Los 27 países de la Unión Europea certifican su acuerdo para desbloquear la reforma de la política migratoria común. Han logrado una mayoría suficiente para fijar su posición sobre el mecanismo de crisis fundamental en la reforma de la política de asilo y migración de la UE. Esto marca un avance crucial para reanudar las negociaciones con el Parlamento Europeo y cerrar el pacto migratorio antes de que termine la legislatura europea en junio del próximo año.

La adopción del mandato sobre el mecanismo se produjo durante una reunión a nivel de embajadores en Bruselas, tras la resolución de disputas entre Alemania e Italia sobre la situación de las ONG que realizan operaciones de rescate en el Mediterráneo.

 "Este es un verdadero punto de inflexión que nos permite avanzar en las negociaciones", ha afirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una publicación en X, antes conocido como Twitter.

 

El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que este acuerdo representa un "gran paso adelante" y que la UE está "en mejores condiciones para alcanzar un acuerdo completo sobre el pacto de asilo y migración con el Parlamento Europeo antes de que finalice este semestre", tal como ha compartido también en la red social X. 

El nuevo mecanismo, diseñado para situaciones excepcionales en las que un Estado miembro se vea desbordado por la presión migratoria en sus fronteras, permite una solidaridad a la carta con diversas formas de compensación financiera en lugar de cuotas obligatorias de reubicación. Además, establece un límite de cuatro semanas para completar el registro de las solicitudes de protección internacional, aliviando la carga de las administraciones nacionales en momentos de llegada masiva de migrantes.

Entre las medidas de solidaridad se contempla la reubicación de solicitantes de asilo en otros países de la UE, así como la ayuda en trámites burocráticos y contribuciones financieras a los países más afectados. Estas medidas requerirán la autorización del Consejo y deberán respetar los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países y apátridas.

A pesar de este acuerdo, países como Polonia y Hungría siguen oponiéndose al sistema de cuotas obligatorias, mientras que Austria, Eslovaquia y República Checa se abstuvieron en la votación.


 

Amnistía Internacional: un acuerdo "peligroso y desproporcionado"

 

La reciente aprobación también ha levantado preocupación entre defensores de derechos humanos. Amnistía Internacional ha calificado este acuerdo como "peligroso y desproporcionado" (1), ya que permitiría a los Estados miembros desviarse de las normas habituales de asilo y recepción.

Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, subrayó la importancia de que las personas que llegan a las fronteras de la UE tengan la oportunidad de solicitar asilo y recibir un trato digno. Sin embargo, Geddie considera que este acuerdo no mejorará la protección de los solicitantes de asilo en la UE y plantea el riesgo de que queden atrapados o detenidos en condiciones precarias en las fronteras europeas.

Amnistía Internacional ha documentado abusos contra los derechos humanos como la detención arbitraria y la negación de acceso al asilo en algunos países de la UE desde 2021. Además, la organización advierte que la adopción de este acuerdo podría normalizar el uso de medidas excepcionales en Europa, debilitando el sistema común de asilo europeo.

La ONG hace un llamado a todas las instituciones de la UE para que eviten introducir medidas excepcionales adicionales que socaven los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo. En este contexto, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) también expresó su preocupación por el acuerdo y destacó la importancia de alcanzar un "Pacto con Derechos" en lugar de derogar normas de asilo y reducir garantías de protección.

Referencias