La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido este martes reconsiderar el cierre previsto de la Central Nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, y ha reclamado que cualquier decisión sobre su futuro se base en una evaluación de impacto “rigurosa” que tenga en cuenta las consecuencias económicas, sociales y energéticas para Extremadura y para el conjunto del sistema eléctrico español. La petición figura en las conclusiones del informe elaborado tras la visita de una delegación de eurodiputados a la instalación extremeña el pasado mes de febrero.
Evaluación del impacto
El texto, aprobado por la comisión parlamentaria, alerta de las posibles consecuencias derivadas del cierre de la central y subraya la necesidad de que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas se apoyen en criterios técnicos y en análisis completos sobre su impacto en el empleo, la economía local y la seguridad del suministro eléctrico.
Los eurodiputados consideran que cualquier medida relacionada con el futuro de Almaraz debe incorporar una evaluación detallada sobre sus efectos en la actividad económica de la región, especialmente en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, donde la central mantiene un peso relevante en términos de empleo y tejido empresarial.
El informe destaca además que la planta desempeña un papel significativo en la generación eléctrica en España, una cuestión que, según el documento, debe ser tenida en cuenta en el actual contexto energético europeo.
La comisión de Peticiones incide en que el análisis del cierre no debe limitarse únicamente a los objetivos climáticos, sino que también debe valorar las implicaciones sobre la estabilidad del sistema energético y la capacidad de garantizar el suministro.
Papel energético de Almaraz
En sus conclusiones, los eurodiputados sitúan el debate sobre el futuro de Almaraz dentro del marco de la transición energética y de los compromisos de descarbonización asumidos por la Unión Europea.
No obstante, el informe plantea la necesidad de equilibrar esos objetivos con otros factores como la seguridad energética y la estabilidad del sistema eléctrico. En este sentido, la comisión señala que las decisiones sobre infraestructuras estratégicas deben contemplar todos los elementos relacionados con la sostenibilidad económica y energética.
El documento recoge también la relevancia de la central en el contexto energético nacional y su aportación al sistema eléctrico español, así como su impacto en la economía local y regional.
La comisión parlamentaria recuerda que la evaluación de las consecuencias del cierre debe realizarse teniendo en cuenta tanto el ámbito económico como el social, especialmente en zonas donde este tipo de instalaciones tienen una fuerte presencia industrial y laboral.
Visita de eurodiputados
Las conclusiones aprobadas este martes son el resultado de la visita realizada en febrero de 2026 por una delegación del Parlamento Europeo a la central nuclear y a su entorno.
Durante esa misión, los eurodiputados mantuvieron encuentros con autoridades, trabajadores y distintos actores locales con el objetivo de conocer sobre el terreno la situación de la planta y recopilar información sobre las posibles repercusiones de su cierre.
El informe aprobado por la comisión de Peticiones no tiene carácter vinculante, aunque refleja la posición de este órgano parlamentario respecto a la necesidad de revisar el proceso previsto para el cierre de la instalación.
La Central Nuclear de Almaraz se ha convertido en uno de los principales focos del debate energético en España en relación con el calendario de cierre de las centrales nucleares y el proceso de transición hacia un modelo basado en energías descarbonizadas.
La comisión parlamentaria insiste en que cualquier decisión futura sobre la instalación debe sustentarse en una valoración completa y “rigurosa” de sus efectos sobre el territorio, el empleo y el sistema energético.
El texto aprobado pone el acento en la importancia de considerar el impacto que el cierre podría tener en Extremadura, una comunidad donde la planta mantiene una influencia directa sobre la actividad económica y el empleo de numerosas familias y empresas vinculadas a su funcionamiento.
Asimismo, el informe remarca que el debate energético europeo exige conjugar los compromisos climáticos con la garantía de suministro y la estabilidad de las redes eléctricas, especialmente en un contexto marcado por la transformación del modelo energético comunitario.
La comisión de Peticiones concluye que las infraestructuras energéticas estratégicas requieren análisis integrales antes de adoptar decisiones con efectos estructurales sobre los territorios y el sistema eléctrico.




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