Hasta la misma empresa y el Gobierno lo han admitido, así que ya no queda duda alguna. Los más de 500 temblores de tierra que ha venido sufriendo durante las últimas semanas la zona costera situada entre Cataluña y la Comunidad Valenciana son consecuencia de los trabajos de llenado del almacén submarino de gas situado frente al litoral de Vinaroz (Castellón), el llamado proyecto Castor, impulsado por la sociedad Escal UGS, de la que es accionista mayoritaria (con el 66%) la constructora ACS.

Sin embargo, la empresa sólo reconoce relación directa entre sus actividades de inyección de gas en el fondo del mar y los movimientos sísmicos de una magnitud inferior a 3 grados en la escala de Richter, cuando en la zona se han llegado a registrar temblores de 4.2, y atribuye los más fuertes al desplazamiento de alguna falla, aunque también descarta que haya sido la falla de Amposta, la mayor de la región, de 51 kilómetros de longitud, que atraviesa la zona del almacén submarino.

El director del proyecto Castor y presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, atribuyó los terremotos más fuertes al “desplazamiento de alguna falla lateral”. "Podemos descartar que la falla de Amposta se haya movido, lo que para nosotros es importante ya que se trata de una falla grande que habíamos estudiado en toda su dimensión y sus características. Teníamos todos los cálculos previstos para que no se moviera, y no se ha movido", manifestó.

La compañía rechaza que los seísmos más fuertes sean de su responsabilidad

Sin embargo, un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), organismo oficial dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, alerta de la existencia en el lugar de otras cuatro fallas potencialmente peligrosas, una de las cuales podría provocar seísmos de hasta 6,9 grados en la escala de Richter, ya enormemente destructivos.

Un informe de 2005 ya advertía de que “la actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos”. Se trataba de un estudio realizado durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del almacén por el Observatorio del Ebro, situado en Roquetes, junto a Tortosa (Tarragona).

La empresa reconoce sin ambages que esta clase de trabajos suelen provocar temblores de intensidad leve en todos los países donde se llevan a cabo. Actividades industriales como la inyección o extracción de gases, petróleo o residuos químicos, o el llenado de embalses, suelen generar temblores de diferentes intensidades, en ocasiones graves y destructivos, en muchas partes del mundo.

El conflicto del Castor ha llegado incluso al Congreso de los Diputados, ante el que compareció esta semana el ministro de Industria, José Manuel Soria, que visitó el pasado martes la plataforma del proyecto, paralizada desde hace casi un mes y de manera indefinida. El ministro garantizó que continuará así mientras los expertos del IGME no establezcan de manera concluyente que los trabajos pueden reanudarse con “plena seguridad para la población”.

1.300 millones de euros

El proyecto Castor, considerado estratégico por las autoridades españolas y por el sector energético, se basa en el aprovechamiento de un antiguo yacimiento de petróleo explotado por Shell y agotado en los años 70, situado bajo el mar, a 1.750 metros de profundidad y a unos 22 kilómetros de la costa, para convertirlo en un almacén con capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, equivalentes al consumo medio de 50 días en toda España. El combustible es transportado desde la costa a través de un gasoducto de 30 kilómetros de longitud.

En el mismo se han invertido 1.300 millones de euros, que la empresa amenaza con reclamar como indemnización si Castor es paralizado definitivamente, dado que el proyecto fue licitado por el Gobierno. Tras encargar los informes pertinentes, un decreto del 16 de mayo de 2008, firmado por el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, otorgaba a Escal UGS la concesión de la explotación del almacenamiento subterráneo de gas natural por un periodo de 30 años.

El temblor más intenso fue de 4,2 grados, pero una falla cercana los podría causar de 6,7

Desde mediados de setiembre, y coincidiendo con una nueva fase de la operación de inyección de gas en el depósito desde una plataforma (que se había iniciado en abril), se registraron en la zona cientos de pequeños temblores que desataron la inquietud entre la población del sur de la provincia de Tarragona y el norte de la de Castellón.

El 16 de setiembre se paralizaron los trabajos, pese a que todavía no se había establecido de forma inequívoca la relación entre los mismos y los movimientos sísmicos. Pero el 1 de octubre se produjo un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter que provocó la alarma generalizada en las poblaciones costeras.

En España funcionan otros cuatro grandes depósitos subterráneos de gas. El de Serrablo, propiedad de Enagás, situado entre Jaca y Sabiñánigo (Huesca) ocupa un antiguo yacimiento de gas natural. Entró en funcionamiento en 1989 y tiene una capacidad de 1.100 millones de metros cúbicos. El de Gaviota, también en un antiguo yacimiento de gas, está frente a la costa de Bermeo (Vizcaya), y puede albergar 2.681 millones de metros cúbicos desde 1994.

El de Yela, en Brihuega (Guadalajara), a 2.300 metros de profundidad, se puso en marcha a finales de 2012 y caben en él 2.000 millones de metros cúbicos. Marismas, propiedad de Gas Natural Fenosa, de menores dimensiones, tiene una cabida de 61 millones de metros cúbicos. En todo el mundo existen 627 almacenamientos de este tipo.