La Administración de Donald Trump ha eliminado la mayor parte de los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas de carbón y gas de Estados Unidos. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, ha anunciado este lunes en Houston (Texas) la derogación, durante la reunión ministerial de Energía del G20, y ha defendido que la medida abaratará la electricidad.
Al mismo tiempo, la agencia ha propuesto suprimir todas las normas restantes sobre gases de efecto invernadero para el sector eléctrico, al considerar que la Ley de Aire Limpio no le otorga autoridad para regular estas emisiones por motivos climáticos. Si la propuesta prospera, podría impedir a futuros gobiernos volver a limitarlas.
La EPA calcula que la derogación, que presenta como la mayor medida desreguladora del sector eléctrico en la historia del país, permitirá ahorrar 310.000 millones de dólares. La nueva propuesta, si se aprueba definitivamente, supondría otros 370 millones de dólares en costes directos de cumplimiento.
La agencia prevé además que la producción de carbón destinada a generar electricidad se multiplique por más de diez gracias a la norma final.
“Durante más de 15 años, las administraciones de Obama y Biden llevaron a cabo una guerra contra el carbón para destruir una energía fiable y asequible. La Administración Trump ha llegado para proteger la energía estadounidense y asegurarse de que ustedes puedan permitirse mantener las luces encendidas”, ha afirmado Zeldin, que ha avanzado que los estadounidenses verán bajar los precios de la electricidad y ha advertido de que “esto es solo el principio”.
Fin de las normas de 2024
La norma final anula la mayor parte de los Estándares de Contaminación por Carbono aprobados en 2024 bajo la presidencia de Joe Biden. Aquella regulación exigía a las centrales de carbón que prevén operar más allá de 2039 y a las nuevas plantas de gas de carga base controlar el 90% de su contaminación por carbono a partir de 2032, un nivel equivalente al de la captura y almacenamiento de carbono.
Según el análisis de impacto de la propia EPA, la norma, junto con la Ley de Reducción de la Inflación, iba a recortar las emisiones del sector más de un 75% respecto a 2005 en el horizonte de 2035. La agencia estimó entonces que evitaría 1.200 muertes prematuras solo en 2035 y generaría 120.000 millones de dólares en beneficios para la salud entre 2024 y 2047.
La agencia que dirige Zeldin ha argumentado que esas exigencias excedían su autoridad bajo la Ley de Aire Limpio, al imponer tecnologías de control que, a su juicio, no estaban suficientemente demostradas y que en la práctica empujaban a las plantas al cierre en lugar de fijar estándares que pudieran cumplir.
La EPA ha reprochado también a la regulación de 2024 que no tuviera en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo en el caso West Virginia v. EPA y ha afirmado que generó usos ineficientes del gas natural, perjudicó al sistema energético y encareció la electricidad.
La derogación mantiene vigentes las normas que limitan contaminantes atmosféricos como el mercurio y el plomo, aunque en febrero la EPA ya anuló su actualización más estricta de 2024 y volvió a los límites de 2012.
Las centrales eléctricas son la segunda mayor fuente de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, solo por detrás del transporte, y concentran el 25% de las emisiones del país, según el inventario oficial de la EPA con datos de 2022. Por sí solas, suponen en torno al 3% de la contaminación climática mundial.
La EPA renuncia a regular
Junto a la norma final, la EPA ha propuesto rescindir todos los requisitos que siguen en pie para el sector eléctrico, que según la agencia han impuesto obligaciones innecesarias y han producido prácticamente ningún beneficio.
La propuesta se apoya en la derogación de la conclusión de riesgo de 2009 y en la sentencia del Supremo en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo. Con ambas bases, la agencia ha defendido que la sección 111 de la Ley de Aire Limpio no la faculta para regular las emisiones de las centrales en función del cambio climático.
En su comunicado, la EPA afirma que los modelos muestran que las emisiones de las centrales no tienen un impacto material en el cambio climático global. La agencia añade que los posibles daños para la salud pública son demasiado inciertos y remotos para atribuirlos específicamente al sector eléctrico estadounidense, por lo que propone considerar que regularlos queda fuera de sus competencias.
La EPA ya planteó la derogación en junio de 2025, cuando defendió que las centrales de combustibles fósiles no contribuyen de forma significativa a la contaminación atmosférica peligrosa tal y como la define la ley.
La agencia celebrará una audiencia pública 15 días después de que la propuesta se publique en el Federal Register y abrirá un periodo de 45 días para recibir comentarios.
“En los periodos de máxima demanda eléctrica, el carbón y el gas natural siguen desempeñando un papel crucial para mantener las luces encendidas”, ha señalado el secretario de Energía, Chris Wright, que ha defendido que la medida ayudará a garantizar el suministro sople o no el viento y brille o no el sol.
El secretario del Interior, Doug Burgum, que ha acompañado a Zeldin en el anuncio junto al director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético, Jarrod Agen, ha calificado la decisión de “reversión necesaria” que devuelve la eficiencia al sector energético.
Ecologistas anuncian batalla en tribunales
Las organizaciones ambientalistas han rechazado la medida y han anunciado que la llevarán a los tribunales. La directora de programas del Sierra Club, Holly Bender, ha acusado al Gobierno de dar vía libre a la industria de los combustibles fósiles para contaminar y ha asegurado que la organización la combatirá en los juzgados, en el Congreso y en las comunidades.
En la misma línea, Rachel Cleetus, directora sénior de políticas del Programa de Clima y Energía de la Unión de Científicos Preocupados, ha reprochado al Ejecutivo que anteponga los intereses de los contaminadores de la industria fósil a la salud y el bienestar de los estadounidenses.
Meredith Hankins, directora jurídica federal para asuntos climáticos del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), ha sostenido que la EPA ignora la realidad del cambio climático y que, sin estas normas, las centrales podrán emitir cuanto carbono quieran.
Carrie Jenks, directora ejecutiva del programa de derecho ambiental y energético de la Facultad de Derecho de Harvard, ha advertido de que la derogación genera incertidumbre en el mercado para las eléctricas, dado que es casi seguro que será impugnada.
La decisión se suma a otras medidas de la EPA bajo el mandato de Trump. En febrero, la agencia anuló su conclusión científica de 2009 según la cual el dióxido de carbono y otros gases que calientan el planeta amenazan la salud pública y el bienestar, y derogó todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos.
El Gobierno ha ordenado además que varias centrales de carbón antiguas sigan operando más allá de su fecha prevista de retirada y en junio anunció más de 100 millones de dólares en fondos federales para dos proyectos de nuevas plantas de carbón en Alaska y Virginia Occidental.
La Administración defiende que trabaja para reforzar la fiabilidad de la red ante el fuerte aumento de la demanda por los centros de datos, la industria y la electrificación, aunque algunos expertos sostienen que más carbón podría encarecer la electricidad, ya que suele ser más caro que el gas natural y las renovables.
En 2025, las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos crecieron un 2,4% tras dos años de descensos, impulsadas en parte por un mayor uso del carbón en las centrales. La derogación llega, además, después del verano más caluroso en los 132 años de registros de la NOAA para el territorio continental del país.
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