Amnistía Internacional ha concluido este 1 de julio de 2026 que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cometieron crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica durante su campaña para tomar El Fasher, en el estado sudanés de Darfur Septentrional, en el marco de la guerra contra las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y fuerzas aliadas, por lo que reclama un alto el fuego inmediato y el despliegue urgente de una fuerza internacional de protección.
Crímenes contra civiles
El informe Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025
La organización documenta en el informe Ciudad sitiada, niños y niñas bajo fuego casos de civiles asesinados, heridos, golpeados, torturados y detenidos en El Fasher y sus alrededores entre principios de 2024 y octubre de 2025, mientras las RSF combatían para hacerse con el control de la zona.
Según Amnistía Internacional, los crímenes atribuidos a las RSF incluyen asesinato, traslado forzoso, encarcelamiento, tortura, violación, esclavitud sexual, otras formas de violencia sexual, esclavitud, exterminio y persecución. La organización sostiene que estos hechos se produjeron en una campaña que devastó Darfur Septentrional y afectó especialmente a la población civil.
El informe señala que cientos de miles de niños y niñas han sido desplazados y que muchos se han visto expuestos repetidamente a la muerte o a sufrir lesiones durante los ataques o mientras huían. Amnistía Internacional subraya además que innumerables menores han quedado huérfanos, mientras que las personas con discapacidad y las de edad avanzada han afrontado ataques selectivos, abandono y exclusión de la asistencia esencial.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, afirma que la guerra en Sudán es “una guerra contra la población civil” y sostiene que los niños y las niñas no son “daños colaterales” de la violencia, sino que “muy a menudo” han sido objetivos deliberados. La organización denuncia que han sido asesinados, heridos, violados, secuestrados y reclutados por la fuerza a gran escala.
Asedio y desplazamiento
El informe recuerda que, en noviembre de 2023, las RSF controlaban cuatro de las cinco capitales estatales de Darfur, mientras que El Fasher era el único reducto que resistía. A partir de 2024, según Amnistía Internacional, las RSF atacaron sistemáticamente aldeas, pueblos y campos de personas desplazadas en los alrededores de la ciudad, sometieron a la población residente a la violencia y el saqueo e incendiaron infraestructuras civiles.
Amnistía Internacional indica que muchas de estas comunidades estaban compuestas predominantemente por miembros de la etnia zaghawa. Durante los ataques, los combatientes de las RSF incendiaron viviendas civiles incluso después de que sus habitantes hubieran huido, lo que, según la organización, apunta a la intención de dejar inhabitables esas zonas.
La entidad considera que estas acciones, sumadas al control continuado de las RSF en las áreas afectadas –lo que impide el regreso de la población desplazada–, son compatibles con la limpieza étnica del pueblo zaghawa en las zonas cercanas a El Fasher. También recoge que, en los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos que sugerían esclavitud o servidumbre contra civiles de etnia no árabe.
En los ataques contra Darfur Septentrional, las RSF empleaban habitualmente términos que sugerían esclavitud o servidumbre contra civiles de etnia no árabe
Tras desplazar por la fuerza a la población de los pueblos cercanos, las RSF sometieron a El Fasher a un asedio desde mayo de 2024 hasta octubre de 2025, restringieron la entrada de alimentos y suministros humanitarios y bombardearon la ciudad casi a diario, según el informe.
Amnistía Internacional afirma que la hambruna se propagó durante el asedio y obligó a la población a comer ambaz, un subproducto de la producción de aceite de cacahuete que normalmente se utiliza como pienso para animales. La organización advierte de que toda la población civil sufrió las consecuencias, pero especialmente los niños y niñas, para quienes las enfermedades y la desnutrición pueden tener efectos irreversibles.
El informe también recoge testimonios de mujeres que dieron a luz en medio de privaciones graves y estrés, en refugios antiaéreos subterráneos, en hospitales bombardeados o mientras huían de la violencia. Amnistía Internacional señala que, al no poder obtener una nutrición adecuada, muchas madres no podían producir suficiente leche para alimentar a sus recién nacidos.
Ofensiva final y abusos
La organización sitúa el 26 de octubre de 2025 como la fecha en la que las RSF lanzaron su ofensiva final contra El Fasher. Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros, tras lo cual, según Amnistía Internacional, se produjo una masacre en la que cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras torturadas o detenidas.
Cuando los civiles intentaron huir, se encontraron con una red de terraplenes de 57 kilómetros, tras lo cual, según Amnistía Internacional, se produjo una masacre en la que cientos de personas fueron ejecutadas y muchas otras torturadas o detenidas
Amnistía Internacional entrevistó a 70 sobrevivientes de ese episodio, casi todos ellos testigos de ejecuciones, violaciones, otras formas de tortura o toma de rehenes. La organización señala que entre las personas asesinadas en los terraplenes había muchos niños y niñas, y recoge testimonios de supervivientes que describen ejecuciones de hombres y menores, asesinatos de mujeres que se resistieron a ser violadas y ataques contra niños pequeños.
