Greenpeace considera que el camino para revertir el cambio climático desde el sector energético "no puede ser otro" que la electrificación sostenible de la economía. En el documento de la ONG, Los ciudadanos cuentan. Hacia la electrificación sostenible universal, publicado este jueves, plantea un centenar de medidas para transformar el sistema eléctrico.

El informe se enmarca en los trabajos del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para transformar el mercado eléctrico, como la normativa para el desarrollo de comunidades energéticas locales, con el fin de promover la participación activa de las distintas partes en la transición energética.

"El sistema eléctrico no puede fallar a la economía, pero tampoco a las personas. El acceso a electricidad de forma responsable es un derecho ciudadano. Por ello el camino para revertir el cambio climático no puede ser otro que la electrificación sostenible de la economía", ha explicado la responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Raquel Montón.

El precio de la luz se disparará más de un 50% hasta 2025

 

Por el momento, según Greenpeace, las eléctricas ya han dicho que el precio de la luz se disparará más de un 50% hasta 2025 aunque el gobierno congelará la parte fija del recibo hasta el 1 de abril de 2021.

Para Raquel Montón, las energías renovables no deben concentrarse en grandes corporaciones, por lo que pide apoyo por parte del gobierno con un marco normativo "apropiado".

El informe de Greenpeace expone algunas formas de participación ciudadana para que las personas y comunidades "ejerzan su derecho a generar, almacenar, compartir y vender su propia energía".

Señala que el autoconsumo se debería compartir de manera flexible, que el excedente de la luz no compute para Hacienda como segundo pagador o que se modifique la ley de propiedad horizontal para que desaparezca el límite de 500 metros de distancia para poder compartirlo.

Asimismo, pide que las comunidades energéticas locales se traspongan a la normativa nacional, incluidas las disposiciones de las directivas europeas y que se establezca un objetivo nacional vinculante y revisable al alza de energía renovable comunitaria.

Por último, plantea también que las nuevas comercializadoras garanticen el destino de sus pagos a energías renovables, la gestión independiente y neutra de las redes de distribución, acceso neutral y gestión independiente a los datos energéticos, al tiempo que reclama a la ciudadanía y a la sociedad en general que "exija" la activación y gestión de la demanda o la capacidad de almacenamiento.