Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) han criticado la Proposición de Ley del PP a favor de extender la vida de las centrales nucleares cuyo tramite parlamentario inició este martes el Congreso y han dicho que "deja la política energética en manos de las grandes eléctricas privadas".

En concreto, las organizaciones critican que la propuesta pretenda dar continuidad a las centrales y no les ponga fecha de cierre "hasta que los operadores lo estimen conveniente o el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) lo exija". Además, censura que proponga asumir la mayor cantidad de residuos radiactivos que habrá que gestionar durante un periodo "arbitrario" de diez años "sin entrar en consideraciones de cómo se va a financiar eso".

Asimismo, han instado al Gobierno a defender su compromiso tanto con el fin de las nucleares como con la transición energética con una solución que aúne la seguridad energética, la sostenibilidad y los costes de la factura. "La nuclear nos hace dependientes de un uranio enriquecido que no tenemos, además emite CO2. Las energías renovables son la única garantía de un futuro seguro, limpio y próspero", ha destacado Cristina Rois, portavoz del MIA.

 

Debe prevalecer el principio de 'quien contamina paga'

 

El responsable de la campaña contra la energía nuclear de Greenpeace, Francisco del Pozo, ha añadido que la mera existencia de las centrales hace que el sistema eléctrico sea más frágil y demandante de inercia, como se "pudo ver en el apagón". Asimismo, ha incidido en que debe prevalecer el principio de quien contamina paga, por lo que a su juicio son las empresas propietarias las que tienen que cargar con los costes del alargamiento y de los residuos, no los usuarios y contribuyentes.

Finalmente, el responsable de Clima y Energía en Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha calificado de "muy preocupante" que las eléctricas pretendan saltarse al CSN y la normativa pidiendo una prórroga de solo tres años. "La propuesta de ley presentada en el Congreso es una muestra del servilismo de algunos políticos a las grandes empresas eléctricas. No solo avala la rebaja en garantías de seguridad de las operaciones de las centrales, sino que además, abre la puerta a gastar una millonada para salvar el ruinoso sector nuclear", ha manifestado.