Carolina Parraguez Piña recuerda con cariño su infancia en Santiago de Chile. “Cuando era niña, en los años noventa, iba con mi familia a la cordillera de los Andes y había nieve”. Hace una pausa para seguidamente denunciar con énfasis la inquietante evidencia: “¡Acá ya no vemos los glaciares en las cordilleras, siendo el ecosistema de este país los glaciares! Se han usado para la industria extractivista de recursos naturales”.

Abogada ambientalista, Parraguez es candidata en el distrito 10 a la convención constitucional, órgano que permitirá a Chile dejar atrás una anomalía democrática en pleno siglo XXI: su constitución, impuesta en 1980 por el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet.

Dejar atrás una anomalía democrática en pleno siglo XXI: la constitución impuesta por Pinochet

Integrando La Lista del Apruebo, pero en calidad de independiente, aspira a ocupar uno de sus 155 escaños, que serán determinados por voto popular el próximo 11 de abril.

Su postura: poner límites razonables al modelo de desarrollo extractivista con base en la explotación minera que, si bien ha permitido a la nación entrar la OCDE, el club de los países ricos, ha generado un descontento generalizado y ha depredado los ecosistemas naturales.

Mina de Chuquicamata es una mina de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto al norte de Chile / Foto: Ivan Alvarado - Reuters - EP - Archivo Mina de Chuquicamata es una mina de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto al norte de Chile / Foto: Ivan Alvarado - Reuters - EP

Para el Banco Mundial, Chile es hoy una de las 10 naciones que presenta mayor desigualdad social en todo el mundo. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2017 “el 50% de los hogares de menores ingresos tenía un 2,1% de la riqueza neta del país, el 10% concentraba un 66,5% del total y el 1% más acaudalado concentró el 26,5% de la riqueza”.

Condiciones asimilables a Chernóbil

 

Parraguez explica las devastadoras consecuencias que ha tenido el modelo de crecimiento nacional en todo el territorio. “En la zona de Quintero y Puchancaví, declarada zona de sacrificio, las personas han estado viviendo durante años en condiciones asimilables a las de Chernóbil. Allí, las actividades mineras terminan justo en la desembocadura del río Aconcagua y contaminan todo: el agua dulce, los océanos, la tierra y el aire”., detalla.

Metales pesados presentes en la sangre de los habitantes, vertidos de relaves mineros, cierre de colegios por intoxicaciones masivas, episodios de alerta amarilla por contaminación en el aire,... Las personas que habitan en esta región han visto perjudicada hasta tal punto su salud que los jueces no descartan futuras evacuaciones.

Metales pesados en la sangre, vertidos mineros, intoxicaciones masivas contaminación en el aire,...

“El Estado prefiere declarar el lugar como zona de sacrificio antes que buscar medidas de mitigación de la actividad de las mineras”, argumenta la candidata recordando la ilegalidad que ello representa según las exigencias en materia de derechos humanos que imponen los tratados internacionales de comercio.

La propiedad privada tiene aquí una contundente protección legal que podría ser entendida como la reacción a las nacionalizaciones de la gran minería del cobre que llevó a cabo el expresidente Salvador Allende, depuesto por el golpe de estado de 1973.

La Constitución habla claramente sobre la propiedad de los recursos naturales abriendo un gran espacio para que cualquier actor privado pueda explotarlos e introduce el concepto de “derecho de aprovechamiento de aguas”, el cual permite la privatización de este recurso al mismo título que cualquier otra riqueza natural no vital.

Imagen de la campaña de Greenpeace que muestra el pasado y presente de la laguna Aculeo en Paine, Chile / Foto: GP Chile Imagen de la campaña de Greenpeace que muestra el pasado y presente de la laguna Aculeo en Paine, Chile / Foto: GP Chile

“En Paine [cerca de Santiago] la laguna se secó por completo en 10 años debido a la privatización de todo el territorio rivereño y la falta de gestión del recurso hídrico”, comenta indignada Parraguez mientras enumera los cultivos que están en el origen de la catástrofe: frutas, vegetales, algo de cereales... La actividad de la agroindustria ha convertido a la laguna de Aculeo en una estepa por donde hoy se pueden observar numerosos cadáveres de vacas y caballos.

