Ecologistas en Acción ha exigido que se demanden responsabilidades a los "verdaderos culpables" del "fiasco" de Valdecañas y ha criticado el "tremendo acoso mediático" que sufre por intentar que se cumpla la legalidad urbanística.

 

Descalificaciones por defender la legalidad urbanística

 

La organización ecologista ha expuesto en nota de prensa que está sufriendo un "tremendo aluvión de críticas y descalificaciones" desde todos los estamentos por hacer "lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas".

Así, ha apuntado que, como han ido demostrando las continuas sentencias, el proyecto era "ilegal desde el principio", ya que no se podía urbanizar en un espacio protegido, "declarado por la propia Junta de Extremadura, no por las organizaciones ecologistas" y "no era constitucional modificar la ley de suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior para justificar la urbanización".

"Sin embargo, nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política por este despropósito. Continuamente desvían la atención hacia la acción de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron este proceso judicial", ha recalcado en la nota de prensa.

 

Se ha cuestionado la utilidad de la Red Natura 2000

 

En esta línea, Ecologistas en Acción también ha apuntado que estos días se ha llegado incluso a "cuestionar" por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la "utilidad de la Red Natura 2000, volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores años del desarrollismo".

Además, según Ecologistas, el papel que ha jugado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) también es "reseñable", ya que, después de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la "nítida ilegalidad del mismo".

 

41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos

 

Aunque, no obstante, pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo "inalcanzable para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción".

Posteriormente, en junio de 2020, desde el mismo TSJEx se declaró la "imposibilidad material" de demoler "lo que años antes no impidieron que se construyera, incluso retorciendo las conclusiones del estudio que había hecho el CSIC y que concluía que la mejor opción para la recuperación del espacio natural era la demolición".

Por su parte, Ecologistas ha recalcado que la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra, como demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acción "en la que se advierte de esta situación".

Además, según se recoge en el apartado quinto de este documento, el propio director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura declara que las obras son "legales y que se pueden seguir sin ninguna limitación legal". "Nuevamente, la Junta apuntala un proceso ilegal y especulativo, sin que nadie asuma ninguna responsabilidad", ha añadido.

 

Se responsabiliza al ecologismo de la falta de empleo

 

También, como ha apuntado Ecologistas en Acción, se está "responsabilizando" al movimiento ecologista de la falta de empleo en la zona, ya que, mientras "se inflan las cifras de empleados en la urbanización, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio".

Pero estas "cifras engrosadas" sirven para hacer "demagogia" con la "falsa dialéctica de los empleos versus la protección del entorno" y, de paso, "se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona".

"La generación de los necesarios puestos de trabajo nunca puede basarse en incumplir la normativa urbanística y ambiental. De hecho, Ecologistas en Acción ha exigido a la Junta que abandone su estrategia de búsqueda de chivos expiatorios y que se ponga en serio a trabajar para mejorar la situación socioeconómica en los pueblos afectados", ha añadido.