El Gobierno ha aprobado este lunes en Consejo de Ministros un real decreto ley para responder a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, con la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica.
El objetivo es amortiguar el impacto de la volatilidad energética sobre precios, hogares y sectores productivos.
Rebaja a los carburantes
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo mantiene parte del escudo para hogares y empresas ante el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque en línea con el proceso de desescalada del conflicto.
Cuerpo ha señalado que las medidas desplegadas desde marzo han permitido amortiguar el impacto de la guerra sobre los precios. Sin embargo, el Gobierno ha decidido extender algunos puntos del escudo porque, aunque la incertidumbre se ha reducido, persiste la volatilidad en los mercados energéticos.
El titular de Economía ha advertido de que los precios de la energía seguirán por encima de los niveles previos a la guerra durante un tiempo. En este contexto, el Ejecutivo ha mantenido el alivio al coste de la gasolina y del gasoil para los hogares, aunque lo irá adaptando a la normalización de los mercados internacionales del crudo.
La reducción del impuesto especial a hidrocarburos supondrá una rebaja de 15 céntimos por litro en julio, de 10 céntimos en agosto y de 5 céntimos en septiembre. En cambio, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incorporado en el primer paquete de medidas anticrisis, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.
Cláusula de reactivación
El Gobierno ha incluido una cláusula automática para recuperar el apoyo de 20 céntimos por litro si el conflicto se recrudece y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse. Según ha precisado Cuerpo, si los precios vuelven a subir con fuerza, la ayuda para los hogares aumentaría directamente hasta ese nivel.
La cláusula de reactivación afectará al gasóleo, la gasolina, el gas y la electricidad. El Ejecutivo revisará cada mes la evolución de estos precios con respecto al IPC del año anterior y, si se detectan variaciones por encima del 15%, se activarán nuevamente reducciones para electricidad y gas en función de ese resultado.
Para los profesionales, el real decreto ley mantiene el descuento equivalente a 20 céntimos por litro en los carburantes para el sector primario y el sector del transporte. Además, en el caso de la agricultura, el Gobierno añade 165 millones de euros en ayudas para la compra de fertilizantes a los 500 millones que ya estaban disponibles.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que la CNMC pondrá en marcha un sistema de seguimiento de los márgenes brutos de todas las estaciones de servicio. El objetivo es identificar comportamientos anómalos en el mercado de carburantes.
Aagesen ha explicado que se publicará la lista de aquellas estaciones de servicio que presenten un comportamiento anómalo y que los consumidores podrán presentar reclamaciones ante cualquier práctica irregular. Según los datos recabados hasta ahora, se han detectado comportamientos anómalos en 52 estaciones de servicio.
Impuesto eléctrico hasta 2028
En materia de fiscalidad energética, Cuerpo ha anunciado la eliminación estructural progresiva del impuesto sobre la producción de energía eléctrica. El impuesto tenía en 2026 un tipo del 7%, pero en los dos trimestres restantes pasará a situarse en el entorno del 5%.
La senda planteada por el Ejecutivo prevé que el tipo baje en 2027 hasta el entorno del 3,5% y que en 2028 desaparezca. Cuerpo ha defendido que esta decisión lanza una señal estructural de desaparición del impuesto, reclamada por los sectores afectados, y ha reconocido que se trata de una medida con un coste presupuestario relevante.
El ministro ha señalado que el Gobierno considera que este es el momento adecuado para reforzar la electrificación de la economía. Aagesen, por su parte, ha explicado que la eliminación gradual en 18 meses contribuirá a abaratar de forma estructural la factura de los hogares, los sectores productivos y la industria.
La vicepresidenta tercera ha subrayado que, aunque en el pasado se habían aplicado medidas transitorias de reducción, suspensiones temporales o minoraciones, ahora se establece por primera vez una senda clara hasta 2028. Según ha indicado, la eliminación estructural del 7% puede tener un impacto directo en la reducción de la factura de todos los consumidores, con un efecto que puede llegar hasta el 6%.
El Gobierno también vincula esta eliminación con el despliegue de las energías renovables y con la competitividad de los sectores electrointensivos. Aagesen ha señalado que la medida puede favorecer nuevas inversiones en proyectos de hidrógeno renovable y de descarbonización industrial mediante la electrificación.
Según los cálculos trasladados al Gobierno por la industria, la eliminación del impuesto podría aumentar la producción industrial en 2.600 millones de euros anuales y generar unos 3.700 empleos. El Ejecutivo defiende que esta mejora de competitividad puede reforzar la llegada de inversiones a sectores intensivos en consumo eléctrico.
El real decreto ley también prorroga las condiciones aplicables a las empresas beneficiarias de las ayudas. Entre ellas se mantiene la exigencia de contar con un Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despedir por causas derivadas del conflicto a las compañías que reciban ayudas vinculadas a la guerra.
Otra de las medidas incluidas es la flexibilización para el despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fuentes de Economía han señalado que se permitirá realizar inversiones más allá de la fecha límite de finales de agosto en aquellos hitos que estén cumplidos pero cuyas inversiones aún no se hayan completado.
El Ejecutivo recuerda que el primer real decreto ley aprobado el 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social desplegado por el Gobierno. Ese paquete incluye descuentos extraordinarios del bono social eléctrico del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.
También se mantiene el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos –agua y energía– a hogares vulnerables. El Gobierno encuadra estas medidas dentro del escudo social asociado a la respuesta frente a las consecuencias económicas del conflicto.
En total, las nuevas medidas, con tres meses de vigencia, supondrán un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en términos presupuestarios para 2026. A esa cifra se añaden 2.700 millones de euros por el descenso de recaudación previsto en 2027 y 2028 como consecuencia de la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción eléctrica.
El decreto incluye además medidas estructurales para acelerar la implantación de generación renovable y la producción de biogás con el máximo retorno socioeconómico para los territorios próximos a las instalaciones y con el mínimo impacto ambiental. Para ello, se habilita al Organismo Nacional de Normalización (UNE) a desarrollar normas técnicas sobre el sello de excelencia social, territorial y ambiental, que permitirá una tramitación preferente a los mejores proyectos.
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