“En Paine [cerca de Santiago] la laguna se secó por completo en 10 años debido a la privatización"

Doscientos quilómetros más al norte, en la región agrícola de Petorca, la gente se queja porque el agua no llega a las casas. Esta ha sido interceptada cordillera arriba por la industria del aguacate. Para peor suerte, la sequía que vive la región no da tregua a la situación.

Chile despertó

 

Aquí, los estallidos sociales en periodo de democracia no son nuevos. Los pueblos indígenas han protagonizado numerosos levantamientos a causa de la acaparación continuada de los territorios ancestrales por parte del Estado y de las corporaciones forestales.

Por otra parte, en 2006, se produjo la llamada revolución pingüina en la que los estudiantes protestaron contra el sistema educativo. Sin embargo, hay algo novedoso en el levantamiento social que se está viviendo hoy. Esta vez, se trata de un estallido enormemente diverso y transversal a todo el territorio.

Protesta en Santiago por el primer aniversario de las protestas sociales de 2019 en Chile / Foto: Jose Francisco Zuñiga - EP Protesta en Santiago por el primer aniversario de las protestas sociales de 2019 en Chile / Foto: Jose Francisco Zuñiga - EP
“Chile despertó. No son 30 pesos, son 30 años” fue la consigna más pronunciada durante las protestas que se iniciaron el 18 de octubre de 2019. Fue justamente este el detonante: una subida en las tarifas del transporte público de la capital de tan solo 3 céntimos de euro. Insignificante, pero significativa por representar el abandono de la parte del estado, cuya inacción se hace cada vez más perceptible para la sociedad chilena.

No sorprende que muchos de los grupos que se manifiestan vivan en las denominadas zonas de sacrificio. Todo ello, a la luz de un país cada vez más interconectado con el mundo e impregnado del debate sobre el calentamiento climático.

Panorama actual de Quintero y Puchuncaví, en el que destaca una marcada presencia de industrias cercanas a recintos de educación y sectores habitacionales, centros de salud para hacer frente a episodios de intoxicación de 2018 / Infografía: Terram Panorama actual de Quintero y Puchuncaví, en el que destaca una marcada presencia de industrias cercanas a recintos de educación y sectores habitacionales, centros de salud para hacer frente a episodios de intoxicación de 2018 / Infografía: Terram

Plurinacionalidad e interculturalidad, asuntos pendientes

 

“Para el Pueblo Mapuche, la dignidad se alcanza con el küme mongen, es decir, el buen vivir.

Este es un principio fundamental que se consigue teniendo armonía con nosotros mismos, nuestras comunidades, con la Madre Naturaleza y con los espíritus que la protegen, todo ello, en base a nuestra cosmovisión”, argumenta la abogada Jessica Cayupi Llancaleo, perteneciente al Pueblo Mapuche, quien se presenta como candidata independiente a la convención constitucional en la Lista de Movimientos Sociales Plurinacionales e Independientes por el distrito nueve.

En su argumentario, el extractivismo que ha sufrido la Tierra desde tiempos de la colonización no solo ha llegado a su fin, sino que enterrarlo es condición indispensable para vivir en paz, con salud y en igualdad de género.

El extractivismo no solo ha llegado a su fin, sino que enterrarlo es condición indispensable

De esta manera, plantea una redefinición holística de lo que es vivir en abundancia y cuestiona un modelo de desarrollo centrado principalmente en Santiago que permite la implantación en las regiones de las corporaciones forestales, mineras y piscícolas.

Queremos que se nos reconozca, al menos por una vez, que somos pueblos preexistentes a la nación chilena y que en estos territorios coexistimos diferentes naciones”, defiende la abogada haciendo hincapié en la necesidad de dar un enfoque intercultural a los problemas para elaborar una constitución representativa y respetuosa de los diversos sentires.

Jessica Cayupi Llancaleo junto con integrantes de la Red de Mujeres Mapuche durante las manifestaciones post 18 de octubre de 2019 / Foto: SINL Jessica Cayupi Llancaleo junto con integrantes de la Red de Mujeres Mapuche durante las manifestaciones post 18 de octubre de 2019 / Foto: SINL 
Ninguna de las constituciones del país ha reconocido la existencia de los pueblos indígenas que actualmente viven aquí. “Chile no ha aceptado la interculturalidad y desde su independencia en 1810 de la corona española se han aplicado los principios jurídicos y políticos de igualdad formal ante la ley y de unidad del estado, que intentan asimilarnos con el común de los chilenos, desconociendo nuestras diversidades”, argumenta Cayupi.
En consecuencia, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las instituciones ancestrales no tienen validez. En cuanto al derecho de consulta indígena, aunque sí reconocido, no existen instancias para hacerlo efectivo.

