El Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto ley aprobado la semana pasada por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán, que ha tensionado los mercados energéticos y ha disparado los precios del gas y del petróleo.
En este contexto, el Ejecutivo ha sometido al Pleno la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que movilizará más de 5.000 millones de euros, según sus propias estimaciones.
A continuación, se detallan todas las medidas que quedarán vigentes en 2026, con posibilidad de prórroga si los precios continúan al alza, de modo que la respuesta al impacto de la guerra en Irán pueda adaptarse a la evolución del conflicto.
IVA al 10% en carburantes
Bajada del IVA del 21% al 10% en gasolina, gasóleo, gas y electricidad, junto a la reducción del impuesto sobre pellets y leña al 10%, con el objetivo de aliviar la factura energética de los hogares y empresas.
Deducciones en el IRPF
Los contribuyentes podrán volver a acogerse a las deducciones del 30% y del 40% en el IRPF por la rehabilitación energética de viviendas.
Asimismo, podrán aplicarse la deducción del 15% del valor de adquisición de un vehículo eléctrico, con una base máxima de 20.000 euros, siempre que se cumpla el requisito de no estar afecto a una actividad económica.
Bono social ampliado
El Gobierno también aprueba la ampliación del bono social eléctrico y mantiene el escudo social durante todo 2026:
- Descuento del 42,5% para consumidores vulnerables
- Descuento del 57,5% para vulnerables severos
- Ayuda mínima del bono térmico de 50 euros
- Prohibición de cortar el suministro energético a los hogares más vulnerables mientras dure el plan
Freno al butano y propano
El precio de la bombona de butano y del propano quedará congelado durante todo 2026, para evitar que las subidas de la energía se trasladen a los hogares que dependen de estos combustibles.
Suspensión de impuestos eléctricos
El Congreso prorroga la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y reduce el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) hasta el mínimo europeo, del 0,5%.
En esta línea, se concede una bonificación del 80% en los peajes eléctricos a la industria electrointensiva.
Rebaja en hidrocarburos
Se reduce la carga fiscal sobre los hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea, aliviando el coste de gasolinas y gasóleos utilizados por el transporte profesional y por los sectores más expuestos al encarecimiento de la energía.
No obstante, por tratarse de medidas excepcionales, las reducciones de los tipos durante el mes de junio de 2026 del Impuesto sobre Hidrocarburos, del Impuesto Especial sobre la Electricidad y del IVA quedan subordinadas a la evolución del índice de precios al consumo de los productos afectados.
Ayudas directas a sectores
El paquete incluye también una ayuda directa equivalente a 20 céntimos para sectores afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores.
La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.
A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes para contener los precios de la cesta de la compra.
Impulso a energía verde
Asimismo, se incorporan bonificaciones en el IBI de hasta el 50% a favor de las construcciones con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o de la energía ambiente, junto con una bonificación de hasta el 95% en el ICIO a favor de las construcciones, instalaciones u obras que incorporen esos sistemas.
Prohibición de despidos
El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluye la prohibición a las empresas de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto, así como para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.
Control de márgenes
También se dota de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan se beneficie de las mismas.
Además, se incluye un mayor control de los márgenes empresariales de las compañías de suministro de combustible, con la posibilidad de establecer limitaciones a sus beneficios.
Movilidad sostenible obligatoria
El decreto adelanta de 24 a 12 meses el plazo para implantar los planes de movilidad sostenible al trabajo, de modo que las empresas y entidades públicas con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno, deberán contar obligatoriamente con estos planes antes del 5 de diciembre de 2026.
Impulso a vivienda pública
Por último, se introduce un cambio normativo para impulsar la construcción de vivienda pública y asequible, mediante la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para facilitar el desarrollo de vivienda en suelos de titularidad pública.