Quienes permanecieron en El Fasher también fueron testigos de graves violaciones de derechos humanos, según el informe. Amnistía Internacional entrevistó a 18 personas que se encontraban en el Hospital Materno Saudí, entre miembros del personal, pacientes y familiares, y que vieron cómo las RSF mataban a decenas de personas allí. La organización recuerda que atacar este hospital, protegido por el derecho internacional, constituye un crimen de guerra.
La entidad documenta además violaciones y otras formas de violencia sexual a gran escala en numerosos contextos. En total, entrevistó a 26 sobrevivientes de violencia sexual, incluidas 20 mujeres víctimas de violación, entre ellas tres niñas menores de 18 años y una joven violada cuando tenía 17 años.
Amnistía Internacional también denuncia detenciones ilícitas de civiles y toma de rehenes para pedir rescates, a menudo en condiciones terribles. La organización entrevistó a 45 personas detenidas ilícitamente por las RSF, entre ellas ocho menores de edad, entre julio de 2024 y enero de 2026.
Los testimonios recogidos describen condiciones de detención abusivas y degradantes, con golpes, insultos étnicos, privación de comida y agua suficientes y reclusión en dependencias sofocantes y superpobladas. Amnistía Internacional afirma que muchos detenidos presenciaron la muerte de decenas de personas –en ocasiones, centenares– por deshidratación o enfermedad.
Niñas y niños huyen de un ataque con drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en una zona rural de Darfur Septentrional, Sudán. Octubre de 2025
El informe también documenta el reclutamiento y la utilización generalizados de niños por parte de las RSF, tanto de grupos étnicos árabes aliados como de menores secuestrados de grupos no árabes durante ataques a pueblos y campos de personas desplazadas. Según la organización, estos niños desempeñaban funciones como combatir, recabar información o cuidar del ganado.
Para elaborar el informe, Amnistía Internacional entrevistó a 247 personas, entre ellas 208 sobrevivientes –169 adultos y 39 menores de edad– que habían sufrido o presenciado abusos relacionados con el conflicto. El trabajo incluye también análisis de fuentes abiertas, con 89 vídeos y un análisis exhaustivo de imágenes de satélite de Darfur Septentrional.
La organización afirma que identificó a mandos de las RSF responsables de graves violaciones del derecho internacional. También señala que miembros de las RSF grabaron y difundieron públicamente vídeos de ejecuciones masivas, y que recopiló y verificó 19 vídeos que documentaban una gran masacre cerca del terraplén, a unos 12 kilómetros al noroeste de El Fasher.
Amnistía Internacional asegura que las violaciones se produjeron de forma reiterada y a gran escala, lo que indica que quienes ocupaban puestos de autoridad sabían –o debían saber– lo que ocurría y no hicieron nada por impedirlo ni por exigir responsabilidades.
La organización envió el 10 de junio de 2026 una carta al general Mohamed Hamdan Dagalo, jefe de las RSF, en la que documentaba las conclusiones del informe. Según Amnistía Internacional, en el momento de la publicación no había recibido respuesta.
Reclama que la comunidad internacional vaya “más allá de las declaraciones de preocupación” y adopte medidas concretas para proteger a la población civil y romper el ciclo de impunidad
Amnistía Internacional sostiene que el análisis de las pruebas permite concluir “sin reservas” que se produjo una persecución por motivos de identidad étnica. La organización considera que los actos documentados, junto con otros presuntos crímenes objeto de investigaciones paralelas, podrían ser pertinentes para la calificación del delito de genocidio, aunque precisa que sus investigaciones prosiguen.
Agnès Callamard reclama que la comunidad internacional vaya “más allá de las declaraciones de preocupación” y adopte medidas concretas para proteger a la población civil y romper el ciclo de impunidad. Amnistía Internacional pide reforzar los mecanismos de rendición de cuentas existentes para Sudán, incluidas la Corte Penal Internacional y las misiones de investigación respaldadas por la ONU y la Unión Africana.
Reclama que todos los países dejen de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán, en particular, pide dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos, al que identifica como principal patrocinador de las RSF
La organización también reclama que todos los países dejen de suministrar inmediatamente armas y municiones a todas las partes en el conflicto de Sudán. En particular, pide dejar de suministrar armas a Emiratos Árabes Unidos, al que identifica como principal patrocinador de las RSF, hasta que cumpla con el embargo de la ONU, y solicita al Consejo de Seguridad ampliar el embargo de armas de Darfur al resto del país.
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