“Chile no ha aceptado la interculturalidad y desde su independencia en 1810 de la corona española"

 

De los 155 miembros que elaborarán la nueva constitución, se han reservado 17 escaños para los integrantes de los pueblos indígenas, siete para el Pueblo Mapuche y solo un único escaño para las cinco regiones con mayor población mapuche.

Es una mezquindad. Por eso decidí no competir por el escaño reservado dentro de mi pueblo y presentarme como independiente por distrito”, afirma con resignación.

Proteger la naturaleza en tierra de privilegios

 

Daniel Trujillo Rivas, periodista y candidato independiente en el distrito ocho por La Lista del Pueblo, insiste en revisar la historia para entender los privilegios del sector empresarial chileno: “La constitución de los años 80 fue diseñada por el poder empresarial, por la aristocracia heredera de la colonia, estableciendo el modelo de mercado más neoliberal de todos.

Aquí, vinieron los discípulos de Milton Freedman, de la Escuela de Chicago, e hicieron todos los experimentos neoliberales posibles. Los recursos vitales, la salud, las pensiones y la educación pasaron a ser negocios”. Fue justamente en el periodo de dictadura cuando se ideó el sistema de pensiones actual. Hoy en día, el promedio de las pensiones es de 200 dólares al mes. “Tenemos pensiones de hambre”, sentencia.

"Los recursos vitales, la salud, las pensiones y la educación pasaron a ser negocios"

Trujillo asegura que el clamor por una constitución ambiental es cada vez más fuerte y tiene esperanza en que la sociedad chilena deje de ver a la Tierra “como un supermercado”.

Una de sus principales propuestas para lograrlo, y que comparte con otras candidaturas independientes, es que la naturaleza deba estar reconocida en la constitución como sujeto de derecho, siguiendo el ejemplo de Nueva Zelanda y Ecuador.

Él se atreve a ir un poco más allá. Inspirado en la obra del filósofo e investigador chileno Dario Salas Sommer, propone una república ambiental donde "la persona se reconozca como parte integral e indivisible de la naturaleza y cuyo propósito de existir sea precisamente buscar el perfeccionamiento de sus facultades superiores y velar por la sustentabilidad de las diversas formas de vida en el planeta".

Para ser candidato, ha tenido que reunir 3.000 firmas, condición que no fue impuesta a los partidos consolidados. Las trabas que ha enfrentado, así como la brutalidad policial que se continúa viviendo en las calles lo hacen dudar de la apertura política al cambio. “Cuatro informes de organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado el trato hacia la población. Tenemos 27 muertos y más de 2.000 denuncias por torturas, vejámenes, violaciones, pérdidas de ojos…”, explica preocupado.

Jessica Cayupi Llancaleo durante el lanzamiento de su candidatura  para la Convención Constituyente en Santiago de Chile. Foto: Andrea Antío. Diciembre 2020 / Foto: SINL Jessica Cayupi Llancaleo durante el lanzamiento de su candidatura para la Convención Constituyente en Santiago de Chile. Foto: Andrea Antío. Diciembre 2020 / Foto: SINL

Para la abogada Jessica Cayupi Llancaleo, al margen de la brutalidad, el estallido social se vivió con mucha ilusión, pero lamenta que el gobierno y el parlamento, a través de la actual convención constitucional, hayan querido institucionalizar el estallido social para apagar el clamor popular, y desechar de paso, una asamblea constituyente que viniera de la sociedad civil: “Los poderosos no tienen intenciones de cambio. Los independientes apenas tuvimos tiempo para inscribir las candidaturas. Hubo mala fe”.

“Los independientes apenas tuvimos tiempo para inscribir las candidaturas"

Si los que serán electos para la convención son los mismos de siempre, “¿cómo será posible cambiar nada si muchos de ellos tienen derechos a su nombre en las principales empresas de recursos naturales del país?”, se pregunta.

De respetarse los tiempos establecidos, en 2022, Chile estrenará una nueva ley fundamental. Si bien existe una gran resistencia al cambio a causa de una larga tradición de desarrollo extractivo, la creciente influencia del debate internacional en torno al cambio climático así como una sociedad que ya no puede vivir de manera segura serán decisivas para que no haya más remedio que poner límites a lo insostenible