Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), publicado recientemente en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) (1), concluye que la condición de inmigrante no explica por sí sola los niveles de delincuencia en España. La investigación, basada en más de 5,5 millones de delitos con condena firme registrados entre 2007 y 2023, atribuye buena parte de las diferencias observadas a la edad, el sexo y otros factores socioeconómicos.
La edad y el sexo
La investigación parte de una diferencia habitual en las estadísticas: la población extranjera presenta, en términos generales, tasas delictivas superiores a las de la población española. Sin embargo, esta comparación cambia de forma considerable cuando se tienen en cuenta las características demográficas de ambos grupos.
La criminalidad está estrechamente relacionada con la edad y el sexo, ya que sus índices son más elevados entre los hombres y entre las personas jóvenes
El autor del estudio, Jesús Javier Sánchez Barricarte, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UC3M, explica que la criminalidad está estrechamente relacionada con la edad y el sexo, ya que sus índices son más elevados entre los hombres y entre las personas jóvenes.
La población inmigrante concentra precisamente una mayor proporción de hombres jóvenes que la española. Por este motivo, el investigador considera imprescindible estandarizar las tasas antes de comparar poblaciones con estructuras demográficas diferentes.
Al aplicar esta corrección estadística, la diferencia entre españoles y extranjeros se reduce a la mitad. Según Sánchez Barricarte, este resultado muestra que una parte sustancial de la brecha observada inicialmente no está relacionada con la condición migratoria, sino con la diferente composición por edad y sexo.
El trabajo se enmarca además en un contexto de profunda transformación demográfica. España ha pasado de tener alrededor de un 2% de población nacida en el extranjero a finales del siglo XX a situarse cerca del 14% en 2025, mientras se ha extendido socialmente la percepción de que el aumento de la inmigración implica una mayor inseguridad.
Para comprobar hasta qué punto esa idea se refleja en los datos, Sánchez Barricarte analizó las estadísticas de adultos condenados del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a un periodo de 17 años. Su conclusión apunta a un fuerte contraste entre la percepción social y los resultados obtenidos.
Los factores socioeconómicos
La diferencia que permanece una vez ajustadas las tasas por edad y sexo tampoco se explica por la condición de inmigrante en sí misma, según la investigación. El análisis incorpora variables socioeconómicas y territoriales para determinar qué elementos están asociados de forma más consistente con la delincuencia.
Entre ellos aparece el grado de urbanización. Las tasas delictivas resultan superiores en las ciudades que en las áreas rurales para todos los grupos de población, mientras que una proporción mayor de inmigrantes reside en entornos urbanos.
También intervienen factores como el nivel medio de ingresos, el acceso a la vivienda y otras condiciones materiales. Una vez controladas estas variables, el estudio no encuentra una relación entre un porcentaje más elevado de población extranjera en una provincia y una mayor tasa de criminalidad.
La investigación detecta, además, una importante heterogeneidad entre nacionalidades, circunstancia que impide tratar a toda la población extranjera como un único grupo. Mientras algunas nacionalidades presentan índices elevados, otras se encuentran por debajo de los registrados entre la población española.
Los ciudadanos procedentes de los Balcanes presentan una tasa nueve veces superior a la española, los argelinos cinco veces mayor y los ecuatorianos tres veces superior. En cambio, los originarios de India, China, Filipinas o Pakistán muestran índices incluso inferiores.
Para Sánchez Barricarte, esa dispersión constituye otro indicio de que la inmigración no actúa como causa general de la delincuencia. Las diferencias estarían relacionadas, según la investigación, con las distintas condiciones socioeconómicas que afectan a cada colectivo.
El estudio advierte igualmente de una limitación relevante de las estadísticas oficiales: estas registran la nacionalidad de las personas condenadas, pero no indican necesariamente si residen en España.
Los delitos económicos –como el fraude financiero, la corrupción o la evasión fiscal–, cuya incidencia es mayor entre la población nativa
Este procedimiento puede atribuir a la población inmigrante residente delitos cometidos por turistas extranjeros o integrantes de redes internacionales de crimen organizado que no viven en el país. El investigador señala esta circunstancia como una de las razones que pueden contribuir a las altas tasas registradas entre ciudadanos procedentes de los Balcanes o Georgia.
A ello se suma que determinados delitos presentan niveles de infradetección o infranotificación diferentes. El estudio menciona los delitos económicos –como el fraude financiero, la corrupción o la evasión fiscal–, cuya incidencia es mayor entre la población nativa y que también pueden alterar la comparación global.
Irregularidad y seguridad
Entre 2017 y 2023, la proporción de extranjeros en situación irregular en España aumentó un 345%, mientras la tasa de criminalidad estandarizada correspondiente a extranjeros disminuyó un 2%
Los datos analizados tampoco respaldan una relación directa entre inmigración irregular y aumento de la delincuencia. Entre 2017 y 2023, la proporción de extranjeros en situación irregular en España aumentó un 345%, mientras la tasa de criminalidad estandarizada correspondiente a extranjeros disminuyó un 2%.
Según el autor, si la irregularidad migratoria generase por sí misma un incremento acusado de la delincuencia, ambos indicadores deberían evolucionar en la misma dirección. El análisis no encuentra esa relación durante el periodo estudiado.
La investigación no descarta, sin embargo, la existencia de problemas específicos que requieren políticas concretas. Detecta diferencias relevantes en ámbitos como los feminicidios y los delitos sexuales, que relaciona con determinados valores y actitudes hacia las mujeres y las minorías sexuales presentes en algunos países de origen.
El trabajo también diferencia la inmigración de fenómenos como el crimen organizado internacional, cuya dinámica no depende necesariamente de los flujos migratorios convencionales. Sánchez Barricarte subraya que algunas redes están formadas por personas que ni siquiera residen en España, por lo que restringir la inmigración no supondría acabar con este tipo de delincuencia.
Una distinción similar se aplica al terrorismo yihadista. El estudio señala que más de la mitad de las personas detenidas por esta causa entre 2004 y 2023 habían nacido en España, por lo que lo considera fundamentalmente un problema de seguridad y no exclusivamente migratorio.
El análisis tampoco encuentra evidencias que permitan asociar la religión musulmana con una mayor delincuencia. Entre los extranjeros originarios de países de mayoría musulmana existen tasas muy diferentes: son elevadas entre los procedentes de Argelia y Marruecos, pero inferiores a las españolas entre personas de Mali y Pakistán.
La conclusión del estudio es que los niveles delictivos están relacionados principalmente con factores estructurales como la edad, el sexo, la pobreza, la exclusión social, el lugar de residencia y el acceso al empleo y la vivienda
La conclusión del estudio es que los niveles delictivos están relacionados principalmente con factores estructurales como la edad, el sexo, la pobreza, la exclusión social, el lugar de residencia y el acceso al empleo y la vivienda.
A partir de estos resultados, Sánchez Barricarte defiende las políticas de integración y regularización como instrumentos capaces de contribuir a la seguridad. El acceso al mercado laboral formal mejora los ingresos y la estabilidad de las personas inmigrantes y aumenta, según explica, el coste personal y económico que supondría cometer un delito.
Las políticas de regularización pueden favorecer tanto la seguridad como la cohesión social, al actuar sobre algunas de las circunstancias socioeconómicas que sí aparecen vinculadas con la delincuencia
La investigación concluye así que las políticas de regularización pueden favorecer tanto la seguridad como la cohesión social, al actuar sobre algunas de las circunstancias socioeconómicas que sí aparecen vinculadas con la delincuencia.
Referencias
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