La violencia de género sigue siendo una de las principales lacras sociales en España, con un impacto sostenido en el tiempo que, aunque muestra signos de leve mejora en la última década, continúa dejando cifras inaceptables.
En 2025, una mujer fue asesinada cada 7,4 días a manos de su pareja o expareja, según el Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o expareja en 2025 (1), del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que confirma tanto la persistencia del problema como la complejidad de sus causas estructurales.
Descenso relativo, violencia estructural
El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género revela que en 2025 se registraron 49 feminicidios, una cifra ligeramente superior a la de 2024 pero que se enmarca dentro de una tendencia descendente desde 2015. En la última década, la media anual se ha situado en 51,8 casos, frente a los 64,3 registrados entre 2003 y 2014.
Pese a esta evolución, el balance acumulado sigue siendo contundente: 1.342 mujeres han sido asesinadas desde 2003, año en que comenzaron a contabilizarse oficialmente. En términos globales, la media anual se sitúa en 58,3 víctimas, lo que evidencia que la reducción, aunque significativa, no ha logrado erradicar el problema.
El dato de frecuencia —una mujer asesinada cada semana— subraya la persistencia estructural de la violencia machista, que continúa manifestándose de forma constante en el tiempo, sin grandes oscilaciones interanuales.
Además, el análisis demográfico muestra que la edad media de las víctimas en 2025 fue de 47,3 años, superior a la media histórica (44,4). La franja más afectada se sitúa entre los 36 y 55 años (53%), seguida por el grupo de 26 a 35 años (16,3%), lo que apunta a una mayor incidencia en etapas de vida adulta consolidada.
El hogar, principal escenario del crimen
Uno de los elementos más relevantes del informe es la alta prevalencia de la convivencia entre víctima y agresor. En 2025, ocho de cada diez mujeres asesinadas (80%) convivían con su agresor, un porcentaje que no solo supera al del año anterior, sino también a la media histórica.
Este dato refuerza la idea de que la violencia machista se desarrolla, en gran medida, en el ámbito privado, donde las dinámicas de control, dependencia o aislamiento pueden dificultar la detección temprana y la intervención institucional.
El domicilio fue el escenario del 89,1% de los crímenes, consolidándose como el principal espacio de riesgo. A ello se suma que el 83,7% de los asesinatos fueron cometidos por la pareja actual, mientras que el resto correspondió a exparejas.
En cuanto a los vínculos, el matrimonio fue la relación más frecuente (42,9%), lo que refleja que la violencia no se limita a relaciones inestables o recientes, sino que también se produce en contextos de convivencia prolongada.
El análisis territorial muestra que la mayoría de los casos (39 de 49) se registraron en municipios de menos de 250.000 habitantes, aunque la mayor tasa relativa se da en ciudades intermedias. Este patrón sugiere que la violencia machista no responde exclusivamente a factores urbanos o rurales, sino que atraviesa distintos contextos sociales.
Huérfanos y violencia vicaria invisibilizada
El impacto de la violencia machista trasciende a las víctimas directas y afecta de manera profunda a los menores. En 2025, cuatro de cada diez mujeres asesinadas tenían hijos menores, lo que dejó a 39 niños y niñas en situación de orfandad.
Si se amplía la mirada a todos los hijos, independientemente de su edad, el número asciende a 87 personas que perdieron a sus madres. De ellas, el 77,6% de las víctimas tenía al menos un hijo, lo que evidencia la dimensión familiar del problema.
Especialmente grave es el fenómeno de la violencia vicaria, que en 2025 se cobró la vida de tres menores, elevando a 65 el total desde 2013. Estos casos representan una forma extrema de violencia en la que el agresor utiliza a los hijos para causar el máximo daño a la madre.
Los datos muestran que dos de los tres menores convivían con su agresor y que en la mayoría de los casos el autor era el padre biológico. La edad media de las víctimas fue de 6,7 años, lo que subraya la especial vulnerabilidad de este grupo.
El impacto psicológico, social y económico de estos crímenes es profundo y duradero, no solo para los menores supervivientes, sino también para el entorno familiar y comunitario.
Fallos en denuncias y protección institucional
Uno de los aspectos más preocupantes del informe es el bajo porcentaje de denuncias previas. Solo 11 de las 49 víctimas (22,4%) habían denunciado a su agresor, una cifra inferior a la media histórica.
Además, en algunos casos existían medidas de protección en vigor, como órdenes de alejamiento, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de seguimiento y protección.
El perfil del agresor responde mayoritariamente a un hombre de mayor edad que la víctima (61,2%), con una media de 49,4 años y de nacionalidad española en el 63,3% de los casos.
Tras cometer el crimen, el 61,2% de los agresores fueron detenidos, el 16,3% se entregó voluntariamente y el 12,2% se suicidó, un porcentaje inferior al de la serie histórica, donde el suicidio alcanza el 21,9%.
En cuanto a los métodos empleados, el arma blanca fue el más utilizado (56,5%), seguido de la asfixia o estrangulamiento (15%), lo que refleja la violencia directa y cercana que caracteriza estos crímenes.
El informe también recoge un caso de violencia doméstica íntima en 2025 —un hombre asesinado por su pareja—, que eleva a 121 las muertes en este ámbito desde 2009.
En conjunto, los datos evidencian que, pese a los avances institucionales y normativos, la violencia machista sigue siendo un fenómeno complejo que requiere respuestas más eficaces, preventivas y coordinadas, especialmente en la detección temprana y la protección real de las víctimas.
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