Una comisión europea de expertos de la ONU ha emplazado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar la emergencia de salud pública a nivel internacional por los efectos sanitarios del cambio climático sobre la población mundial, en vísperas de la Asamblea Mundial de la Salud que comienza este lunes en Ginebra, ante el aumento de los riesgos asociados al calentamiento global y, en particular, a sus consecuencias en Europa.
Emergencia médica global
La Comisión Paneuropea de Expertos sobre Cambio Climático y Salud-Llamamiento a la Acción ha publicado un informe en el que plantea que la OMS active la emergencia más alta en la escala sanitaria internacional por los impactos que tendrá la crisis climática en la salud de la población del planeta.
El documento alerta de forma específica sobre la situación de Europa, un continente que, según recoge el informe, se calienta el doble que la media global desde mediados de los años 90. Esta evolución sitúa al territorio europeo en una posición especialmente vulnerable ante los efectos sanitarios del calentamiento.
Entre las medidas propuestas, la comisión pide que la OMS cree un centro de información climática destinado a aportar verificación de datos y previsiones con base científica. El objetivo es reforzar la respuesta institucional ante los impactos del cambio climático sobre la salud pública.
El informe también insta a los gobiernos nacionales a integrar la crisis climática en sus políticas de seguridad nacional y sanitaria. La comisión defiende que la planificación sanitaria debe incorporar los riesgos climáticos como una dimensión central de la protección de la población.
Subsidios bajo revisión
Una de las principales advertencias del informe se centra en los subsidios a los combustibles fósiles y agrarios, que los expertos consideran incompatibles con una estrategia de protección de la salud. La comisión sostiene que estas ayudas contribuyen a sostener actividades con efectos negativos sobre el aire, el agua, el suelo y los sistemas alimentarios.
Como ejemplo, el documento destaca que los subsidios al combustible superaban en 2023 el 10% del gasto sanitario en doce países europeos. Además, en cuatro países, estas ayudas eran incluso mayores que el propio gasto sanitario, lo que, según los expertos, evidencia una contradicción en las prioridades públicas.
“Los subsidios a los combustibles fósiles y agrarios financian directamente perjuicios a la salud, desde la contaminación del aire, el agua y el suelo hasta la ganadería intensiva”, han alertado los expertos en el informe difundido por la comisión.
Por ello, el documento propone retirar de forma gradual estos subsidios y destinar esos recursos a actuaciones con beneficios sanitarios y climáticos. Entre las alternativas señaladas figuran las energías renovables, el transporte público y una dieta saludable y sostenible.
La comisión plantea así una reorientación de fondos hacia políticas que reduzcan los daños asociados al cambio climático y, al mismo tiempo, mejoren la salud de la población. Esta visión vincula de forma directa la financiación pública con la prevención de riesgos sanitarios.
Impactos sobre la salud
De aceptarse la propuesta, sería la segunda vez que se declarara la emergencia de salud pública a nivel internacional, después de su creación y declaración durante la pandemia de coronavirus de 2020, según recoge el teletipo.
La comisión fue creada por la OMS el año pasado con el objetivo de elaborar recomendaciones prácticas y asequibles para el sector sanitario. Entre esas medidas figuran los sistemas de alerta temprana ante olas de calor, uno de los fenómenos asociados al cambio climático con impacto directo en la salud.
Este organismo asesor independiente está liderado por la ex primera ministra de Islandia Katrín Jakobsdóttir. También forman parte de la comisión el director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, y el exministro de Sanidad alemán Karl Lauterbach.
Lauterbach ha advertido de que la quema de combustibles fósiles causa unas 600.000 muertes al año en Europa. A esa cifra, según ha señalado, habría que añadir otras 60.000 muertes por calor, lo que refuerza la petición de reconocer la dimensión sanitaria de la crisis climática.
“Es momento de reconocer que estamos ante una emergencia médica”, ha planteado Lauterbach en declaraciones a la agencia de noticias DPA. Su intervención sitúa el debate climático dentro del ámbito sanitario y no solo como una cuestión ambiental o energética.
La presidenta de la comisión, Katrín Jakobsdóttir, ha subrayado por su parte la base científica que respalda estas advertencias. Según ha destacado, los avances en este campo permiten atribuir cada vez con más precisión el aumento de los efectos en la salud al cambio climático inducido por la especie humana.
“Los avances científicos hacen cada vez más posible atribuir el aumento de los efectos en la salud al cambio climático inducido por la especie humana”, ha planteado Jakobsdóttir, en una advertencia que refuerza la necesidad de actuar desde las instituciones sanitarias.
La ex primera ministra islandesa también ha puesto de relieve los beneficios de responder de forma decidida a la crisis climática. A su juicio, esa respuesta no representa únicamente una necesidad sanitaria, sino también una inversión de gran rentabilidad para construir una sociedad más justa y resistente.
“No es solo una necesidad, sino que es además una inversión de gran rentabilidad para una sociedad más justa y resistente”, ha destacado Jakobsdóttir, en referencia a las medidas de adaptación y mitigación vinculadas a la salud.
La petición de la comisión llega coincidiendo con el inicio, este lunes, de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. La cita reúne a altos cargos del sistema sanitario y expertos, en un contexto en el que la relación entre cambio climático y salud pública gana peso en la agenda internacional.
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