Un juzgado de Palma investiga las posibles responsabilidades penales por la contaminación que producen en el acuífero de Son Reus las filtraciones del mayor vertedero de Mallorca (Islas Baleares) ubicado en su superficie, que acumuló entre 1975 y 2008, 4,7 millones de toneladas de residuos.

Así lo han confirmado fuentes próximas al caso, en el que ha intervenido la Fiscalía de Medio Ambiente y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que ha elaborado diversos informes.

Según ha indicado el regidor de Medio Ambiente de Palma y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, la investigación parte de un informe de unas 600 páginas elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con cuyas conclusiones la empresa pública no está conforme, ha dicho.

 

Substancias muy tóxicas para la salud

 

En el estudio elaborado por IGME se constata la presencia de numerosas sustancias químicas perjudiciales para la salud en las aguas subterráneas de Son Reus. Se han detectado once metales pesados que superan los límites establecidos por la normativa de aguas para el consumo humano. Concentraciones por encima del nivel legal de aluminio, arsénico, barrio, cadmio, cobre, hierro, mercurio, manganeso, níquel, plomo y zinc.

Los análisis se realizaron entre 2015 y 2019 en una red de 36 pozos excavados sobre el acuífero de Son Reus. 505 pozos se hallan aguas abajo del vertedero que, de los cuales  unos 190 se usan para regadío de cultivos y otros 180 para consumo doméstico. Según el informe del IGME, es el foco de contaminación del acuífero.

La investigación se habría iniciado coincidiendo con las actuaciones en la causa por los vertidos de aguas fecales sin depurar a la bahía de Palma, en ella también se investiga a Emaya.

Actualmente no hay ningún cargo municipal imputado por esta concreta investigación, ni tampoco Emaya aparece como investigada.

 

Estudio concluye que sí hay contaminación del acuífero

 

En una rueda de prensa, el regidor de Medio Ambiente de Palma ha informado de que el vertedero daba originalmente servicio a Palma y a partir de los años 90 comenzó a dar servicio a toda la Isla, hasta que en 2008 se clausuró. Según el regidor, se llevaron a cabo "toda una serie de infraestructuras", de las que se encarga Emaya, para velar por el mantenimiento del lugar.

El concejal ha apuntado que la ley exige realizar analíticas cada seis meses pero que Emaya, "por precaución", las hace cada tres meses. Según Perpinyà, todas las analíticas "salen correctas" y "no se ha encontrado ninguna que incumpla las normativas vigentes".

Emaya encargó al IGME este estudio, algo más detallado, cuya respuesta llega en 2019, que sí concluye que hay contaminación del acuífero. "No estamos conformes con las conclusiones", ha incidido, considerando que son "contradictorias".