La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y los municipios implicados en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona (L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat y Sant Adrià del Besòs) presentarán una "cadena de recursos" al Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anula la ordenanza.

Lo han anunciado este miércoles la teniente de alcalde de Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, en rueda de prensa junto a la concejala de Movilidad, Laia Bonet, el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, y el director del Área de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Joan Maria Bigas.

 

Contra el sentido común y la legislación europea

 

Los representantes de las tres administraciones han comparecido tras mantener una segunda reunión este mismo miércoles por la mañana para abordar una respuesta conjunta a la decisión judicial, y después de haber celebrado un primer encuentro este martes por la tarde.

Por el momento, serán la Generalitat y el Ajuntament de Barcelona quienes presenten el recurso al Tribunal Supremo (tienen 30 días para hacerlo) y posteriormente lo harán los otros cuatro municipios, cuando reciban la sentencia.

Con esta decisión, las tres administraciones quieren demostrar "unidad de acción" para defender la ZBE, que aseguran que continúa vigente, y evitar que la sentencia sea firme porque consideran que va contra el sentido común y contra la legislación europea.

 

Sentencia "ideológica"

 

Sanz ha criticado que la sentencia "incorpora más elementos políticos e ideológicos que jurídicos", ve en ella graves incoherencias -ha dicho-, y ha asegurado que el fallo ha generado más unidad entre las administraciones para defender la ordenanza.

Ha afirmado que "ni Barcelona ni los ayuntamientos metropolitanos ni los vecinos se quedarán sin Zona de Bajas Emisiones" y ha sostenido que la continuarán defendiendo como una de las soluciones para garantizar el derecho a la salud.

Por su parte, Bonet, que ha recordado que la ZBE está avalada por todas las instancias, ha defendido la necesidad de "ir acompasando estas medidas" para que no tengan impacto en las personas con pocos recursos a la hora de hacer frente a las restricciones, y en ese sentido, considera que no es el momento de que vehículos con etiqueta amarilla (B) se incluyan en la ZBE.

 

La ZBE "no es una imposición"

 

Sanglas ha puesto en valor la ZBE como "herramienta útil y necesaria" para disminuir la contaminación y proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas y ha asegurado que desde la Generalitat continuarán trabajando en esta línea.

Ha defendido que esta ordenanza "no es una imposición" y que en ella se ha planteado la situación socioeconómica de las personas para que los ciudadanos puedan usar la ZBE sin perjudicarles de algún modo.

Sobre la sentencia, ha dicho que les preocupa que "algunos de los párrafos van en contra de lo que indican las autoridades europeas" y ha confiado en que este modelo de movilidad sostenible seguirá siendo avalado por las instancias europeas.