Las plataformas de Palantir Technologies operan en el Departamento de Defensa, el FBI, la agencia tributaria y el servicio de inmigración de Estados Unidos, en la sanidad pública británica y en la policía de tres estados alemanes. Un análisis publicado en la revista de acceso abierto Systems sostiene que ese despliegue ha desplazado fuera del control público una función básica del Estado: decidir qué cuenta como riesgo, fraude, amenaza o derecho a una prestación.
El texto propone tres indicadores para medir esa dependencia y describe una tarea institucional que llama desenredado. No pide expulsar a la empresa ni prohibir la inteligencia artificial, sino devolver a los organismos públicos la capacidad de definir y revisar sus propias categorías.
Lo firma Haris Alibašić, profesor del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de West Florida, y es un análisis documental: no incorpora datos nuevos, ni entrevistas, ni acceso a la documentación técnica de los modelos. El autor es además editor invitado del número especial en el que aparece y declara haberse recusado de todas las decisiones editoriales sobre su propio texto, que gestionó la oficina editorial de la revista.
Quién fabrica las categorías del Estado
El trabajo amplía un marco anterior del propio autor, el de la política posfactual, que identificaba cuatro condiciones para que una sociedad pueda distinguir lo cierto de lo falso a efectos de decisión pública: estadística independiente, categorización administrativa sometida a procedimiento, instituciones deliberativas y un ecosistema informativo corregible. Ahora añade un quinto pilar, previo a los otros cuatro: la infraestructura donde se fabrican las categorías.
La diferencia con la dependencia clásica de un proveedor informático es de naturaleza y no de grado, sostiene. El bloqueo de proveedor habitual se traduce en costes de migración y formatos incompatibles, pero deja intactas las categorías propias del organismo. Aquí, escribe Alibašić, el Estado no alquila fontanería informática: importa “una forma organizada de mirar a su población”.
Los tres indicadores que propone son replicables con cualquier proveedor. La opacidad categorial existe cuando la lógica interna está protegida por secreto comercial o el organismo no conserva los parámetros del modelo. El desplazamiento de la impugnación, cuando corregir un error obliga a pasar por el proveedor. Y la dependencia sustitutiva, cuando la administración no podría asumir la función por sí sola en un plazo de doce a veinticuatro meses.
Qué significa eso en la práctica lo ilustra el contrato que la empresa mantuvo con Nueva Orleans entre 2012 y 2018, revelado por The Verge en febrero de 2018 y recogido por la revista europea Le Grand Continent. El programa funcionó como laboratorio de policía predictiva con una base de evaluación de riesgo centrada en el 1 % de la población –unas 3.900 personas señaladas como de alto riesgo de verse implicadas en violencia con armas– sin que el concejo municipal lo supiera.
La ACLU publicó después un análisis según el cual el programa amplificaba sesgos raciales ya existentes. No es un caso aislado: un trabajo de 2019 firmado por los investigadores Rashida Richardson, Jason Schultz y Kate Crawford mostró que los sistemas predictivos siguen la presencia policial más que el delito real y generan un bucle que vigila todavía más los barrios ya sobrevigilados.
El segundo ejemplo es migratorio. La empresa opera desde 2025, mediante un contrato sin concurso, la plataforma ImmigrationOS, que el servicio de inmigración estadounidense emplea para identificar a personas no ciudadanas y hacer seguimiento de las deportaciones.
Un contrato bajo escrutinio parlamentario
El caso mejor documentado en registros primarios es británico. La Plataforma Federada de Datos del sistema nacional de salud se adjudicó en noviembre de 2023 a un consorcio liderado por Palantir por 330 millones de libras a siete años, y figura en la cartera de grandes proyectos del Gobierno del Reino Unido.
El 16 de abril de 2026 la Cámara de los Comunes celebró un debate formal sobre ese contrato en el que intervinieron diputados de al menos siete partidos para pedir la activación de la cláusula de salida de 2027. El diputado liberaldemócrata Martin Wrigley, que abrió la sesión, sostuvo que la plataforma no deja “ni software, ni mejoras, ni propiedad intelectual” tras la suscripción.
El viceministro de Sanidad, Zubir Ahmed, respondió que el Gobierno evaluará proveedores alternativos cuando llegue esa cláusula. El estudio describe el debate como la primera deliberación parlamentaria formal en una gran democracia occidental sobre cómo empezar a deshacer un despliegue de este tipo, y señala que el servicio de salud de Gales optó por construir su propia plataforma en lugar de adoptar la inglesa.
