Los países de la Unión Europea (UE) han acordado retrasar un año la aplicación de varias obligaciones de control de las emisiones de metano asociadas a las importaciones de gas natural, petróleo y carbón. La decisión, adoptada este viernes, busca evitar nuevas presiones sobre el suministro energético europeo ante las perturbaciones de los mercados provocadas por el conflicto en Oriente Próximo.
El Consejo de la UE ha respaldado sin modificaciones la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 14 de octubre, que plantea aplazar determinadas exigencias de seguimiento, información y verificación de las emisiones contaminantes. Los Estados miembros mantienen así el fondo de la iniciativa de Bruselas.
Los controles comenzarán en 2028
Según el acuerdo, los importadores de gas natural, petróleo y carbón deberán comenzar a aplicar estos controles el 1 de enero de 2028, en lugar de enero de 2027, como establece la legislación actual. Los controles consisten en el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de metano.
La medida afecta a la normativa comunitaria sobre el metano, aprobada en mayo de 2024 y en vigor desde agosto de ese mismo año. Se trata del Reglamento (UE) 2024/1787, que introdujo requisitos de medición, notificación y verificación de las emisiones de metano en el sector energético, así como exigencias de transparencia para las importaciones de petróleo crudo, gas natural y carbón.
Según el Consejo, el metano es responsable de alrededor del 30 % del calentamiento global. Su aplicación introduce obligaciones destinadas a mejorar el conocimiento y la supervisión de las emisiones relacionadas con los combustibles fósiles.
El aplazamiento también modifica otros plazos. La obligación de informar sobre la intensidad de metano, tanto para las empresas importadoras como para las productoras europeas, se trasladará del 5 de agosto de 2028 al 5 de agosto de 2029.
Por su parte, los límites máximos permitidos comenzarían a aplicarse el 5 de agosto de 2031, también un año después de la fecha inicialmente prevista, que era el 5 de agosto de 2030. Estos topes afectarían igualmente a importadores y productores de la Unión.
En conjunto, el Consejo pospone un año tres bloques de requisitos: el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones por parte de los importadores; la notificación de la intensidad de metano; y los límites máximos de intensidad. Se trata de una modificación específica que afecta a disposiciones concretas del reglamento.
Posibles nuevos aplazamientos
Además de modificar el calendario, los Veintisiete plantean que la Comisión Europea evalúe antes del 30 de septiembre de 2027 si existen las condiciones necesarias para poner en marcha las nuevas obligaciones.
Entre los requisitos figura disponer de suficientes verificadores independientes capaces de comprobar los informes sobre emisiones, así como de normas de desarrollo de la UE que faciliten el intercambio de información sobre las emisiones de metano entre productores e importadores.
La evaluación también comprobará si existen procedimientos equivalentes de verificación y seguimiento por parte de terceros en países no pertenecientes a la UE.
Si estas condiciones no se cumplen, Bruselas podrá aprobar nuevos aplazamientos mediante normas de desarrollo. También tendrá la posibilidad de proponer modificaciones legislativas adicionales si persisten las dificultades de aplicación o aparecen riesgos para la seguridad del abastecimiento energético.
Esta flexibilidad pretende evitar que las exigencias administrativas y técnicas de la normativa generen problemas adicionales en el mercado energético europeo.
El ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O'Brien, defendió que Europa necesita más que nunca suministros de energía seguros y fiables. Calificó el acuerdo de enfoque pragmático que responde a las presiones del mercado energético y mantiene el liderazgo mundial de la UE en la reducción de las emisiones de metano.
Pendiente del Parlamento Europeo
La posición acordada por los Estados miembros no supone todavía la aprobación definitiva de la reforma. El texto deberá negociarse con el Parlamento Europeo para establecer el calendario que finalmente se incorporará a la legislación comunitaria.
La Eurocámara adoptó el 22 de octubre su propia posición, favorable a aplazar tres años –dos más de los que propone la Comisión– determinadas exigencias para los importadores de petróleo, gas y carbón. La votación obtuvo 341 votos a favor, 225 en contra y 6 abstenciones.
Las posiciones de ambas instituciones difieren, por tanto, en la duración del aplazamiento: un año el Consejo y tres años el Parlamento.
Los líderes de la UE, reunidos en la cumbre del 15 y 16 de octubre, acogieron favorablemente la propuesta de la Comisión en el marco de la respuesta europea a los elevados precios de la energía.
La presidencia irlandesa del Consejo trabaja para alcanzar cuanto antes un acuerdo con el Parlamento. El objetivo es cerrarlo antes de finales de 2026, dado que las primeras obligaciones afectadas deberían entrar en vigor el 1 de enero de 2027.
De prosperar la modificación, la UE mantendrá las exigencias de control de metano previstas en su normativa, pero retrasará su aplicación para dar más tiempo a las empresas y a las instituciones encargadas de verificar su cumplimiento.
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