La caza furtiva sigue siendo un problema de conservación para algunas especies amenazadas en la región mediterránea. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València (UV) y del centro de recuperación de fauna salvaje La Granja de la Generalitat, tras analizar los ingresos por disparo de aves no cinegéticas en los centros de recuperación de fauna salvaje de la Comunitat Valenciana entre 1991 y 2015.

Este trabajo, publicado en Ardeola, la revista científica de SEO/BirdLife, revela que 2.076 aves no cinegéticas de 101 especies ingresaron de 1991 a 2015 por esta causa en los centros de recuperación valencianos, con las aves rapaces como el grupo más afectado, hasta sumar un 74% del total de registros.

De esas 2.076 aves, 112 ejemplares pertenecían a 17 especies amenazadas, 44 de ellas correspondientes a especies catalogadas como en peligro de extinción en las listas nacional y regional de especies amenazadas, detalla la organización ecologista en un comunicado.

Se trata de 33 aguiluchos laguneros, dos malvasías cabeciblancas (especie también clasificada como en peligro por la UICN), cuatro cercetas pardillas, tres milanos reales, un avetoro y una focha moruna.

Problema con el control y vigilancia

 

A esto se suma que 32 de esas 44 aves fueron encontradas en cuatro humedales protegidos, lo que evidencia un problema con el control y vigilancia de la caza ilegal en estos espacios: el Prat de Cabanes-Torreblanca (Castellón), l'Albufera de València, el marjal de Pego (Alicante)-Oliva (Valencia) y El Hondo de Elche (Alicante).

Pero ingresar en un hospital de fauna, a pesar de los grandes esfuerzos que los veterinarios realizan por salvarles la vida, no siempre significa su recuperación y regreso a la naturaleza, pues muchos casos son irrecuperables. Del total de aves no cinegéticas ingresadas por disparo en los centros de recuperación, menos de una cuarta parte pudo ser rehabilitada y finalmente devuelta de nuevo al medio natural.

Los investigadores destacan que a lo largo del periodo de estudio se registraron episodios de caza ilegal durante todos los meses del año, aunque los máximos tuvieron lugar en la temporada cinegética oficial. También constataron ingresos por disparo de especies protegidas, con una disminución en los últimos años en paralelo al descenso en el número de licencias de caza expedidas en la Comunitat.

En general, los resultados muestran que las aves protegidas siguen siendo objeto de caza ilegal pese a la legislación conservacionista en vigor, lo que puede suponer un grave problema de conservación para algunas especies amenazadas. "Urge actuar para mitigar esta actividad ilegal en las áreas conflictivas", advierte el equipo.

100.000 y 400.000 aves cazadas ilegalmente cada año

 

Aunque los disparos "no son el mayor problema de conservación", para las poblaciones de especies protegidas sí podrían representar un problema para aves rapaces amenazadas como el águila perdicera (27 ejemplares ingresados en los centros de recuperación), catalogada como vulnerable a nivel nacional y con las dos terceras partes de su población ubicada en España.

A nivel nacional, pese a que la legislación relativa a la protección de las aves lleva implementada décadas, estudios internacionales estiman que entre 100.000 y 400.000 aves son cazadas ilegalmente cada año. La caza ilegal se cuenta entre los problemas de conservación más relevantes para especies tan amenazadas como el avetoro o el águila perdicera.

No en vano, el 52% de las admisiones en los centros de recuperación valencianos analizados en el estudio correspondió a cuatro aves rapaces: 483 cernícalos vulgares, 320 gavilanes comunes, 184 busardos ratoneros y 103 búhos reales, "especies de imposible confusión, de las cuales ningún cazador dudaría de su protección".