La empresa lo ve de otro modo. Su vicepresidente ejecutivo, Louis Mosley, declaró en julio de 2025 ante una comisión de los Comunes que lo importante al servir a la sanidad pública es ayudarla a tratar a los pacientes “más rápido, con más eficacia y más eficiencia”. El mismo registro recoge que Mosley no respondió de forma directa cuando el diputado Kit Malthouse le preguntó qué salvaguardas impedirían que programas británicos resultasen cómplices de presuntos crímenes de guerra a través de la arquitectura civil-militar interoperable de la empresa.
El autor no atribuye mala fe a esa defensa, pero replica que responde a otra pregunta –para qué sirve la herramienta– y que optimizar nunca es un objetivo neutro en administración pública. La eficiencia, escribe, se convierte en camuflaje ideológico cuando el sistema acelera la acción y saca del registro institucional accesible las razones para actuar.
El estudio incorpora además el testimonio del exministro británico de Prisiones Rory Stewart, que describió en abril de 2026 la estrategia comercial de la empresa como una oferta de fontanería: integrar bases de datos públicas incompatibles a coste inicial mínimo. Su consecuencia, según Stewart, es una trampa de dependencia, porque una vez instalada la integración arrancarla resulta prohibitivo.
Las 22 tesis y sus límites
El autor eligió este caso, entre otras razones, porque la empresa ha puesto por escrito sus compromisos ideológicos. En abril de 2026 su cuenta corporativa publicó en X un hilo de 22 puntos que condensa el libro La República Tecnológica, firmado por su consejero delegado, Alex Karp, y por su responsable de asuntos corporativos, Nicholas Zamiska. El estudio fecha la publicación el día 19 y Le Grand Continent el 18; el hilo superó los 30 millones de visualizaciones en 48 horas.
Las tesis dibujan un programa. El texto reclama que Silicon Valley salde una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso, defiende el servicio militar universal, sostiene que el poder duro de este siglo se basará en el software y pide revertir la desmilitarización de posguerra de Alemania y Japón. Las dos últimas afirman que algunas culturas han resultado regresivas y dañinas y llaman a resistir “un pluralismo vacío y sin sentido”, en la traducción de Le Grand Continent.
Varios especialistas leyeron el documento como un programa coherente. El politólogo Cas Mudde, especialista en la derecha radical, lo calificó de “tecnofascismo puro” y pidió que las instituciones europeas dejen de contratar a la empresa; el estudioso de administración pública Donald Moynihan y el filósofo Mark Coeckelbergh publicaron análisis en la misma línea.
El artículo precisa que no le corresponde dirimir si esa etiqueta es la correcta. Lo relevante, sostiene, es que varias administraciones incorporaron la infraestructura sin someter antes esos compromisos a escrutinio deliberativo. Entre las fuentes que maneja figura también un informe de Amnistía Internacional de 2025 sobre tecnología de Palantir y de Babel Street y las amenazas de vigilancia sobre personas migrantes y sobre estudiantes que participan en protestas propalestinas.
Frente a ese cuadro, el desenredado consiste en cuatro movimientos: recuperar capacidad técnica interna, repatriar las categorías, renegociar las cláusulas que impiden conservar la documentación de los modelos y reorientar la contratación futura. Si eso resulta inviable a corto plazo, el texto fija un mínimo: propiedad de las definiciones, control de los criterios de validación, acceso al historial de decisiones, autoridad para suspender una categoría que falle una auditoría y un plan de salida.
La arquitectura que propone después la llama inteligencia híbrida: la máquina para la escala y el patrón, el criterio humano para el contexto y la valoración ética. Con salvaguardas concretas, porque la literatura sobre sesgo de automatización muestra que quien decide tiende a plegarse a la recomendación automática bajo presión de trabajo: obligación de motivar, segunda revisión independiente, auditorías aleatorias y recursos que alcancen al proceso y no solo al resultado.
El propio autor delimita el alcance del trabajo a Estados Unidos y jurisdicciones aliadas. Extenderlo a la Unión Europea, bajo la Ley de IA, exigiría un análisis propio. Y reconoce como principal limitación que su diagnóstico evalúa el estado documentado y no el interno, aunque añade un matiz: que haya que reconstruir el cuadro desde registros públicos es ya un síntoma de la opacidad que describe.
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