La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles en el Congreso que su departamento estudia una "fiscalidad medioambiental" que, en línea de las propuestas que se realizan desde la Comisión Europea, buscaría evitar "comportamientos agresivos con el medio ambiente".

"Estamos trabajando en una fiscalidad medioambiental, básicamente a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica. En ese tipo de fiscalidad, en el conjunto de Europa no se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas fundamentalmente eviten comportamientos que fueran agresivos con el medio ambiente", ha dicho, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso.

Antes, durante la sesión de control al Gobierno que celebra este miércoles la Cámara Baja, ha confirmado que el Gobierno aplicará impuestos sobre actividades y servicios no incluidos actualmente bajo el sistema fiscal, aunque aún no se ha adoptado ninguna decisión al respecto.

"Una fiscalidad propia del siglo XXI"

Así, ha subrayado que el Gobierno estará "en sintonía con la nueva fiscalidad que se plantea desde Europa y dando respuesta a una fiscalidad propia del siglo XXI, en materia tecnológica, medioambiental o de aquellas cuestiones que, hoy por hoy, la fiscalidad no recoge esa actividad o la gravación de esos servicios".

Ya fuera del Hemiciclo, Montero ha asegurado que el Gobierno ha planteado "el esquema básico" de este aumento de la presión fiscal, pero que aún considera "prematuro trasladar ninguna decisión", pues "todavía no se ha adoptado".

"Estamos en los preparatorios previos. No sé si alguien ha trasladado alguna decisión que no se corresponde con ninguna decisión que haya adoptado el Gobierno", ha subrayado la ministra, que ha dicho que su departamento estudiará las propuestas que le realicen los diferentes ministerios. "Hace apenas 20 días que estamos en el Gobierno y estamos revisando el conjunto de fiscalidad para adaptarla al siglo XXI", ha apostillado.

Según informa este miércoles el diario Expansión, el Gobierno contempla aumentar el impuesto especial que grava el gasóleo hasta igualarlo al de la gasolina, gravado con 40,25 céntimos por litro. Esto elevaría el diésel en unos 9,55 céntimos más por litro.