La Coordinadora Valenciana de ONGD ha reclamado este miércoles, 28 de octubre, a las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de políticas contundentes de prevención y mitigación frente a la crisis climática, ante el riesgo de nuevos desastres naturales. La petición llega cuando está a punto de cumplirse el segundo aniversario de la dana que afectó a la provincia de València el 29 de octubre de 2024 y después de un nuevo episodio de inundaciones asociado a Adam. Las organizaciones también han exigido garantías para la protección del personal humanitario que interviene en situaciones de emergencia.
Prevención ante los desastres climáticos
El presidente de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Enrique Asensi, ha advertido de la necesidad de adoptar medidas eficaces frente a los efectos del cambio climático y ha criticado las posiciones negacionistas que, según ha señalado, siguen presentes entre algunos representantes políticos.
La Comunitat Valenciana figura entre las regiones más expuestas a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático
Asensi ha vinculado la emergencia climática con fenómenos como las danas y los incendios cada vez más agresivos, cuyos efectos podrían intensificarse en el futuro. En este contexto, ha recordado que la Comunitat Valenciana figura entre las regiones más expuestas a las catástrofes naturales derivadas del cambio climático.
La entidad considera prioritario que las administraciones desarrollen estrategias capaces de responder a futuras emergencias, con actuaciones que permitan reducir sus consecuencias sobre la población y los territorios afectados. La reivindicación se produce en un momento en el que todavía continúan las labores de recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones de 2024.
Todavía continúan las labores de recuperación de los daños ocasionados por las inundaciones de 2024
Junto a esta exigencia, las organizaciones de cooperación y acción humanitaria han expresado su preocupación por los crecientes ataques contra las entidades solidarias que participan en la respuesta a catástrofes, conflictos y otras crisis.
Según ha denunciado Asensi en un comunicado, durante las primeras semanas posteriores a la dana se cuestionó el trabajo de más de 50 organizaciones que habían puesto sus recursos y conocimientos al servicio de las poblaciones afectadas. El presidente de la Coordinadora ha relacionado estas críticas con situaciones de persecución y criminalización que también sufren las entidades humanitarias en otras partes del mundo.
Ante esta situación, las ONG han reivindicado su papel esencial en la asistencia y protección de personas vulnerables y han pedido que se garantice un entorno seguro para desarrollar su actividad. Consideran que la protección del personal humanitario y de las organizaciones de la sociedad civil resulta especialmente necesaria en un escenario marcado por múltiples crisis.
Reconstrucción social y apoyo educativo
Casi dos años después de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, más de una decena de organizaciones de cooperación internacional siguen participando en la reconstrucción social, laboral y emocional de los municipios afectados. Estas actuaciones se desarrollan en coordinación con las poblaciones damnificadas y las administraciones locales.
Durante el último año, las entidades han concentrado buena parte de sus esfuerzos en el refuerzo educativo, la protección de la infancia y el bienestar emocional, mediante actividades de ocio seguro, acompañamiento psicosocial y programas destinados a fortalecer las relaciones comunitarias.
En este ámbito, Save the Children ha coordinado a diez entidades locales que han proporcionado apoyo socioeducativo diario a más de 500 menores y sus familias. La intervención también ha incluido ayudas económicas y formación especializada para profesionales que trabajan en situaciones de emergencia.
Por su parte, Entreculturas ha puesto en marcha el Espai Xarxa en Paiporta y ha desarrollado talleres socioeducativos en Sedaví. FAD Juventud ha impulsado el proyecto Jóvenes y Resilientes, orientado al bienestar emocional, mientras que UNICEF España ha colaborado con los municipios de Massanassa, Catarroja y Quart de Poblet para incorporar los derechos de la infancia a los procesos de reconstrucción.
La participación de los y las jóvenes también ha formado parte de las actuaciones. Plan International ha promovido iniciativas relacionadas con el derecho a la educación, las competencias digitales y la participación juvenil. A su vez, Ayuda en Acción ha trabajado con centros educativos mediante itinerarios de resiliencia climática y ha desarrollado el programa Impulsa Empleo Joven, destinado a facilitar oportunidades formativas y laborales en los sectores del comercio y la logística.
Otras iniciativas han apostado por la recuperación de los espacios de convivencia. Fundación por la Justicia ha reabierto el Espai Comunitari de Catarroja y ha impulsado actividades de expresión artística. Juntos por la Vida ha ofrecido apoyo lúdico y emocional a menores mediante el Ludobús, además de promover el envejecimiento activo y las relaciones entre generaciones.
La salud mental y la cohesión comunitaria han ocupado igualmente un lugar destacado en la respuesta humanitaria. Farmamundi ha desarrollado programas que han llegado a unas 4.000 personas, con talleres de teatro social, acompañamiento a personas mayores y población migrante, así como actividades de preparación ante posibles catástrofes.
En paralelo, Movimiento por la Paz (MPDL) ha prestado atención psicosocial, mediación para facilitar el acceso a una vivienda digna y orientación jurídica a colectivos vulnerables. La organización también ha impartido formación profesional en atención sociosanitaria y animación sociocultural.
Por su parte, Cáritas Diocesana de València ha combinado la cobertura de necesidades básicas con el fortalecimiento de proyectos comunitarios y de atención a la infancia, dentro de las actuaciones dirigidas a favorecer la recuperación de las poblaciones afectadas.
Recuperación económica y asesoramiento jurídico
La reconstrucción también ha incluido medidas destinadas a favorecer la recuperación económica y el acceso al empleo, mediante programas de formación, inserción laboral, orientación jurídica y ayudas para reactivar pequeños negocios y actividades productivas.
En este ámbito, Jovesólides ha atendido a más de 700 personas en 25 municipios y ha realizado más de 170 asesorías jurídicas. Estas intervenciones forman parte de los recursos de acompañamiento ofrecidos a quienes continúan afrontando dificultades derivadas de la catástrofe.
Por su parte, Oxfam Intermón ha acompañado a 23.703 personas en 40 municipios y localidades afectadas por la dana, con especial atención a quienes encontraban mayores barreras para avanzar en su recuperación.
La organización ha distribuido más de 800.000 euros en ayudas económicas directas y ha proporcionado más de 850 apoyos destinados a cubrir necesidades básicas. También ha acompañado cerca de 500 trámites de regularización administrativa, de los cuales un 90 % ha obtenido una autorización favorable.
Las organizaciones mantienen su trabajo en ámbitos que abarcan desde la educación y el bienestar emocional hasta el empleo, la asistencia jurídica y el fortalecimiento de las comunidades
Además, Oxfam Intermón ha respaldado la recuperación de 22 pequeños negocios y 35 explotaciones y profesionales agrarios, dentro de las actuaciones dirigidas a restablecer la actividad económica en las zonas damnificadas.
El conjunto de estas iniciativas refleja la continuidad de la intervención humanitaria en los municipios valencianos más allá de la respuesta inmediata a las inundaciones. Las organizaciones mantienen su trabajo en ámbitos que abarcan desde la educación y el bienestar emocional hasta el empleo, la asistencia jurídica y el fortalecimiento de las comunidades.
La ONGD insiste en la necesidad de combinar la prevención de futuros desastres climáticos con la protección de quienes trabajan para atender sus consecuencias
En este contexto, la Coordinadora Valenciana de ONGD insiste en la necesidad de combinar la prevención de futuros desastres climáticos con la protección de quienes trabajan para atender sus consecuencias, y reclama a las administraciones un compromiso eficaz tanto con la seguridad de la población como con la labor de las entidades humanitarias.
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