Las administraciones públicas españolas concedieron 7.915,3 millones euros en el 2024 a actividades y empresas relacionadas directamente con la pérdida de biodiversidad: el 90% al sector agrario, el 7% al forestal y el 3% al pesquero. En comparación, el presupuesto público anual para la conservación y restauración de la naturaleza, sumando Presupuestos Generales del Estado (PGE) y fondos europeos, es de 2.000 millones de euros, cuatro veces inferior.

 

Incoherencia fiscal

 

A juicio de Ecologistas en Acción, estos datos evidencian "una incoherencia fiscal". "La brecha financiera nacional para cumplir con el Convenio sobre la Diversidad Biológica es de 3.500 millones de euros. Reformar, reconducir o eliminar (estos incentivos perjudiciales para la biodiversidad) resolvería este déficit", ha recalcado.

Esta es la principal conclusión del informe Incentivos Perversos (1) que la ONG ha publicado este martes en colaboración con Economistas sin Fronteras. La investigación, que ha durado un año, ha indagado en los datos oficiales de las cuentas nacionales y autonómicas para analizar las políticas fiscales de las que se benefician los sectores agrario, pesquero y forestal y su impacto en los ecosistemas y la extinción de especies.

Con él, la organización ecologista ha recalcado que los gobiernos han incumplido su objetivo de transformar el 50% de las subvenciones perjudiciales con la biodiversidad en 2025, tal y como establece el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030. Según recuerda, abordar esta cuestión es una obligación incluida Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

"El Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural --suelo, agua, bosques, mares y especies-- al financiar actividades que aceleran su deterioro"

"El Estado español no solo incumple compromisos internacionales, también perjudica su propio patrimonio natural --suelo, agua, bosques, mares y especies-- al financiar actividades que aceleran su deterioro", ha indicado.

Según ha señalado, las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario, pero que sin embargo "el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies". "Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación y restauración de la naturaleza es una oportunidad para avanzar hacia políticas fiscales que protejan la biodiversidad y la economía rural y costera más vulnerable", ha defendido.

 

El 84% de subvenciones problemáticas son ayudas directas como la PAC

 

A través de esta investigación --"la primera en este campo realizado en España"--, Ecologistas en Acción ha explicado que el 84% de las subvenciones "más problemáticas" con respecto a la pérdida de la biodiversidad son ayudas directas, mientras que el 13% restante se corresponde a distintos tipos de exenciones fiscales para combustibles y tóxicos en la agricultura.

El análisis también incluye una evaluación de las exenciones fiscales y pone en la diana en aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional

Nuestra investigación desvela cómo el sistema de subvenciones públicas beneficia a grandes empresas y 'lobbies'. Margina a los colectivos más vulnerables del sector primario y pone en riesgo nuestro futuro amenazando ecosistemas y extinguiendo especies. #IncentivosPerversos

— Ecologistas en Acción (@ecologistasenaccion.org) 2026-02-24T09:59:02.495Z

Según ha detallado, la mayoría de las ayudas directas "problemáticas" provienen de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA). A su vez, también han señalado fondos europeos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal. A su vez, el análisis también incluye una evaluación de las exenciones fiscales y pone en la diana en aquellas que benefician a plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

Desde su punto de vista, habría que reformular el 79% de las medidas estudiadas y eliminar el 11%. El 10% restante ya está eliminado. "La suma subvencionada en el 2024 de las líneas propuestas para su eliminación asciende a 830,9 millones de euros. Reorientar esos fondos para la conservación de la biodiversidad ayudaría a reducir la brecha financiera una cuarta parte", ha indicado.

Referencias