Combustibles fósiles destruyen ecosistemas y socavan derechos de 2.000 millones de personas

El ciclo de vida completo de los combustibles fósiles destruye ecosistemas naturales "irremplazables" y socava los derechos humanos de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, que viven a menos de cinco kilómetros de más de 18.000 emplazamientos de infraestructuras de combustibles fósiles en funcionamiento repartidos por 170 países de todo el mundo.

Una cuarta parte de la población mundial

Esta es la principal conclusión del nuevo informe que Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) han publicado este miércoles, mientras se celebra la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil). Para llegar a ella, BLP ha mapeado la escala de exposición a las infraestructuras de combustibles fósiles mediante la superposición de información sobre la ubicación conocida de dichas infraestructuras con datos poblacionales en cuadrículas, indicadores de ecosistemas críticos, cifras sobre emisiones diarias globales en cuadrículas y números sobre la tenencia de la tierra por parte de los pueblos indígenas.

El estudio, que lleva por título Extinción por extracción: Por qué el ciclo de vida de los combustibles fósiles amenaza la vida, la naturaleza y los derechos humanos ⁽¹⁾, incide en que 520 millones de los 2.000 millones de personas afectadas por los combustibles fósiles son niños y niñas. De hecho, subraya que al menos 463 millones de menores viven a menos de un kilómetro de las instalaciones, por lo que están expuestos a riesgos ambientales y de salud "mucho mayores".

520 millones de los 2.000 millones de personas afectadas por los combustibles fósiles son niños y niñas 

 

32% de las instalaciones se solapan con uno o más "ecosistemas críticos"

Los pueblos indígenas son otro grupo que a su juicio también está expuesto de manera "desproporcionada" a los combustibles fósiles: de acuerdo con la investigación, más del 16% de este tipo de infraestructuras se encuentran en territorios indígenas en todo el mundo. Por otro lado, añade que un mínimo de un 32% de las instalaciones de combustibles fósiles existentes que se han mapeado se solapan con uno o más "ecosistemas críticos".

El sector de los combustibles fósiles sigue en expansión

Los autores han denunciado cómo, de forma paralela a esto, el sector de los combustibles fósiles "sigue en expansión". Así, recuerda que hay más de 3.500 infraestructuras relacionadas con los combustibles fósiles propuestas, en desarrollo o en construcción en todo el mundo. "Las cifras de BPL sugieren que dicha expansión podría poner en riesgo al menos a 135 millones de personas más. Hay que destacar que se prevé un aumento del número de proyectos de petróleo y gas en todos los continentes, mientras que el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India", han lamentado.

Se prevé un aumento del número de proyectos de petróleo y gas en todos los continentes, mientras que el número de centrales y minas de carbón está aumentando principalmente en China y en India

De acuerdo con la investigación, es "probable" que las conclusiones de BPL subestimen las "verdaderas" dimensiones globales debido a las discrepancias en la documentación de los proyectos de combustibles fósiles y a la limitada información censal disponible en los distintos países. Aím así, los autores ponen en valor que este constituye el "primer" ejercicio de mapeo de este tipo con el fin de estimar la magnitud potencial del daño global causado por las instalaciones de producción de combustibles fósiles existentes y futuras.

El informe también utiliza datos de fuentes abiertas y la teledetección para corroborar y visualizar los resultados que fueron complementados con los resultados y conclusiones de investigaciones anteriores de Amnistía Internacional y con las campañas en curso contra las colosales empresas petroleras y gasísticas de Ecuador, Colombia y Nigeria.

Defensores de los derechos ambientales

A su vez, el estudio también se basa en entrevistas realizadas a más de 90 personas en colaboración con la Clínica de Derechos Humanos de la Familia Smith de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia (EEUU), entre ellas personas directamente afectadas de comunidades pesqueras artesanales de Brasil (bahía de Guanabara), defensores indígenas de la tierra en Canadá (territorio de la nación Wet'suwet'en) y comunidades costeras de Senegal (delta del Saloum), personalidades académicas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales.

Por esta parte, el texto muestra que todos los defensores de los derechos ambientales y de las tierras indígenas entrevistados por Amnistía Internacional se enfrentaban a graves riesgos para su seguridad, a menudo derivados de conflictos con empresas cuyas actividades amenazan los modos de vida tradicionales y la integridad de los ecosistemas, así como a una "guerra jurídica" por parte de los negocios y del propio Estado, que "abusan de las acciones legales, incluidos los procesos penales, para silenciar, deslegitimarles e intimidarles".

Todos los defensores de los derechos ambientales y de las tierras indígenas entrevistados por Amnistía Internacional se enfrentaban a graves riesgos para su seguridad, a menudo derivados de conflictos con empresas cuyas actividades amenazan los modos de vida tradicionales y la integridad de los ecosistemas, así como a una "guerra jurídica" por parte de los negocios y del propio Estado, que "abusan de las acciones legales, incluidos los procesos penales, para silenciar, deslegitimarles e intimidarles"

Además, miembros de las comunidades que viven en las proximidades de las infraestructuras de combustibles fósiles condenaron la falta de consultas directas y significativas y la falta de transparencia por parte de las empresas. Muchas de estas personas afirmaron que no conocían plenamente el alcance de las actividades en curso o los planes de expansión de los operadores y declararon que no habían dado su consentimiento a los proyectos que afectaban a su territorio.

Desequilibrio de poder entre las comunidades y las empresas operadoras

A juicio de la investigadora y asesora jurídica sobre justicia climática de Amnistía Internacional, Candy Ofime, los Estados deben investigar las amenazas físicas y por Internet a las que se enfrentan los defensores y poner en marcha programas de protección sólidos para garantizar que las voces críticas que abogan por una transición energética urgente y equitativa puedan configurar la acción climática de forma segura y significativa".

"La mayoría de los grupos afectados condenaron el desequilibrio de poder entre sus comunidades y las empresas operadoras, así como la falta de soluciones eficaces. La era de los combustibles fósiles está llegando inevitablemente a su fin y los Estados deben dejar de criminalizar a los defensores de los derechos ambientales que luchan por proteger sus comunidades", ha señalado.

La era de los combustibles fósiles está llegando inevitablemente a su fin y los Estados deben dejar de criminalizar a los defensores de los derechos ambientales que luchan por proteger sus comunidades

En líneas generales, Amnistía Internacional que las medidas adoptadas por los gobiernos para eliminar los combustibles fósiles han sido "totalmente insuficientes" a pesar de los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre el clima y de los repetidos llamamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se haga.

Adopción y aplicación de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

En este sentido, denuncia que los combustibles fósiles siguen representando el 80% del suministro mundial de energía primaria, a la vez que el sector está "intensificando sus esfuerzos para ejercer una influencia indebida en los foros sobre política climática con el fin de impedir su rápida eliminación".

A juicio de la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, los Estados deben emprender una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, así como una transición justa hacia energías renovables producidas de manera compatible con los derechos humanos. "Amnistía Internacional insta urgentemente a la adopción y aplicación de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles", ha recalcado.