Colectivos ecologistas han defendido que el Plan Hidrológico del Tajo no supone "riesgo alguno" para el abastecimiento de agua en la Comunidad de Madrid y han considerado que el recurso anunciado contra él por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "no tiene fundamento jurídico ni técnico".

Instan al Gobierno regional "a atender a sus obligaciones en cuanto a depuración y mantenimiento del buen estado de las masas de agua" 

Así lo han manifestado desde ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Liberum Natura y Jarama Vivo a través de un comunicado, en el que han instado al Gobierno regional "a atender a sus obligaciones en cuanto a depuración y mantenimiento del buen estado de las masas de agua" en la región.

 

Las declaraciones de Ayuso

 

Desde estos colectivos han alertado de que las declaraciones de Ayuso, quien señaló que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba intentando "boicotear" a la Comunidad mediante este Plan, están "completamente alejadas de la realidad" y pueden provocar "una alarma social del todo injustificada".

"No pone trabas a los trasvases para el abastecimiento" sino que "establece una serie de procedimientos por los cuales los titulares de un trasvase tienen que proceder ante el órgano competente de la gestión del Dominio Público Hidráulico"

En concreto, han defendido que el Plan "no pone en riesgo el agua" sino que "garantiza el abastecimiento como así marca la legislación". "La demanda urbana de las poblaciones abastecidas por el Canal de Isabel II está situada en 510,3 hm3/año, mientras que las presas gestionadas por del Canal de Isabel II tienen un volumen de embalsamiento de 943,6 hm3/año. Es decir, el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid no está comprometido", han subrayado a continuación.

Además, han hecho hincapié en que este "no pone trabas a los trasvases para el abastecimiento" sino que "establece una serie de procedimientos por los cuales los titulares de un trasvase tienen que proceder ante el órgano competente de la gestión del Dominio Público Hidráulico".

Establece que el titular del derecho debe pedir una autorización mensual. Según han expuesto, "este trámite administrativo es común a todos los titulares de estos derechos y no únicamente aplicable al Canal de Isabel II". Además, han incidido en que "supone un trámite lógico y normal que un titular de un derecho de aprovechamiento tenga que solicitar autorización al órgano designado por la ley para la gestión del Dominio Público Hidráulico".

 

La planificación de las cuencas hidrográficas 

 

Asimismo, han asegurado que "no supone ningún obstáculo a la planificación", ya que "la Comunidad de Madrid no tiene ninguna potestad en cuanto a la planificación de las cuencas hidrográficas de su territorio" al tratarse de "una atribución que corresponde al Estado según la ley de aguas".

A los colectivos ecologistas les llama la atención también que la presidenta hable de que el Plan supone "un obstáculo a los requisitos de depuración", dado que "las depuradoras del Canal de Isabel II son los principales responsables de la contaminación de los ríos madrileños y del incumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua".

Lamentan que el Gobierno regional "esté utilizando los recursos de los madrileños y las madrileñas en recursos judiciales sin sentido y sin fundamento".

Por todo ello, los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Liberum Natura y Jarama Vivo lamentan que el Gobierno regional "esté utilizando los recursos de los madrileños y madrileñas en recursos judiciales sin sentido y sin fundamento".

Apuntan a que "los problemas del agua en la Comunidad están en la consecución de los objetivos del buen estado de las masas de agua, cuyo principal responsable de su contaminación es la insuficiente depuración procedente de las estaciones de depuración del Canal de Isabel II".