61,2%).

 

Predominio del coche

 

En materia de movilidad, la encuesta confirma que el coche sigue siendo el principal medio de transporte en España. En 2025, el 53,5% de las personas de 16 o más años lo utilizó como medio habitual, muy por delante del transporte público (25,4%) y de los desplazamientos a pie (16,3%).

La edad influye de forma notable en estos hábitos. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el transporte público es el medio más utilizado (43,4%), mientras que en el resto de grupos de edad predomina claramente el coche, especialmente entre los 30 y 64 años.

El tamaño del municipio también resulta determinante. En localidades de menos de 10.000 habitantes, el 73,5% de los residentes utiliza el coche, frente al 29,6% en ciudades más grandes. Por el contrario, el transporte público es mayoritario en los municipios más poblados, donde alcanza al 48,8% de la población, frente al 10,9% en los entornos rurales.

 

Movilidad y desigualdad

 

El informe señala además que el 68,3% de las personas de 16 a 65 años que trabajan o estudian puede llegar a su destino en menos de una hora utilizando transporte público, bicicleta o a pie. Este porcentaje aumenta en las grandes ciudades (74,8%) y disminuye en los municipios pequeños (60,3%), lo que evidencia una brecha territorial en el acceso a alternativas sostenibles.

Asimismo, el nivel de ingresos condiciona la disponibilidad de vehículo. Casi cuatro de cada diez hogares de menor renta no disponen de coche, frente a uno de cada diez en los de mayor renta. Además, los hogares con menos recursos tienden a tener vehículos más antiguos, mientras que los de mayor renta cuentan con coches más nuevos y, con mayor frecuencia, más de uno.

En conjunto, la encuesta del INE refleja un escenario en el que los avances en hábitos ambientales conviven con importantes barreras económicas y desigualdades estructurales, especialmente en ámbitos clave como la eficiencia energética y la movilidad sostenible.