La ampliación del aeropuerto de El Prat, un acuerdo fallido (de momento)

🎧 Escuchar reportaje

Tu navegador no permite reproducir este audio.

Aena lo tenía escrito en sus propios documentos: no veía “alternativa” a prolongar la pista sobre la laguna de La Ricarda. Lo publicó el jueves 9 de septiembre de 2021 en su página web, catorce documentos en seis apartados, el mismo día en que el acuerdo para ampliar el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat saltaba por los aires.

Cinco semanas antes, el 2 de agosto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, habían pactado esa ampliación en una reunión que no figuraba en la agenda oficial de ninguno de los dos gobiernos y de la que no quedó constancia en ningún documento.

Un acuerdo verbal de 1.700 millones de euros. Y una laguna de ochocientos metros de largo en medio.

El origen de la colisión entre los Ejecutivos catalán y español está en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Catalunya del 3 de septiembre. Allí Aena presentó el plan y allí se opusieron el alcalde de El Prat, Lluís Mijoler, y la teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. Seis días después, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió explicaciones a Aena sobre el impacto en la zona protegida. La respuesta de la ministra no se hizo esperar: ese mismo jueves daba por suspendida la ampliación del aeropuerto de El Prat.

Tampoco ayudó el anuncio que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, había hecho el día 7, cuando no descartó que algún miembro del Ejecutivo catalán participara en la manifestación prevista para el domingo 19 de septiembre. "No me sorprendería que alguien participara en la manifestación", afirmó Plaja, y recalcó que todos los miembros del Govern coincidían en que "la laguna de La Ricarda no se toca".

Ochocientos metros de agua: lo que hay dentro de La Ricarda

No es un paraje genérico ni una mancha verde en un plano. Es una finca privada de 135 hectáreas pegada al campo de vuelo, propiedad de la familia Bertrand, con varias edificaciones dentro, entre ellas la conocida Casa Gomis. Y en su interior, un estanque de unos 800 metros de largo por 100 de ancho, antigua desembocadura del río, donde el agua dulce y la salada se mezclan.

17 hábitats de interés comunitario, tres de ellos prioritarios para la conservación: las propias lagunas, los pinares de duna y los prados juncales salobres

Ese mosaico sostiene 17 hábitats de interés comunitario, tres de ellos prioritarios para la conservación: las propias lagunas, los pinares de duna y los prados juncales salobres. Dentro viven hasta 43 especies de aves recogidas en las directivas europeas, varias ardeidas y el chorlitejo patinegro, que según la entidad Depana ya casi no cría en la zona. También la espartina y la Kosteletzkya pentacarpos, ambas protegidas.

La protección no es reciente. El Decreto 226/1987 declaró reservas naturales parciales los sectores lagunares de la Ricarda-Ca l'Arana y del Remolar-Filipines. Y tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2012, el espacio quedó incluido en la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves y como Lugar de Importancia Comunitaria.

El plan de Aena afectaría 47 hectáreas de la finca: prolongar la tercera pista unos 500 metros hacia el este, sobre el estanque. Para el director del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el biólogo Joan Pino, lo que está en juego no se sustituye.

Tiene biodiversidad de elevado interés para la conservación de pequeñas reservas en un territorio muy humanizado

JOAN PINO, biólogo, director del CREAF

"Tiene biodiversidad de elevado interés para la conservación de pequeñas reservas en un territorio muy humanizado", declaró el investigador a eldiario.es el 9 de septiembre de 2021⁽¹⁾. Y resumió en una imagen lo que supone ir recortando piezas de un sistema así: "Es como ir sacándole tornillos a un avión". El catedrático de Ecología de la Universitat de Barcelona Narcís Prat describía en el mismo reportaje el deterioro ya consumado: el estanque se llenaba y conectaba con el mar dos o tres veces al año y ahora apenas cuatro en veinte años. Compensar esa pérdida con otras zonas agrícolas le parecía, literalmente, “absurdo”.

