La mayoría de las personas que han contado su experiencia en un grupo coercitivo de alto control –de los que usan la manipulación, el aislamiento y el miedo para dominar– ni siquiera percibió que la estaban captando. Lo habitual es que llegaran de la mano de alguien de confianza, en un momento de fragilidad. Así lo recoge un informe del Parlamento del estado australiano de Victoria, que ha recomendado crear un delito penal de coerción grupal, la que un grupo ejerce sobre sus miembros.
El Comité de Asuntos Legales y Sociales de la Asamblea Legislativa de Victoria, presidido por Ella George, ha publicado en julio de 2026 un informe en dos volúmenes: Crossing the line (Cruzando la línea), con el análisis y las recomendaciones (1), e In their words (del inglés, En sus palabras), con los testimonios (2). Concluye que el daño depende de lo que un grupo hace, no de lo que cree.
Cómo captan y controlan
Los grupos que describe el informe varían en creencias, estructura y fines declarados, pero comparten un patrón: liderazgo autoritario y centralizado, dependencia provocada, conformidad ideológica forzada, vigilancia, aislamiento, relatos basados en el miedo y explotación económica. Ninguno de estos rasgos basta por sí solo; lo que distingue a estos grupos, según el comité, es su combinación y su aplicación acumulada.
La captación es gradual, deliberada y sostenida, y está pensada para pasar desapercibida dentro de la vida social cotidiana de las personas
La captación es gradual, deliberada y sostenida, y está pensada para pasar desapercibida dentro de la vida social cotidiana de las personas, advierte el informe. La mayoría de quienes aportaron su testimonio no se vieron a sí mismos como captados: entraron sobre todo por familiares o relaciones de confianza, y quienes reclutan se acercan a personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad o de cambio. Se presentan como algo legítimo, conocido o beneficioso.
Las verdaderas intenciones se ocultan hasta que se han construido confianza y compromiso. El engaño y el adoctrinamiento gradual son, según el comité, rasgos definitorios. Internet es además una vía de captación en crecimiento: permite llegar a mucha gente, actuar desde el anonimato y acelerar el adoctrinamiento sin que nadie vigile.
El segundo volumen, formado por citas directas de personas afectadas, ordena los puntos de entrada en siete ámbitos: las familias y relaciones personales, los espacios públicos, la participación social, los entornos digitales, los centros educativos o terapéuticos, las organizaciones y comunidades, y las grandes transiciones vitales que reducen el apoyo social.
Para elaborarlo, el comité recibió 291 escritos y 317 respuestas a un cuestionario anónimo, celebró ocho días de audiencias y se reunió con diversos agentes clave. Buena parte de las pruebas llegó de forma confidencial, por los riesgos que los participantes dijeron afrontar al hablar.
El comité insiste en que el problema no son las creencias ni la existencia de normas estrictas, sino la intención y la conducta: el uso deliberado de la coerción, la manipulación y el control. Muchos grupos mantienen convicciones firmes o esperan un gran compromiso de sus miembros sin cruzar esa línea.
Por eso considera que el término cult –“secta” en inglés– no debe usarse en la legislación ni en las reformas derivadas de la investigación. La evidencia señala que no existe una definición acordada, que puede plantear problemas de derechos humanos y que tiende a poner el foco en lo que un grupo cree y no en lo que hace.
El enfoque contrasta con el de Francia, que desde 2024 castiga a quien coloca o mantiene a una persona en un estado de “sujeción psicológica o física”. La ley francesa parte, por tanto, del estado de la víctima, mientras que la propuesta de Victoria se fija en la conducta del grupo.
Daños que persisten tras salir
El daño más frecuente es el psicológico: lo sufrió el 94,9 % de las personas que respondieron al cuestionario anónimo, es decir, casi 19 de cada 20. Incluye miedo crónico, pérdida de autonomía y de confianza en uno mismo, pérdida de identidad y los efectos duraderos del ostracismo y la excomunión impuestos por el grupo.
El daño continúa con frecuencia mucho después de la participación formal en el grupo, y la salida suele ser el principio, no el final, de la necesidad de apoyo
El daño continúa con frecuencia mucho después de la participación formal en el grupo, y la salida suele ser el principio, no el final, de la necesidad de apoyo, advierte el comité. Una parte significativa de los testimonios describe también daños físicos, como violencia, abusos sexuales y negligencia médica, que según el informe se usan para imponer la obediencia y que a menudo no son visibles para quienes están fuera de la dirección del grupo.
A ello se suman las restricciones personales sobre la educación, el empleo, las relaciones y el dinero. No son accidentales, sostiene el comité: crean la dependencia que hace que marcharse parezca imposible y que, una vez fuera, valerse por uno mismo resulte muy difícil.
El daño no se reparte por igual. Las mujeres y las niñas sufren un daño distinto y desproporcionado, porque las estructuras de poder basadas en el género normalizan y agravan el control coercitivo, la violencia sexual y la dependencia económica. El aislamiento social, las barreras del idioma y la discriminación pueden aumentar la vulnerabilidad.
Las familias se encuentran con rupturas repentinas, un duelo prolongado y ambiguo, y pocas vías para reencontrarse o recibir ayuda. La comunidad, por su parte, asume el coste de que quienes salen necesiten vivienda, atención sanitaria y otros servicios públicos. Ese coste, reconoce el informe, no se conoce bien.
Los niños son el caso más delicado. Para quienes nacen en estos grupos no hay un momento de ingreso: es el único mundo que han conocido, y por eso el informe considera engañosas palabras como “captación” o “pertenencia”. Cuando salen, no recuperan una identidad previa: han de construirla, a menudo por primera vez ya de adultos y sin apoyo suficiente.
