La conservación de la naturaleza no solo depende de la biología, la ecología o la legislación ambiental. También depende, en buena medida, de la capacidad de la sociedad civil para vigilar, denunciar y protestar contra las actividades que dañan el medio ambiente.
En España, la entrada en vigor en 2015 de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, conocida popularmente como “ley mordaza”, supuso un cambio de paradigma que ha afectado negativamente al activismo ecológico. Al criminalizar la protesta pacífica y limitar la libertad de expresión, esta norma ha creado un “efecto disuasorio” que debilita la lucha por la conservación de la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.
Desafortunadamente, España se ha convertido en un ejemplo que varios países europeos (Reino Unido, Francia, Hungría, Alemania o Dinamarca) están tomando como referencia hacia el endurecimiento de las leyes de seguridad ciudadana y de orden público. Varias organizaciones de derechos humanos como la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa han expresado preocupación por el “potencial represivo” de las leyes de seguridad ciudadana que estos Estados están implantando.
El activismo en el punto de mira
El activismo ambiental es, por definición, una forma de acción política que busca proteger el entorno frente a amenazas, a menudo causadas por grandes intereses económicos o por negligencias administrativas. Históricamente, las protestas y las acciones directas no violentas (como las de ONG como Greenpeace y Ecologistas en Acción o de plataformas locales) han sido clave para visibilizar la destrucción ambiental.
Sin embargo, la ley mordaza ha transformado estas acciones en un riesgo jurídico y económico elevado. Las infracciones graves y muy graves introducidas por la ley permiten imponer multas que oscilan entre los 601 y los 600 000 euros. Para muchas personas e incluso para muchos colectivos ecologistas, estas cifras no son sanciones, sino que en la realidad se convierten en medidas de “represión social y desmovilización ciudadana”.
Impacto en la acción climática
Cuando un colectivo ciudadano intenta bloquear la tala de un bosque, la construcción en una zona protegida o la contaminación de un río, a menudo se enfrenta a una respuesta policial amparada en la nueva seguridad ciudadana. La ley mordaza ha provocado varias cuestiones contrarias a la libertad de expresión y de dudosa constitucionalidad.
Por un lado, se produce una criminalización de la protesta pacífica: acciones simbólicas clásicas, como encadenarse a una maquinaria u ocupar terrenos en defensa del patrimonio natural, son castigadas con una contundencia desproporcionada.
También hubo desproporción en considerar terroristas a los activistas que participaron en 2022 y 2023 en diversas acciones de desobediencia civil no violenta para reclamar mayores y más eficaces medidas políticas ante el cambio climático. Tanto Naciones Unidas como Amnistía Internacional recordaron al Fiscal General del Estado que el derecho de protesta se estaba vulnerando con esta categorización de terroristas a los activistas climáticos. Algo que se había visto venir tras la ambigua definición jurídica en la que había quedado el terrorismo.
El miedo a las sanciones económicas desproporcionadas se traduce en que muchos activistas y organizaciones limitan sus acciones reduciéndose mucho la presión social sobre los destructores de la naturaleza.
Un obstáculo adicional para ejercer el derecho de protesta de forma segura es la dificultad impuesta en el registro de pruebas. La limitación o prohibición de grabar y difundir imágenes de los agentes de las fuerzas de seguridad reprimiendo a manifestantes y activistas dificulta enormemente la documentación de posibles abusos en el desalojo o represión de una protesta ambiental.
Efectos en la conservación de la naturaleza
La principal consecuencia de la ley mordaza, es el llamado “efecto disuasorio”. Activistas de diversas organizaciones han denunciado que la ley reprime la protesta, obligando a los defensores de la naturaleza a guardar silencio o a limitar sus actuaciones frente a lugares simbólicos como el Congreso de los Diputados o las delegaciones de Gobierno.
En un contexto de emergencia climática y pérdida de biodiversidad, reducir la capacidad de la ciudadanía para protestar es una amenaza directa a la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad ambiental, siempre amenazadas por intereses privados.
La vigilancia ciudadana es imprescindible, ya que las autoridades se ven desbordadas y, en muchas ocasiones, son los ecologistas los primeros en descubrir actividades ilícitas que las autoridades no detectan, ignoran o incluso en ocasiones, provocan.
Al disminuir esta vigilancia por miedo a las multas, la biodiversidad queda desprotegida y los riesgos ambientales como el cambio climático o las distintas formas de contaminación se vuelven mucho más peligrosos para la ciudadanía.
A lo largo de los más de diez años de vigencia de esta norma, las organizaciones ecologistas han reportado múltiples casos donde el activismo ha sido sancionado bajo el amparo de la seguridad ciudadana. La ley mordaza no solo afecta a grandes ONG; plataformas locales que luchan contra megaproyectos (minería, proyectos de implantación de energías renovables sin ordenación, infraestructuras innecesarias) se ven desbordadas por sanciones administrativas, lo que paraliza de facto sus movimientos en defensa del territorio.
La ley mordaza bloquea radicalmente las protestas de grupos pequeños o de individuos aislados, que se ven completamente desamparados ante esta “nueva” ley.
La ley mordaza nos desprotege a todos
La conservación de la naturaleza y la acción climática requieren un entorno democrático fuerte y transparente donde la ciudadanía pueda alzar la voz sin miedo a represalias. La ley mordaza funciona como un mecanismo que prioriza el orden público –entendido a veces como la protección de intereses económicos o políticos concretos– frente al derecho universal a un medio ambiente sano y frente al derecho a la libertad de expresión.
Mientras la ley siga vigente con los términos actuales, el activismo ambiental operará bajo la sombra de la inseguridad. Para una verdadera conservación de la biodiversidad en España, es indispensable garantizar que los defensores de la naturaleza puedan protestar pacíficamente sin ser criminalizados, asegurando que la protección del territorio siga siendo un derecho ciudadano cuyo ejercicio nos beneficia a todos y no una actividad de alto riesgo.
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