Del acuerdo verbal del 2 de agosto a los 1.700 millones de euros

Lo que se pactó aquel día en Madrid, al margen de las agendas oficiales, tenía nombres y cifras. Por el lado catalán, el vicepresident Jordi Puigneró; por el español, la ministra Raquel Sánchez, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Aena, Maurici Lucena. El pacto, según ElNacional.cat⁽²⁾, consistía en convertir Barcelona en aeropuerto intercontinental interconectado por alta velocidad con los de Girona y Reus.

Podemos decir que Catalunya tendrá un aeropuerto intercontinental e interconectado con dos aeropuertos como Reus y Girona

JORDI PUIGNERÓ, vicepresident de la Generalitat

"Podemos decir que Catalunya tendrá un aeropuerto intercontinental e interconectado con dos aeropuertos como Reus y Girona", lo resumió Puigneró. Y añadió una condición que resultaría decisiva: el proyecto solo tiraría adelante con el visto bueno ambiental de la Comisión Europea, y el objetivo era impacto cero en espacios protegidos como el estanque de La Ricarda.

La discrepancia que un mes más tarde haría estallar el pacto tiene nombre y siglas: el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2022-2026, que tenía destino al Consejo de Ministros y que proyectaba la ampliación del aeropuerto hacia el este, afectando a zonas de la Red Natura 2000 como La Ricarda.

Se establecía una inversión de 364,96 millones de euros en el quinquenio 2022-2026 y un total de 1.700 millones a diez años

Para ampliar las instalaciones aeroportuarias de la capital catalana, el texto era explícito. Se establecía una inversión de 364,96 millones de euros en el quinquenio 2022-2026 y un total de 1.700 millones a diez años; el propio DORA lo cifraba en 1.704 millones hasta 2030.

El detalle del reparto explica buena parte del enfado posterior. Según el desglose publicado por eldiario.es el 3 de septiembre⁽³⁾, en el primer quinquenio irían 108,4 millones a terminales, 92 a la prolongación de la pista, 46,4 a inversiones de soporte, 45,8 a seguridad y 25 a sostenibilidad ambiental. El grueso de la obra no empezaría hasta 2024 con la Terminal 1 y la terminal satélite TS1, y la pista no se tocaría hasta 2025. En la legislatura en curso se ejecutaría apenas el 5,6% del total.

En la rueda de prensa del 9 de septiembre, Pere Aragonès defendió retomar las inversiones en el aeropuerto pero sin afectar a La Ricarda, y pidió volver al acuerdo del 2 de agosto, en el que aseguraba que se establecía que la ampliación se concretaría en el plan director de los dos años siguientes y no en el DORA.

Catorce documentos: lo que Aena sabía y escribió

Aragonès insistió en que lo acordado era definir la ampliación en el plan director y que el DORA fuera genérico, sin concretarla. Lo dijo al ser preguntado por el anuncio del presidente de Aena de que publicaría toda la documentación técnica de las reuniones. La gestora sostiene que el 2 de agosto se alcanzó un acuerdo para avanzar en el proyecto e iniciar las inversiones en el próximo quinquenio, y que el plan del 3 de septiembre no se salía de lo pactado.

Estaba en la línea del acuerdo alcanzado y el Govern bendijo este acuerdo en los términos que estaba planteado

AENA, gestora aeroportuaria estatal

"Estaba en la línea del acuerdo alcanzado y el Govern bendijo este acuerdo en los términos que estaba planteado", afirma Aena. Dicho y hecho: el mismo jueves de la discordia publicó en su página web toda la documentación del proyecto, catorce documentos repartidos en seis apartados⁽⁴⁾, donde se puede consultar el análisis inicial de alternativas o las reuniones mantenidas con instituciones, colegios profesionales y asociaciones.

En esa documentación la empresa pública ya manifestaba que "no veían alternativa" para la ampliación⁽⁵⁾ que no fuera alargar la pista por el estanque de La Ricarda, que es la de menos ruido para las zonas habitadas vecinas a la infraestructura.

Aena añade que durante las mesas técnicas se pudo hablar abiertamente de ese impacto y de las medidas compensatorias, que requieren la autorización de la Comisión Europea al afectar a una zona de la Red Natura 2000.

No es un trámite menor. La consellera catalana de Acció Climàtica, Teresa Jordà, había escrito al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y la respuesta fue que el proyecto debe cumplir todos los requisitos legales de la Unión y que antes han de resolverse las carencias de protección del Delta del Llobregat, sobre el que Bruselas mantiene abiertos dos procedimientos de infracción.

