El 28 de abril de 2026 se cumple un año del histórico apagón eléctrico que dejó sin suministro a millones de personas en España y Portugal, y que, pese a los múltiples informes técnicos y comisiones de investigación abiertas desde entonces, sigue sin un culpable claro.

Sumario

 

Ni el Gobierno, ni los organismos reguladores ni los expertos europeos han logrado atribuir de forma concluyente la responsabilidad del incidente, que continúa envuelto en una compleja maraña de causas técnicas y disputas institucionales.

 

Informes sin responsables claros

 

A lo largo de estos doce meses, distintos organismos han analizado el denominado “cero eléctrico” del 28 de abril de 2025, coincidiendo todos en señalar su carácter “multifactorial”, pero sin identificar a un responsable directo. El Ministerio para la Transición Ecológica fue el primero en publicar conclusiones, en menos de dos meses, apuntando a una combinación de sobretensiones, oscilaciones en la red y desconexiones de centrales como detonantes del fallo.

En la misma línea se ha pronunciado la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), cuyo informe final, publicado en marzo de 2026, califica el incidente como un “evento sin precedentes”, el mayor en Europa en las últimas dos décadas. Según este análisis, el apagón no responde a una causa única, sino a una confluencia de factores técnicos, entre ellos la dificultad para mantener la estabilidad de tensión y los cambios bruscos en la generación eléctrica en España.

Las recomendaciones derivadas de este informe apuntan a la necesidad de reforzar las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del sistema eléctrico y avanzar en una mayor coordinación e intercambio de datos entre los distintos actores del sector. Además, plantea adaptar los marcos regulatorios a la evolución del sistema energético, en lo que supone una llamada de atención generalizada.

 

Sanciones y disputa política

 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha evitado señalar culpables en su informe, publicado casi once meses después del apagón, aunque sí ha subrayado que el sistema disponía de herramientas regulatorias suficientes para haber evitado el incidente. Este matiz ha alimentado el debate sobre posibles fallos en la supervisión y aplicación de dichas herramientas.

Donde sí ha habido avances es en el ámbito sancionador. La CNMC ha incoado unos 55 expedientes sancionadores por posibles infracciones relacionadas con el apagón. Entre los afectados figura Red Eléctrica de España (REE) –con un expediente considerado muy grave– y varias grandes compañías energéticas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, TotalEnergies o Engie, entre otras, con infracciones de carácter grave.

Sin embargo, lejos de aclarar responsabilidades, estas medidas han contribuido a repartir las culpas entre los distintos actores del sistema eléctrico. Todo apunta a que será en los tribunales donde finalmente se determine quién debe asumir las consecuencias del apagón, en un proceso que se prevé largo y complejo.

En paralelo, las comisiones parlamentarias tampoco han logrado arrojar luz definitiva sobre lo ocurrido. La comisión del Senado, con mayoría del Partido Popular, ha señalado como responsables al Gobierno, REE y la CNMC, acusándoles de “inacción regulatoria y supervisora”. No obstante, este dictamen tiene un marcado carácter político y no ha sido respaldado de forma unánime.

Mientras tanto, la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, iniciada recientemente, ha comenzado con la comparecencia de directivos del sector energético. Las primeras sesiones han evidenciado un cruce de acusaciones entre empresas e instituciones, sin avances significativos en la clarificación de los hechos.

 

Impacto en el sistema eléctrico

 

Más allá de la falta de responsables, el apagón ha tenido consecuencias tangibles en la gestión del sistema eléctrico. Desde entonces, se ha implantado un “modo reforzado” de operación, destinado a prevenir nuevos incidentes, pero que ha supuesto un incremento significativo en los costes.

Este refuerzo ha provocado un aumento en los servicios de ajuste del sistema, necesarios para equilibrar la oferta y la demanda en un contexto de creciente presencia de energías renovables. Según datos de Selectra, el coste de estos servicios alcanzó en marzo de 2026 los 27,6 euros/MWh, lo que representa un incremento de casi un 74% respecto al año anterior y más del doble que en el mismo mes de 2024.

Este encarecimiento se traslada directamente a la factura eléctrica, especialmente en el caso de los consumidores acogidos al mercado regulado (PVPC). Aunque el auge de las renovables ha contribuido a reducir los precios en el mercado mayorista, su variabilidad obliga a recurrir con mayor frecuencia a tecnologías de respaldo, como los ciclos combinados de gas, lo que incrementa los costes operativos.

En definitiva, un año después del apagón, el sistema eléctrico opera con mayores precauciones y costes, mientras la incertidumbre sobre las causas y responsabilidades del incidente sigue sin resolverse. La batalla por determinar quién debe asumir la factura millonaria de los daños continúa abierta y, previsiblemente, se decidirá en los tribunales tras un prolongado proceso judicial.