La falta de educación suele ser deliberada, según las pruebas recibidas, porque limita la capacidad de pensar con independencia o de funcionar fuera del grupo. Muchos supervivientes salen sin titulaciones ni habilidades básicas para la vida, y también sin las referencias sociales que la mayoría de jóvenes de Victoria adquiere en una adolescencia corriente.
Propuestas: ley, infancia y apoyo
El informe recoge 98 conclusiones y 39 recomendaciones dirigidas al Gobierno de Victoria. La más llamativa es crear un delito penal de coerción grupal, porque el comité considera que la ley actual puede alcanzar actos aislados, pero no el patrón sostenido y acumulado con el que opera el control dentro de un grupo.
Los códigos de vestimenta impuestos, las exigencias económicas, las restricciones de movimiento y la exclusión social no son necesariamente coercitivos por separado
Los códigos de vestimenta impuestos, las exigencias económicas, las restricciones de movimiento y la exclusión social no son necesariamente coercitivos por separado, explica la evidencia recogida. Lo que define el daño es su combinación, su repetición y su efecto acumulado, pensados para erosionar la autonomía personal y reforzar la dependencia del liderazgo. Muchas de esas conductas, miradas una a una, quizá no alcancen el umbral penal, aunque sus consecuencias sean graves y duraderas.
El comité pide que el Gobierno encargue a la Comisión de Reforma Legal de Victoria el diseño del delito, con un informe para julio de 2028, y que presente la ley a más tardar en febrero de 2029. Defiende que el consentimiento aparente obtenido bajo coacción no sirva de defensa y que los plazos de prescripción reflejen que los supervivientes tardan años o décadas en denunciar.
El comité descarta ampliar la legislación sobre violencia familiar para cubrir estos casos. Considera que un grupo funciona de otro modo, con autoridad repartida, control colectivo, autores múltiples o cambiantes y relaciones similares a las familiares, y que forzar ese encaje podría crear ambigüedad y hacer que se confunda a las víctimas con agresores.
El comité propone atribuir la culpa de forma proporcionada. La responsabilidad debería centrarse en quienes crean, mantienen y se benefician de los sistemas de control, y tener en cuenta la menor culpabilidad de quienes colaboraron bajo presión o dependencia. No se castigarían las creencias, sino la conducta. Será la Comisión la que concrete quién respondería en cada caso.
Sobre la infancia, el informe señala lagunas estructurales en el sistema de protección de menores de Victoria. Muchos grupos quedan fuera porque carecen de una organización formal, y los niños tienen poco o ningún contacto con los profesionales obligados a denunciar. Además, ninguna agencia recoge datos por pertenencia a un grupo de este tipo, de modo que se desconoce la magnitud del problema.
Entre las medidas figuran revisar la educación en casa para ampliar los canales a los que pueden recurrir los menores aislados, incluir contenidos adecuados a cada edad en el currículo escolar de relaciones respetuosas y llevar materiales de concienciación a las universidades. También se pide atender a los jóvenes de 18 a 25 años que salen de estos grupos, que ya no tienen cobertura infantil y están mal atendidos por los servicios para adultos.
Los servicios a los que acuden estas personas, como los de salud mental, vivienda o policía, se describen en cambio como fragmentados y, en aspectos importantes, inadecuados. Ninguna agencia tiene el mandato, la experiencia y la visibilidad para actuar en todos los ámbitos, y no existe un marco común de riesgos ni coordinación entre organismos. El comité prefiere reforzar a las agencias existentes, con indicadores compartidos, formación y una atención de crisis en la que cualquier puerta sea la correcta, antes que crear un organismo nuevo.
Considera también que el apoyo entre iguales, ofrecido por personas que han vivido la misma experiencia, es un componente esencial de la respuesta y no un añadido. Hoy lo prestan organizaciones de supervivientes que atienden una demanda considerable en gran medida con voluntarios, algo que el comité califica de insostenible a largo plazo.
En el plano económico, el comité comparte el análisis de la Comisión de Productividad: no hay una razón de política clara para mantener la categoría de organización benéfica religiosa básica, exenta de importantes obligaciones de gobernanza e información. Y recuerda que los delitos federales de trabajo forzoso, servidumbre y matrimonio forzoso ya podrían aplicarse a estas conductas, pero rara vez se aplican.
El comité subraya que su función no es determinar si un grupo concreto es o no coercitivo, por lo que el informe no nombra grupos. Reconoce además que es imposible conocer la extensión real de estos grupos en Victoria y que faltan testimonios de pueblos originarios y de comunidades culturales y lingüísticas diversas, y hay pocos de personas LGTBIQA+.
La propuesta no convence a todos. Según la agencia AAP, el Australian Christian Lobby defendió en las audiencias que las leyes vigentes ya bastan para perseguir los abusos dentro de estos grupos. La organización Freedom For Faith celebra que el informe rechace la palabra “secta” en la ley, pero advierte de que ideas como las “amenazas espirituales o existenciales” son demasiado amplias y podrían alcanzar la enseñanza religiosa corriente.
Tras la presentación del informe, el Gobierno de Victoria tiene seis meses para responder por escrito y señalar si apoya, apoya en principio o no apoya cada recomendación. Esa respuesta se publicará en la página de la investigación.
- (1) Crossing the line: Coercion and harm in high-control groups. Volume 1. Legislative Assembly Legal and Social Issues Committee, Parliament of Victoria.
- (2) In their words: Coercion and harm in high-control groups. Volume 2. Legislative Assembly Legal and Social Issues Committee, Parliament of Victoria.
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