Semanas antes de todo esto, el Síndic de Greuges ya había abierto una actuación de oficio. En un informe del 28 de julio de 2021⁽⁶⁾ pidió a Aena, al departamento catalán competente y al Ayuntamiento de El Prat información sobre el proyecto, propuso una comisión de expertos nombrada por administraciones y sociedad civil con "tiempo suficiente para poder efectuar sus trabajos sin condicionamientos externos" y se ofreció como mediador.

El Síndic de Greuges reclamó que se evaluara la alternativa cero, es decir, la opción de no ampliar

Pero su petición de fondo era otra. El Síndic de Greuges reclamó que se evaluara la alternativa cero, es decir, la opción de no ampliar. Pidió además un análisis cuidadoso de la documentación de emisiones y el reconocimiento de los valores naturales singulares de las zonas afectadas. Sus propuestas no eran vinculantes.

Once millones de toneladas: el daño que no se ve

Hay una contabilidad que no aparece en el DORA. Según un informe de Barcelona Regional de junio de 2021⁽⁷⁾, el aeropuerto y su entorno generaron en 2019 unos 8,4 millones de toneladas de CO2, con 52,6 millones de viajeros.

Llevar la capacidad a 70 millones de pasajeros elevaría las emisiones un 33%, unos 2,8 millones de toneladas más al año

Llevar la capacidad a 70 millones de pasajeros elevaría las emisiones un 33%, unos 2,8 millones de toneladas más al año, hasta rondar los 11,2 millones de toneladas anuales. Es el precio climático del proyecto, medido por la agencia metropolitana de planificación y no por sus detractores.

Y hay un daño que no se mide en toneladas. Investigadores del CREAF advirtieron de que la pérdida de humedal puede agravar la salinización del acuífero y comprometer el abastecimiento de agua potable, industrial y agrícola. Y de que humedales como La Ricarda absorben las avenidas, de modo que, con el cambio climático, el propio aeropuerto podría volverse inundable y dejar de poder estar donde está.

Para la ONG Ecologistas en Acción, contraria a la ampliación, la suspensión de la inversión es "un movimiento táctico" y ven imperativo seguir luchando para defender el Delta del Llobregat.

Las entidades Depana y SEO/BirdLife valoran positivamente la paralización y han insistido en que la ampliación es "insostenible" porque agudizaría la situación para la conservación del espacio natural protegido. Señalan que "ninguna presión política tendría que poner en peligro la conservación del espacio protegido del delta" y destacan el apoyo social recibido.

La organización ecologista Greenpeace considera que "el Gobierno cede a la presión de las entidades ecologistas, vecinales y sociales agrupadas en la Plataforma ZeroPort" y va más lejos con las dos administraciones.

Los planes de Aena chocaban frontalmente con los objetivos climáticos de Catalunya y demostraban la falta de compromiso con el clima y el medioambiente

GREENPEACE, organización ecologista

"Los planes de Aena chocaban frontalmente con los objetivos climáticos de Catalunya y demostraban la falta de compromiso con el clima y el medioambiente de ambas administraciones", sostienen desde la entidad. El señalamiento alcanza, por igual, al Gobierno que suspendió el proyecto y al Govern que lo había bendecido.

Prorrogarse o ratificarse: el pulso entre dos gobiernos

Sobre la posibilidad de prorrogar un año la negociación con la Generalitat, la ministra de Transportes fue clara en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 el lunes 13 de septiembre.

No creo que la solución sea tanto prorrogarse, sino que la Generalitat dé el visto bueno y se ratifique en el acuerdo

RAQUEL SÁNCHEZ, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

"No creo que la solución sea tanto prorrogarse, sino que la Generalitat dé el visto bueno y se ratifique en el acuerdo al que llegó el día 2 de agosto", dijo Raquel Sánchez. Aragonès le contestó: "Esto no se puede resolver a través de declaraciones a los medios de comunicación. Hemos visto cómo el Gobierno del Estado nos notificaba a través de los medios que suspendían el proyecto, hemos visto detalles que ya venían predeterminados".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ese mismo lunes la decisión de suspender la ampliación "hasta que el Govern de la Generalitat madure su posición". Y fue diáfano sobre la condición que, a su juicio, faltaba.

