Greenpeace cifra en 3.800 millones el sobrecoste de alargar Almaraz

Un informe de Greenpeace ha cifrado en más de 3.800 millones de euros el sobrecoste que asumirían los consumidores si se prolonga tres años más allá de su cierre programado la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura), según han expuesto este martes 8 de abril en Badajoz durante un acto público enmarcado en la campaña ¿Alargar las nucleares? No, gracias, impulsada junto a Ecologistas en Acción y Adenex.

Coste económico estimado

El estudio, titulado Cierre nuclear y transición energética: el caso de Almaraz ⁽¹⁾, ha sido elaborado por los investigadores Eloy Sanz (URJC) y Víctor García (UPC), y presenta un “exhaustivo análisis” sobre las consecuencias de retrasar el cierre de la planta. Según sus conclusiones, la prórroga supondría un “lastre económico y ambiental” que recaería directamente sobre la ciudadanía, elevando el coste en más de 3.800 millones de euros.

Greenpeace advierte además de que este impacto podría ser aún mayor si persiste la crisis energética vinculada a la guerra en Irán, lo que incrementaría la volatilidad de los precios energéticos. En este contexto, las organizaciones ecologistas insisten en que mantener operativa la central no solo no abarata la electricidad, sino que impide aprovechar fuentes más baratas como las renovables.

Durante el acto, presentado por Óscar Manuel Alonso, participaron de forma telemática el propio Eloy Sanz, así como presencialmente la activista Carmen Ibarlucea, la representante de Ecologistas en Acción Julia Galván y el coordinador territorial de Greenpeace en Extremadura, Luis Berraquero.

Obstáculo para renovables

Las entidades organizadoras han subrayado que Almaraz es la central más antigua del parque nuclear español, y que el debate sobre su continuidad representa, a su juicio, una “metáfora de un sistema energético caduco”. En este sentido, han comparado la energía nuclear con un modelo rígido e incapaz de adaptarse a un sistema basado en la flexibilidad de las energías renovables.

El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Francisco del Pozo, ha afirmado que insistir en la prórroga es como “mantener vivo a un dinosaurio”, al tratarse de una tecnología que consideran cara, peligrosa y desfasada frente a un modelo energético “renovable, flexible y democrático”.

El informe también advierte de un impacto directo sobre la inversión en energías limpias. En concreto, estima que prolongar la actividad de Almaraz durante tres años implicaría dejar de instalar un 5% de nueva capacidad renovable y perder 26.129 millones de dólares en inversiones entre 2026 y 2033, lo que frenaría el desarrollo del sector.

Impacto en emisiones

Otro de los aspectos clave analizados es el efecto sobre el sistema eléctrico y las emisiones. Greenpeace sostiene que la presencia de Almaraz “distorsiona el mercado eléctrico”, ya que su funcionamiento como energía de carga base inflexible obliga en ocasiones a detener la producción de fuentes renovables como el viento y el sol, que son más baratas y limpias.

Esta dinámica, según el informe, no solo impide reducir el precio de la electricidad, sino que también dificulta el proceso de descarbonización. En términos concretos, alargar la vida de la central supondría un aumento de hasta 12,3 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2eq) en el periodo 2026-2033.

Esta cifra equivale, según Greenpeace, a las emisiones de todos los hogares de Extremadura durante seis años, lo que refuerza su argumento de que la prórroga tendría un impacto negativo significativo sobre el clima.

El estudio concluye que, aunque el cierre de la central podría provocar un aumento puntual de emisiones en el año en que se produzca, a medio plazo permitiría liberar capacidad en el sistema eléctrico para la entrada de nuevas instalaciones de energías limpias y almacenamiento, favoreciendo así la transición energética.

Finalmente, la organización ecologista ha asegurado que los resultados del informe “desmontan el relato de que la energía nuclear es barata”, y sostiene que se trata de una tecnología que depende del apoyo político y del dinero de los consumidores. En este sentido, considera que Almaraz representa un obstáculo para la soberanía energética tanto de Extremadura como del conjunto de España.