El pleno del Consell ha aprobado este viernes destinar 16 millones de euros a los municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja para facilitar la inversión en sistemas urbanos de drenaje sostenible, con el objetivo de acometer las obras necesarias y mitigar las consecuencias de nuevos episodios de lluvias torrenciales tras la DANA de 2019.

Esta medida se enmarca dentro del plan Vega Renhace, impulsado por el gobierno valenciano para combatir la emergencia climática y promover la reactivación económica de la zona. El importe máximo asciende a 16 millones a cargo de los presupuestos autonómicos, sin perjuicio de su posible cofinanciación con fondos estatales o europeos, y con el requisito de que las obras estén finalizadas en un año y ocho meses como tope.

 

Reducir los riesgos de inundación

 

Se pretenden reducir los riesgos de inundación derivados de la escorrentía urbana y contribuir a la mejora ambiental y paisajística de los núcleos de población de la Vega Baja del Segura, ha anunciado la vicepresidenta portavoz, Mónica Oltra, tras el pleno semanal.

Para ello se incluye la limpieza mediante extracción de elementos como cañas, fango, piedras o arenas de la desembocadura de los ríos, canales y sus entornos y, complementariamente, como mecanismo para generar empleo a fin de paliar los graves efectos socio-económicos de la COVID-19 en la comarca reflejados en las estadísticas de desempleo.

En concreto, los beneficiarios de las subvenciones directas son los ayuntamientos de Orihuela (3.283.728 euros), Almoradí (1.459.938), Dolores (900.120), Callosa del Segura (758.133), Torrevieja (580.092), Formentera del Segura (481.922), Catral (470.897), Rojales (465.170).

El resto son San Fulgencio, Rafal, Guardamar del Segura, Daya Nueva, Cox, Albatera, Algorfa , Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Daya Vieja, Granja de Rocamora, Jacarilla, Montesinos, Pilar de la Horadada, Redován, San Isidro y San Miguel de Salinas, todos estos con 400.000 euros.

 

Importe íntegro de la ayuda al pago de las obras

 

En el reparto se han tenido en cuenta criterios de población municipal (20%), riesgos económicos por inundación según usos del suelo y niveles de peligrosidad, riesgos económicos por inundación potencial y calificación del planeamiento municipal, población afectada (25%), equipamientos sociales afectados, cercanía a la desembocadura de los ríos, canales, carreteras afectadas y equipamientos medioambientales.

El importe asignado por la Generalitat a cada municipio sufragará, como máximo el 100% del coste total de la actuación a desarrollar. Como requisito, los municipios deben destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las obras y antes del 17 de septiembre deben presentar el acuerdo para recibir las ayudas y una memoria de los trabajos, que deberán estar incluidos en el plan director de lucha contra las inundaciones y drenaje urbano sostenible.

Los ayuntamientos también tienen que acreditar estar al corriente en el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas ante la Sindicatura de Comptes, mientras se les exime de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social y de ser deudores por reintegro ante la administración.

La Conselleria de Política Territorial se encargará de la ordenación e instrucción de las ayudas, que no necesitan ser notificadas a la Comisión Europea. El plazo máximo de justificación de las subvenciones será de tres meses desde la finalización de las actuaciones.