Bruselas acogerá este jueves una manifestación de organizaciones agrarias de toda Europa, incluidas españolas, contra la propuesta de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y la reforma de la Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027. La protesta pone el foco en la falta de garantías presupuestarias para llevar a la práctica la transición agroecológica que plantea la Comisión Europea y en la necesidad de un reparto más justo de las ayudas.

La convocatoria llega en un momento clave para el futuro del sector agrario europeo, marcado por el impacto creciente de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y el aumento de los costes de producción. Las organizaciones convocantes advierten de que, sin una financiación suficiente y estable, la nueva PAC corre el riesgo de convertirse en un marco de buenas intenciones sin efectos reales sobre el terreno.

 

Priorizar a los agricultores y agricultoras

 

En este contexto, Greenpeace ha expresado su apoyo a las reivindicaciones del sector y ha reclamado que los fondos comunitarios se utilicen de forma más eficaz. Según la organización ecologista, el dinero público debe priorizar a los agricultores y agricultoras con mayores dificultades económicas y servir para incentivar y recompensar a quienes adopten prácticas sostenibles que protejan el clima, el agua y la biodiversidad.

Aunque Greenpeace reconoce que el texto de la propuesta de la Comisión incluye medidas positivas sobre el papel, como el acompañamiento y la formación al sector, el fomento del relevo generacional o el impulso de sistemas ganaderos extensivos, alerta de que la ausencia de financiación blindada para las medidas ambientales y climáticas pone en riesgo su aplicación real.

“Tenemos pan para hoy y hambre para mañana”, ha advertido Helena Moreno, responsable de la campaña de sistema alimentario sostenible en Greenpeace. Según ha explicado, la propuesta asegura los pagos a corto plazo, pero no la inversión necesaria para garantizar una agricultura resiliente, capaz de adaptarse y mitigar la crisis climática y de biodiversidad que, subraya, “los agricultores y agricultoras ya están sufriendo de primera mano y que también se refleja en el precio de los alimentos”.

 

Financiación asegurada para la transición

 

El nuevo enfoque de la Comisión Europea, ya adelantado en su Visión sobre el Futuro de la Agricultura y la Alimentación, apuesta por incentivos económicos en lugar de mayores exigencias regulatorias. Para Greenpeace, este cambio hace aún más urgente aumentar y asegurar la financiación destinada a prácticas agrícolas y ganaderas climática y ambientalmente sostenibles.

En este escenario, la organización ecologista fija dos líneas rojas para que la PAC sea efectiva desde el punto de vista social y ambiental. La primera es una financiación específica y blindada (ring-fencing) para la transición agroecológica, que permita recompensar a quienes adopten prácticas sostenibles. En el caso de la ganadería, esta financiación debería impulsar la extensificación y la transición hacia modelos compatibles con el clima, el agua y la biodiversidad.

La segunda línea roja es la justicia en el reparto de las ayudas. Greenpeace insiste en la necesidad de diferenciar entre las grandes explotaciones con elevados ingresos de mercado, que concentran buena parte de las subvenciones por el mero hecho de poseer mucha tierra, y los pequeños y medianos agricultores con dificultades económicas o aquellos que generan bienes públicos ambientales mediante prácticas sostenibles.

En este sentido, la organización considera imprescindible una aplicación estricta de los mecanismos de degresividad y capping, que reducen progresivamente las ayudas a partir de los 20.000 euros y las limitan a un máximo de 100.000 euros por beneficiario y año. Greenpeace denuncia que las presiones políticas buscan mantener un sistema en el que las grandes explotaciones absorben una parte desproporcionada de los fondos públicos, mientras millones de agricultores reciben, en sus palabras, “las migajas”.

Entre sus principales demandas, Greenpeace pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros reservar al menos el 32% del presupuesto de la PAC para medidas ambientales y climáticas, aumentando este porcentaje de forma progresiva; reforzar el apoyo obligatorio a la ganadería extensiva; garantizar medidas frente a la contaminación por nitratos; y avanzar decididamente hacia una PAC más justa, social y ambientalmente sostenible.