Lo mínimo que se exige es que haya un mínimo consenso institucional. Si no lo hay, lo que tenemos que hacer es aparcarlo

PEDRO SÁNCHEZ, presidente del Gobierno

"Lo mínimo que se exige es que haya un mínimo consenso institucional. Si no lo hay, lo que tenemos que hacer es aparcarlo y eso es lo que ha hecho el Gobierno de España", declaró. Sánchez recordó otros proyectos puestos en marcha en Catalunya, como levantar los peajes, apostar por las Cercanías o el eje del Corredor Mediterráneo.

El martes 14 de septiembre, Raquel Sánchez replicó en el Senado al portavoz de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, y acusó a la Generalitat de romper el acuerdo de forma "unilateral". La ministra destacó que la inversión de 1.700 millones generaría 365.000 empleos totales y una contribución de casi el 9% del PIB de Catalunya, frente a los 220.000 puestos y el 6,8% del PIB que, según sus cifras, aportaba ya el aeropuerto en 2018. El Gobierno había cifrado el 2 de agosto en 83.000 los empleos directos del proyecto.

Y sostuvo que la ampliación habría contribuido a un nuevo espacio natural del Delta del Llobregat, con una superficie protegida de más de 1.100 hectáreas: un 25% más que las 923 protegidas entonces.

Mientras el pulso se jugaba en los micrófonos, la actividad aeroportuaria recuperaba terreno. En agosto de 2021 los aeropuertos de la red de Aena registraron 18.011.330 pasajeros y 189.070 movimientos de aeronaves, más del 60% del tráfico del mismo mes de 2019, después del parón de la pandemia del coronavirus. En lo que iba de año se había recobrado el 32,2% del tráfico de 2019.

Por número de operaciones, el aeropuerto con más movimientos en agosto fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 23.371 y un retroceso del 37,1% respecto al mismo mes de 2019, seguido de Palma de Mallorca, con 23.243 (-19,3%), y de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 21.857 (-33,1%). Por pasajeros, en cambio, El Prat fue el segundo de todo el Estado ese mes, con 2.853.548 viajeros (-47,3%), por delante de Palma (2.651.100) y por detrás de Barajas (2.971.070), según Aena⁽⁸⁾.

La lista de operaciones continúa con los aeropuertos de Málaga Costa del Sol, con 13.033 (-16,7%); Ibiza, con 12.160 (-0,8%); Gran Canaria, con 8.699 (-18%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 7.828 (-27,2%); Valencia, con 6.645 (-10,3%); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 5.947 (-12,4%), y Menorca, con 5.247 (-5,3%).

A favor y en contra: dos economías sobre el mismo delta

Son varios los actores de la sociedad catalana que mostraron su malestar por la suspensión. En un comunicado del domingo 12 de septiembre, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, instaba a la Generalitat y al Gobierno central a alcanzar un acuerdo, y pedía que se sumaran a la iniciativa los sindicatos CC OO y UGT.

Aún es posible, debe ser una realidad, en ningún momento tiramos la toalla

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE, presidente de Foment del Treball

Reclamaba diálogo y negociación: "Aún es posible, debe ser una realidad, en ningún momento tiramos la toalla". Además, explicó que estaba contactando con las entidades promotoras del acto Sí a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, celebrado el 2 de junio en la escuela de negocios Esade, para "pedir su capacidad y que desplieguen toda la presión necesaria para enderezar la situación".

Por otro lado, la Associació Catalana de l'Empresa Familiar (Ascef), que reúne a más de cien empresas catalanas, advirtió de las consecuencias de no ampliar y mostró su preocupación por un "posible decrecimiento" del mundo empresarial en Catalunya. Para su presidente, Amadeu Jori, por no disponer de un hub internacional los empresarios "llevan mucho tiempo perdiendo oportunidades competitivas que aprovecha la Comunidad de Madrid".

Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el primer teniente de alcalde y líder del PSC en la ciudad, Jaume Collboni, para quien la suspensión de la inversión es una "muy mala noticia", retó a los contrarios a la ampliación a que propongan "alternativas" para generar los 80.000 empleos que a su juicio supondría el proyecto de Aena.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ironizó ese lunes sobre las salidas técnicas: no se puede hacer una pista “curva”, ni “subterránea”, ni “sobre el mar”, y si se quiere llevar a cabo la inversión se va a tener que afectar el estanque de La Ricarda. Iceta lamentó también los puntos de vista diferentes dentro del Gobierno de coalición, en referencia a Podemos y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En la orilla opuesta, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acompañó y se fotografió con la propia Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, en una visita a La Ricarda, y celebró que el Gobierno hubiera parado “el desastre” que cree que atenta contra los derechos humanos, la prosperidad y las oportunidades que la sociedad necesita.

Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía

ADA COLAU, alcaldesa de Barcelona

"Hoy estamos contentas porque el sentido común se impone. Lo que hoy celebramos es una victoria de la ciudadanía que hace mucho tiempo que dice que hay que hacer cambios", declaró Colau, que insiste en que la propuesta de Aena era "contraria a las acciones que se deben emprender ahora mismo para luchar contra la emergencia climática y para construir la nueva economía sostenible que genere empleo a la vez que protege el planeta y la vida".

Ecologistas en Acción persistió en manifestarse el domingo 19 de septiembre: "Las entidades organizadoras de la concentración del 19S consideramos que la ciudadanía organizada ha dado un paso muy importante en esta lucha, que todavía no se ha ganado, por eso reafirmamos el llamamiento a la convocatoria para decir no a las ampliaciones". A la convocatoria se sumaron más de 300 entidades sociales y ambientales contrarias a la tercera pista en espacios protegidos⁽⁹⁾. Las protestas estaban previstas en Barcelona y también en Madrid y Palma de Mallorca, afectados por ampliaciones en sendos aeropuertos.

El fin de semana inmediato al anuncio de la suspensión, y tras escasas horas de saberse la afectación de la tercera pista a La Ricarda, una persona atiende al público en el Servicio de Información y Promoción Turística del Prat de Llobregat, a escasos metros del estanque. Explica a EcoAvant.com que "este fin de semana está siendo una locura y se nota que ha salido en los medios de comunicación la noticia de La Ricarda". Y añade: "es un no parar, si antes atendíamos a 10 personas en una hora, ahora las atendemos cada 10 minutos".

El interés por el delta viene de lejos. Entre marzo y junio de 2019, el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) llevó a cabo una investigación sobre la percepción⁽¹⁰⁾ que residentes y visitantes tenían del impacto de los planes de expansión aeroportuaria en el espacio protegido del delta. El trabajo se publicó en Environmental Science and Policy⁽¹¹⁾.

En él se recogía que el entorno natural único y bien cuidado del delta es importante o muy importante para el 100% de los residentes y para el 98,8% de los visitantes que respondieron a la encuesta.

La investigadora que lideró el estudio, Sonia Graham, destacaba "el grado de acuerdo entre vecinos y visitantes sobre la importancia de los valores naturales del Delta del Llobregat. Aunque el aeropuerto está cerca, la gente valora poder acceder a un espacio natural protegido tan cerca de Barcelona". La autora principal del artículo, Beatrice Meo, añadía que "alrededor del 90% de los encuestados se mostró muy o bastante preocupado por los impactos del cambio climático en el Delta del Llobregat. Más del 60% cree que ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático ahora".

Graham recuerda que durante las entrevistas "un residente de Barcelona ya expresó entonces que no le gustaría que el aeropuerto se hiciera más grande y tuviera un impacto en el área. Manifestó que la afectación del área de playa por una posible ampliación sería un golpe horrible, muy duro".

Dos años después de aquellas entrevistas, el golpe quedó aparcado. No anulado: aparcado, a la espera de que la Generalitat "madure su posición" y de que alguien decida si el estanque de La Ricarda es un obstáculo o es, como escribió Aena sin pretenderlo, la única alternativa que no existía.

Ochocientos metros de largo. Cien de ancho. Y un acuerdo de 1.700 millones de euros que nadie puso por escrito.