El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial ha aprobado la Recomendación General 40, un documento hecho público este lunes en Ginebra que sostiene que los daños de la trata de africanos esclavizados y de la esclavitud basada en criterios raciales persisten hoy en forma de discriminación sistémica y desigualdad estructural.
El texto va un paso más allá que los pronunciamientos anteriores del órgano: sostiene que negar una justicia reparadora efectiva constituye en sí misma una forma específica de discriminación racial, contraria al artículo 2 de la Convención. La publicación coincidió con el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes.
Con ello, el Comité desplaza el debate de las reparaciones desde el terreno de la responsabilidad moral histórica al de las obligaciones jurídicas en vigor que los Estados asumieron al ratificar el tratado.
Una obligación jurídica vigente
El Comité aborda de frente la objeción habitual de los Estados: que los hechos son anteriores a la Convención. Su respuesta es que el paso del tiempo no puede entenderse como un impedimento para reconocer aquellas injusticias ni para adoptar medidas de reparación y rendición de cuentas.
Con independencia de la calificación jurídica que merezcan los hechos originales, añade, los Estados siguen vinculados por sus obligaciones actuales de eliminar la discriminación racial y de corregir las desigualdades estructurales ligadas al colonialismo y a la esclavitud.
“La eliminación de la discriminación racial no puede ser efectiva, completa ni sostenible sin un compromiso pleno para examinar y reparar los daños y consecuencias persistentes de la trata de africanos esclavizados y de la esclavitud basada en criterios raciales”, afirmaron los expertos en un comunicado.
El documento recomienda medidas de reparación integrales y de amplio alcance, que combinen instrumentos monetarios y no monetarios, incluidos los estructurales. El catálogo abarca la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.
Para que esas medidas resulten efectivas, el Comité reclama planes de acción nacionales con plazos definidos, elaborados en consulta con las personas afrodescendientes y con los comités encargados de las reparaciones.
Va más lejos y exige la participación plena y efectiva de las personas afrodescendientes y de las comunidades afectadas tanto en la elaboración de las políticas como en el diseño y la aplicación de las medidas reparadoras.
El órgano pide además derogar o revisar las leyes y políticas internas que perpetúan el racismo, las jerarquías raciales o la discriminación, así como las que obstaculizan la propia justicia reparadora, y reclama cambios de carácter transformador en instituciones y normas.
El objetivo declarado de las reparaciones es desmantelar la dominación y el sometimiento jerárquicos basados en la raza dentro de todas las instituciones y entre ellas. Los reconocimientos y las disculpas, advierte el Comité, deben ir acompañados de medidas concretas y no pueden sustituirlas.
Bancos, iglesias y universidades implicados
Una de las novedades del documento es que se dirige de forma expresa a los actores privados y no estatales. Cita organizaciones religiosas, universidades, empresas, bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras.
La responsabilidad no se limita a quienes organizaron el comercio de personas esclavizadas: alcanza por igual a las entidades que participaron en él, lo facilitaron o se lucraron con la esclavitud racializada o con prácticas coloniales asociadas.
El Comité pide a los Estados que garanticen la contribución efectiva de esos actores a la justicia reparadora mediante el reconocimiento de su papel histórico, la apertura de los archivos pertinentes y aportaciones acordes a su grado de implicación y a los beneficios obtenidos.
El documento vincula esa responsabilidad con el origen de la riqueza acumulada: siglos de trabajo robado que generaron un patrimonio multiplicado a lo largo de generaciones y una desigualdad material extrema entre quienes se beneficiaron de la esclavitud y quienes la sufrieron.
Educación, memoria y desigualdad
El Comité sostiene que el racismo antinegro, creado para sostener el sistema esclavista, ha perdurado mucho después de la abolición y que sus legados siguen modelando leyes, políticas e instituciones contemporáneas.
Señala en concreto la violencia racializada, los estereotipos y las barreras estructurales que siguen limitando el rendimiento educativo, la movilidad económica, los resultados en salud y la seguridad ambiental, con disparidades que se transmiten entre generaciones.
Esos daños intergeneracionales –psicosociales, sanitarios y económicos– se han visto reforzados por políticas que perpetúan el racismo contra las personas negras, de modo que la discriminación no solo sobrevive al tiempo transcurrido, sino que encuentra apoyo en decisiones actuales.
Junto a las compensaciones, el texto sitúa en el centro la educación y la memoria. Reclama una enseñanza rigurosa de estas injusticias históricas y de sus secuelas, y el combate contra la desinformación y las ideologías de superioridad racial.
Pide asimismo que los espacios públicos y los actos de memoria reconozcan tanto las atrocidades cometidas como las contribuciones de las personas afrodescendientes a las sociedades en las que viven.
Las recomendaciones generales son el instrumento con el que el Comité orienta a los Estados sobre cómo interpretar y aplicar la Convención, ratificada hasta la fecha por 182 Estados parte.
El órgano está integrado por 18 expertos independientes en derechos humanos, que actúan a título personal y no como representantes de sus países, elegidos por periodos de cuatro años. Su tarea principal es examinar los informes periódicos que presentan los Estados sobre las medidas adoptadas contra el racismo.
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