En el Día Mundial del Medio Ambiente, SEO/BirdLife denuncia el retraso en la aplicación de las leyes de Cambio Climático y de Patrimonio Natural en España. Aunque estas normas existen desde hace años, su ejecución es insuficiente, lo que impide una respuesta efectiva ante la emergencia climática y la crisis de biodiversidad. Reclama un compromiso firme de las administraciones públicas para hacer efectivas estas leyes y garantizar el derecho a un medio ambiente sano.

 

Legislación ambiental española

 

Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, afirma que “la legislación ambiental española es, en muchos aspectos, sólida y avanzada; lo que falla es su aplicación. La falta de una coordinación eficaz entre el Estado y las comunidades autónomas está frenando la implementación de las políticas necesarias para hacer frente a la crisis global. Esto pone de manifiesto que, sin una verdadera gobernanza ambiental coordinada, no podemos avanzar con eficacia para afrontar los grandes retos ambientales”.

“Sin justicia ambiental no habrá justicia social. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, exigimos un compromiso institucional claro para cumplir con las leyes. Esto solo es posible con un sistema de evaluación robusto, con indicadores verificables que funcionen como un verdadero cuadro de mandos ambiental y que sean debatidos anualmente en el Congreso, con transparencia y ambición”.

 

Compromisos incumplidos

 

Cuatro años después de su aprobación, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sigue sin aplicarse eficazmente. Faltan compromisos clave como la creación del Comité de Personas Expertas, la implementación de una fiscalidad verde y el blindaje ambiental. Esta inacción compromete la capacidad de España para cumplir sus objetivos climáticos y garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible

Uno de los incumplimientos más significativos es el retraso en la implementación de la fiscalidad ambiental. Según el artículo 11 de la Ley de Cambio Climático, se debe identificar cada año las ayudas fiscales a los combustibles fósiles y establecer un calendario para su revisión y eliminación gradual. Sin embargo, cuatro años después, no se ha adoptado ningún calendario ni se han anunciado avances al respecto. A pesar de que el Gobierno recibió en 2022 el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que incluía propuestas concretas para impulsar una fiscalidad verde, estas recomendaciones aún no se han traducido en medidas normativas. Esta falta de acción obstaculiza los objetivos de descarbonización y debilita la efectividad de la ley.

La zonificación ambiental vinculante para energías renovables, prevista en la Ley de Cambio Climático, aún no se ha desarrollado. Esta herramienta debía identificar áreas sensibles para evitar impactos sobre la biodiversidad, pero su falta de implementación está permitiendo la expansión de proyectos en zonas de alto valor ecológico, generando conflictos con comunidades rurales y afectando la conservación.

La Ley de Cambio Climático exige evaluar la adaptación de los espacios protegidos al cambio climático, pero no se han publicado avances. La revisión de planes de gestión, que debe incluir medidas específicas de adaptación y conectividad ecológica, apenas se ha realizado. Esta falta de implementación afecta a la protección efectiva de áreas como la Red Natura 2000 frente a los impactos climáticos.

 

Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad

 

A más de 17 años de su aprobación, la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad aún carece de herramientas clave para proteger la biodiversidad. No se ha creado el Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición ni los planes sectoriales para integrar la biodiversidad en áreas como agricultura o energía. Tampoco se ha avanzado en la eliminación de subsidios perjudiciales para la biodiversidad, a pesar de los compromisos legales. Además, el Plan Estratégico aprobado en 2022 presenta retrasos y falta de concreción, lo que limita su eficacia en un contexto crítico para la naturaleza.

La ONG SEO/BirdLife advierte que no se puede enfrentar la emergencia ecológica con medidas aisladas. Aunque España ha asumido compromisos climáticos y de biodiversidad, su cumplimiento se ve obstaculizado por políticas incoherentes, como subvenciones agrarias dañinas, ventajas fiscales a los combustibles fósiles y falta de criterios ambientales en sectores clave. La organización pide una transición ecológica integrada, con políticas alineadas y una gobernanza más eficaz, coordinada y participativa, que priorice el medio ambiente y el bienestar social.