La petrolífera Repsol anhela los ricos fondos marinos de las islas Canarias desde hace muchos años. Y todo parece indicar que los logrará en mayo de 2014, cuando iniciará las primeras catas para buscar hidrocarburos en las aguas del archipiélago, tal y como ha anunciado el presidente de la compañía, Antonio Brufau. Las exploraciones se llevarán a cabo a unos 3.500 metros de profundidad y a una distancia mínima de entre unos 50 y 60 kilómetros de las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

El ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, apuesta así por un proyecto que inició su andadura en 2001, cuando el Gobierno presidido entonces por José María Aznar concedió a Repsol por medio de un Real Decreto permisos para rastrear yacimientos de petróleo y gas para un periodo de seis años, una decisión que fue recurrida por la agrupación lanzaroteña del Partido Socialista Canario y el Cabildo Insular de Lanzarote.

El Gobierno autoriza las prospecciones en nueve zonas y perforar al menos dos pozos

El Tribunal Supremo anuló en 2004 los trabajos que se iban a realizar entre el tercer y el sexto año, que consistían en la perforación de dos pozos exploratorios y diversos estudios geológicos y geofísicos. El fallo se fundamentó en que el Real Decreto no incluía medidas de protección medioambiental. La fiebre por los hidrocarburos canarios se paralizaba temporalmente.

Pero, el 16 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó otro Real Decreto para convalidar el anterior añadiéndole medidas de protección del medio. El nuevo decreto exige un estudio de impacto ambiental y planes de gestión y de contingencias en el caso de que se produjera un vertido. Ante tal maniobra política, el Gobierno de Canarias y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura reclamaron al Tribunal Supremo la anulación de la citada norma, pero en esta ocasión se ha desestimado el recurso.

Además de corregir la omisión sobre la protección medioambiental, el nuevo decreto incluye algunos cambios que no resultan de menor importancia. Por ejemplo, mientras que en la primera normativa se daba permiso para dos pozos, la nueva establece que como mínimo se podrán hacer dos, por lo que se abre la posibilidad a nuevas perforaciones.

Riesgos para el turismo y el medio

Repsol, que actúa como operadora, afronta la búsqueda de petróleo en Canarias con dos socios, la australiana Woodside y la alemana RWE Dea AG, con unos porcentajes del capital del 50%, el 30% y el 20%, respectivamente.

De acuerdo con los permisos conseguidos, podrán prospectar nueve zonas del Atlántico situadas entre la costa marroquí y el archipiélago canario para verificar la existencia de hidrocarburos pero, de momento, todavía no explotarlos. Según estudios de Repsol, existen yacimientos capaces de producir más de 100.000 barriles de petróleo al día, una cantidad que podría cubrir el 10% de la demanda nacional.

Actualmente, España sufre una fuerte dependencia energética exterior: importa el 99% de los hidrocarburos que consume. Cuenta con cinco explotaciones petrolíferas en funcionamiento (Ayoluengo, Boqueron, Casablanca, Montanazo-Lubina y Rodaballo) y cinco yacimientos de gas natural (El Romeral, El Ruedo, Las Barreras, Marismas y Poseidón).

Mientras que Repsol y el Gobierno español defienden las virtudes del proyecto amparándose en la generación de empleo y el crecimiento económico, el ejecutivo canario, los gobiernos isleños de Lanzarote y Fuerteventura, organizaciones ecologistas y gran parte de la sociedad del archipiélago se oponen por los efectos negativos que esta actividad podría tener para el medio ambiente y el sector turístico, además de por su incompatibilidad con modelos energéticos más sostenibles. Un estudio de la ONG Oceana detalla todos los posibles impactos sobre la biodiversidad marina de la zona, de las más ricas del Atlántico.

La petrolera cree posible extraer 100.000 barriles al día, el 10% del consumo nacional

“De producirse en el ámbito de las prospecciones previstas vertidos de hidrocarburos, causarían un importante impacto medioambiental, ya que podrían verse afectados ecosistemas con valores naturales de gran interés y la rica biodiversidad marina existente en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pudiendo ser dañadas igualmente otras islas del archipiélago canario. Comunidades marinas y de costa con un alto interés ecológico podrían verse afectadas. Los daños se extenderían al ámbito económico y, todo ello, repercutiría en el bienestar de la población […]”, coincide un estudio del comité científico español que asesora al programa de Reservas de la Biosfera de la Unesco.

Además, según denuncia el presidente canario, Paulino Rivero, con el recuerdo reciente de la alarma generada por el Proyecto Castor en las costas de Castellón, la intensa actividad sísmica del fondo marino aumenta el nivel de riesgo sobre unas islas donde el 100% del agua potable consumida se extrae del mar.

Las autoridades canarias han decidido internacionalizar el conflicto. Para ello, junto con las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Bird Life y WWF, han puesto en marcha la campaña savecanarias.org, que dispone de una página web en diversos idiomas en la que se piden firmas para detener el plan. Por el momento, cuentan con casi 38.000.